Conflictos en Colcapirhua. Foto: Radio y Televisión Universitaria
La Defensoría del Pueblo, mediante un pronunciamiento, pidió que se investiguen los conflictos suscitados en Colcapirhua, Cochabamba, que dejaron dos personas fallecidas, varios civiles y policías heridos, además de personas aprehendidas. Pero, además, insta a las autoridades a fortalecer la gestión pública de la conflictividad.
«La Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a realizar una investigación célere, idónea, exhaustiva e imparcial, que determine las responsabilidades colectivas e individuales conforme a los más altos estándares de debida diligencia», señala el pronunciamiento.
El conflicto en Colcapirhua se originó por un bloqueo de 12 días en la entrada al vertedero de Cotapachi. Los locatarios pedían que se delimite los límites jurisdiccionales entre los municipios de Quillacollo y Colcapirhua, y el cierre o un cambio de administración del relleno sanitario.
Ante el bloqueo, la Policía intervino el 8 de diciembre, situación que derivó en enfrentamientos violentos donde se usaron explosivos, armas de fuego y agentes químicos. El resultado fue la muerte de dos comunarios y más de 14 heridos civiles y policías.
La institución defensorial recordó que estos sucesos vulneran el derecho a la vida y la integridad, y evidencia un deterioro de la convivencia democrática. En ese sentido, manifestó que es imprescindible que el Estado articule de manera inmediata las investigaciones sobre posibles responsabilidades institucionales y operativas, así como la identificación de responsable individuales por las consecuencias de estos hechos. «Un esclarecimiento oportuno es esencial para evitar la impunidad y recuperar la confianza ciudadana», acotaron desde la Defensoría.
Además, enfatizan que, como institución nacional de derechos humanos, la Defensoría realiza el seguimiento integral de la conflictividad y verifica el respeto a la dignidad humana, lo que incluye el acceso a atención médica de las personas heridas, el respeto del debido proceso para las personas aprehendidas y el acompañamiento a las investigaciones vinculadas con las personas fallecidas.
Toda la información recabada será sistematizada en un informe defensorial que será puesto en conocimiento de las autoridades y la población «para contribuir a la verdad, la justicia y la no repetición».
Finalmente, la Defensoría insta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer la gestión pública de la conflictividad mediante mecanismos permanentes de diálogo y atención temprana de las demandas sociales.
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