Comunarios de Viacha. Foto: ANF
En Viacha, La Paz, la reciente promulgación de una Ley Municipal que ordena la paralización de actividades mineras parece haberse quedado en el papel. A pesar de la normativa, 23 empresas continúan operando en la región sin que la Alcaldía, encabezada por Napoleón Yahuasi, aplique medidas efectivas para hacer cumplir la disposición.
«Él (alcalde Yahuasi) ha promulgado la ley, pero no tenemos un plan de qué es lo que va a hacer, cómo va a actuar a partir de ahora. Peor sería que diga que se va a reglamentar en seis meses y en seis meses ya él se va (deja su cargo). Entonces, va a dejar prácticamente seis meses que estas empresas continúen sus actividades y eso es lo que la población quiere evitar», expresó a Sumando Voces la asambleísta por La Paz, Samanta Coronada.
Indicó que no es suficiente aprobar una ley, pues si no se reglamenta y se aplica de inmediato, las empresas seguirán trabajando. Asimismo, subrayó que el Alcalde, tras la promulgación de la normativa, el lunes no se presentó a las instalaciones del Gobierno Municipal y hasta el momento no saben nada de él y de las acciones que debería realizar para frenar la actividad minera.
Ante la falta de atención por la contaminación minera, esta semana decenas de comunarios obligaron a los concejales a aprobar un proyecto de ley que declara al municipio de Viacha libre de minería. Asimismo, dispone la revocatoria de la licencia y desalojo inmediato de las empresas mineras que operan de forma legal e ilegal. La normativa fue promulgada por el Alcalde Yahuasi.
La legisladora departamental denunció que comunarios que se animaron a exigir el cumplimiento de la norma fueron amedrentados, incluso por trabajadores de las mismas mineras.
Al respecto, el Jiliri Mallku de la comunidad Seke Jahuira, Renán Peña, expresó que actualmente viven momentos tensos porque los intereses económicos de los mineros fueron afectados. «Es una situación muy tensa la que se vive en la comunidad. Lamentablemente el hecho de querer vivir en un ambiente sano ha hecho de que alguna manera nosotros seamos perseguidos, acosados, tal vez porque se ven afectados sus intereses de estos emprendimientos (mineros)», dijo Peña a la ANF.
La legisladora Coronado señaló además que el alcalde Yahuasi no ha sido visto en su despacho desde el lunes y se desconoce cuál es su plan de acción para hacer cumplir la norma. Mientras tanto, un sector afín a la autoridad municipal rechaza la ley ambiental y ha convocado a movilizaciones para enfrentar a las comunidades afectadas, que preparan para este viernes una marcha y un cabildo en defensa de su territorio.
El trasfondo del conflicto se agrava con la constatación de que varias mineras operan sin licencia ambiental o con permisos cuestionados. Pese a que la Secretaría de Derechos de la Madre Tierra recomendó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la revocación de varias autorizaciones, la cantidad de empresas en la zona creció de nueve en la pasada gestión a 23 este año, con nuevas licencias emitidas desde la Alcaldía, acotó Coronado.
La comunidad más golpeada es Seke Jahuira, convertida casi en un desierto por la contaminación. Los pastizales se han perdido, la ganadería está en riesgo y muchos habitantes han optado por migrar ante la falta de condiciones para sostener su vida y producción. Se reportan también malformaciones y muertes en el ganado, así como enfermedades en la población, como cáncer, aunque sin estudios oficiales que las confirmen.
Montículos de colas mineras a cielo abierto, con restos de cianuro y mercurio, y un olor nauseabundo en el agua evidencian el impacto ambiental. «El agua está contaminada… el suelo ya está contaminado, ya no pueden plantar nada. Lo que pasa es que en las fotografías que yo mostraba, si uno en entra a la comunidad de Seke Jahuira y va por esta área donde se encuentran las empresas mineras, el olor a mineral es intenso», explicó Coronado.
Este conflicto no es nuevo. Desde 2021, comunarios y autoridades originarias alertaron sobre la contaminación, sin que la Alcaldía de Viacha aplicara sanciones o clausuras. Ahora, la marcha y el cabildo buscan presionar para que se suspendan de inmediato las actividades mineras irregulares y se haga efectiva la ley aprobada.
“Las comunidades no están en contra de la minería responsable —aclaró la legisladora—, sino del daño ambiental y social que generan operaciones ilegales e irresponsables”.
Coronado pidió al municipio que actúe con firmeza: “Si las empresas no se han adecuado durante un año, no deberían seguir operando. La ley debe cumplirse y el primer paso es su reglamentación inmediata”.
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