EDITORIAL SUMANDO VOCES
El proceso electoral avanza asediado desde diferentes flancos. Por un lado, más de una decena de demandas legales buscan frenar la participación de varios partidos políticos en las elecciones del 17 de agosto, por otro, una ola de protestas va creciendo en el país con el riesgo de generar convulsión social.
Entre las protestas, las hay de carácter político y de carácter social. Las primeras buscan la habilitación del expresidente Evo Morales como candidato presidencial e incluso hablan de la renuncia del presidente Luis Arce, mientras que las segundas son una expresión del malestar de la gente por la crisis económica. Lo peligroso del asunto es que ambas están confluyendo en tiempo y espacio.
A este escenario se suma la posición del gobierno de Luis Arce, que ve afanes de desestabilización en las protestas y en ese marco anuncia un análisis castrense al respecto. “Si la situación se agrava hasta poner en riesgo la estabilidad política, democrática y electoral del país, los mandos militares realizarán un análisis riguroso para garantizar la defensa de la institucionalidad, la paz social y los derechos ciudadanos”, dijo el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
Las demandas legales y la convergencia de las protestas están generando un ambiente no apto para la celebración de las elecciones, lo que ha llevado a varios líderes políticos a señalar que existe una intencionalidad de postergar los comicios, que sería nefasto para la democracia boliviana.
Hay que recordar que diversos organismos internacionales respaldan la realización de las elecciones como garantía de la democracia, el estado de derecho y la institucionalidad de los países, por lo que el torpedeo al proceso sería una bofetada no sólo para el país, sino para la comunidad internacional en su conjunto.
Por ejemplo, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “La voluntad del pueblo será la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”, lo que convierte a las elecciones periódicas en un derecho humano fundamental y en la base de la legitimidad democrática.
Entre tanto, laCarta Democrática Interamericana de la OEA establece que “la celebración de elecciones periódicas, libres y justas” es un elemento esencial de la democracia representativa y una obligación de los Estados miembros.
Y, la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 168, establece que “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.” No habla de prórrogas, postergaciones ni excepciones.
Los organismos internacionales también dejan claramente establecido que los órganos electorales deben ser independientes de toda intromisión, como garantía de transparencia y confiabilidad.
En el caso específico de Bolivia, el Órgano Electoral, erigido como poder del Estado, tiene facultades para actuar de manera independiente de los demás órganos y no necesita ninguna ley adicional para hacer valer el principio de preclusión, que ya está establecido en la ley. Esto quiere decir que sus resoluciones pasadas son irrevisables.
Para nadie es un secreto que la institucionalidad democrática es débil y que las vulneraciones a este principio han ido en aumento, según documenta el informe sobre Libertades Fundamentales de UNITAS, por lo que se hace imperioso celebrar elecciones en la fecha señalada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE): 17 de agosto del 2025. La única manera de recuperar la institucionalidad perdida es a través de las urnas. Cualquier otra salida rompería el curso democrático de la historia, así venga desde el Órgano Judicial, desde las calles o desde los mismos actores políticos o militares.
La celebración de elecciones requiere de un clima social tranquilo, pero Bolivia está ahora mismo muy lejos de ese ideal. Sin embargo, los actores sociales y políticos deben entender que la prioridad número uno en este momento debe ser la celebración de los comicios porque eso permitirá fortalecer la institucionalidad y adoptar medidas para afrontar la crisis económica que agobia a los bolivianos y bolivianas.
Es comprensible que las familias salgan a protestar porque el dinero ya no alcanza, los alimentos escasean, el combustible prácticamente ha desaparecido y los dólares están por las nubes, sin embargo, ninguna medida que se adopte ahora podrá frenar la crisis si no se tiene un gobierno fuerte y legítimo, aquel que sólo puede salir de las urnas. Por eso, es deber de todos y todas, proteger el proceso electoral frente a las amenazas que a diario se interponen en el camino.
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