El audio en el que presuntamente se escucha al exministro de justicia, Cesar Siles, instruir al juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, que destituya de su cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, ha abierto una especie de caja de pandora, que ha puesto al descubierto la manipulación de la justicia.
La falta de independencia del Órgano Judicial es un tema del que se viene hablando desde hace varios años y que aparece con insistencia en los informes de organismos internacionales, con las consabidas recomendaciones para que se haga una reforma integral que incluya la garantía de independencia y transparencia, sin embargo, hasta ahora no se habían conocido pruebas de un caso concreto.
Siles alegó que el audio fue “alterado” y su defensa argumentó que no se podía utilizar como prueba, sin embargo, fue imputado y la justicia dispuso su encarcelamiento por cinco meses, aunque permanece internado en una clínica.
El caso provocó una especie de efecto dominó porque existen al menos seis procesados, entre ellos el juez Fernando Lea Plaza (detenido); la exvocal Claudia Castro (detenida); el magistrado suplente del TSJ, Iván Campero (con detención domiciliaria); el abogado José Uriarte (detenido); y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova (con detención domiciliaria).
El artículo 12 de la Constitución, establece que “el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.
La independencia judicial es un principio reconocido y protegido por organismos internacionales como la ONU, la OEA, la CIDH, la Corte IDH, entre otros, por ser una garantía esencial para la protección de los derechos humanos y la democracia, por lo que cualquier intento de manipulación del órgano judicial interfiere en la democracia, debilita el Estado de derecho, deteriora la institucionalidad y vulnera derechos y libertades ciudadanas.
Y justamente eso está sucediendo en Bolivia. El Informe Sobre Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024 de UNITAS señala que la independencia de poderes en Bolivia enfrenta un progresivo debilitamiento, lo que ha derivado en la proliferación de actos de corrupción y el uso del aparato estatal para restringir libertades fundamentales. El informe destaca que la categoría más afectada fue la institucionalidad democrática, con el 57% del total de vulneraciones registradas, lo que representa 525 casos, un aumento del 28% respecto a 2023. Entre los problemas identificados están justamente la falta de independencia del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con denuncias recurrentes de injerencias del Órgano Ejecutivo en decisiones judiciales.
Por eso, el denominado caso consorcio no es un asunto de menor rango que se pueda dejar pasar por alto. Se trata de un asunto estructural de la composición de nuestro Estado y, justamente por eso, es preciso que las investigaciones lleguen hasta el final y que los responsables sean sancionados.
Pero más importante que las sanciones punitivas, es la necesidad de reponer en la agenda el tema de la reforma estructural de la justicia, aquella que siempre ha sido postergada y que nunca ha merecido la atención de los poderes públicos.
La justicia es la llamada a garantizar los derechos ciudadanos y, si no actúa con independencia y transparencia, no puede cumplir con ese rol. Por eso, no es de extrañar que en Bolivia en los últimos 20 años existan presos políticos de uno y otro bando, dependiendo de quién detenta el poder y por tanto el control de la voluntad de los jueces.
Esta manipulación de la justicia puede tener diversos objetivos, pero sin duda, su principal es preservar y reproducir las estructuras de poder, tal como se ha visto, por ejemplo, en el fallo del Tribunal Constitucional de 2017, cuando se le reconoció a Evo Morales un derecho humano a postular a la presidencia indefinidamente. El derecho no es tal y por eso la Corte IDH se pronunció en contra y ahora lo hizo el mismo Tribunal Constitucional, pero con otros miembros en concordancia con ese organismo internacional.
El ex relator de la ONU para la independencia de los jueces, Diego García Sayán, la CIDH en diversos reportes, el GIEI y una serie de organismos se han pronunciado a lo largo de los últimos años por la independencia judicial en Bolivia. Entre los más recientes y meticulosamente elaborados, se encuentra el informe titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, que recoge los resultados de la visita in loco de la CIDH a Bolivia y que, entre sus recomendaciones señala: “La persistencia de denuncias de interferencias del Órgano Ejecutivo sobre el Judicial, que alimentan una percepción generalizada de falta de independencia de los órganos, la CIDH insta al Estado a tomar medidas efectivas para asegurar la separación de órganos del poder público que contribuyan en el ejercicio de sus funciones constitucionales, lo que fortalecerá la confianza de la población en la institucionalidad democrática”.
Ahora que ha surgido un caso concreto, quizá sea el momento de escuchar estas recomendaciones, al menos para poner el tema de la reforma estructural de la justicia como un punto nodal en la agenda electoral como una promesa de cumplimiento en la próxima gestión de Gobierno.
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