Plantación de coca en el parque Carrasco. Foto: Comunarios de la zona
Nota elaborada con información de La Región
El Parque Nacional Carrasco alberga 16 comunidades ilegales de interculturales, plantaciones de coca, actividades relacionadas con el narcotráfico y últimamente ha sido escenario de la apertura de cuatro caminos, pese a que no debería presentar actividades humanas.
Estas actividades ponen en riesgo la categoría de parque de este territorio, que podría pasar a ser un Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), según un reportaje de investigación publicado por La Región y Mongabay, medios especializados en medio ambiente.
Esto implicaría legalizar actividades humanas en su interior que actualmente se consideran fuera de norma. Asimismo, se pone en riesgo la riqueza biodiversa de un territorio de reserva que provee agua dulce a toda la zona tropical de Cochabamba.
“Lo poco que se está sosteniendo (del parque) es justamente por su categoría. Pero si la dirección omite sus funciones de protección, incurriría en procesos por no resguardar la categoría”, explica Noel Altamirano, biólogo que estudia y trabaja en el lugar desde hace más de 20 años, según el reportaje.
“Pero más allá de eso, lo que se va a perder es un ecosistema, porque se sabe que hay planes de unir los municipios de Pojo y Epifania con Chimoré Bulo Bulo, es decir, atravesar todo el parque”, agrega.
Plantaciones de coca y deforestación
Entre 2022 y 2023, los cultivos ilegales de coca en el parque crecieron en un 38 %, según el informe de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, por sus siglas en inglés) presentado en febrero último.
Carrasco es también la tercera área protegida nacional con mayor deforestación del país, con una pérdida total de bosque de 31 688 hectáreas entre 1953 y 2023, según un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), Mongabay Latam y La Región han podido constatar que de mayo del 2024 se han registrado 245 805 alertas de deforestación en el Parque Nacional Carrasco. Esto significa un 25% más de alertas en comparación al año anterior. Alrededor del 61% de estas alertas ocurrieron entre agosto y octubre de 2024, durante el pico de incendios del año pasado. Además, según los datos de GFW, el 2024 fue el tercer año con mayor pérdida de bosque primario en el 2015 dentro del Parque Carrasco.
Comunidades ilegales
Actualmente se estima que en la zona de protección estricta hay, al menos, 16 comunidades ilegales, algunas de las cuales han establecido trancas para controlar el ingreso de foráneos, por lo que no está permitido el patrullaje de guardaparques. “Ellos (los guardaparques) no tienen más que someterse o alejarse de ciertas zonas críticas, por su seguridad y la de sus familias”, dice Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac).
Muchas de las comunidades asentadas ilegalmente ya tienen sistemas de agua, construyeron casuchas con madera de árboles derribados y comenzaron con nuevos cultivos de coca. Es más, las familias fueron contabilizadas en el reciente censo de 2024. “Otros no viven ahí, solo entran dos o tres veces al año, para sembrar la coca, cuidarla con agroquímicos y luego sacar la cosecha”, explicó un exfuncionario del parque. Siguiendo su declaración, también se encontró a personas extranjeras y fosas de maceración, “pero muchas de estas denuncias no se hacen por temor”.
Esta presencia de comunidades ocurre pese a que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró gran parte del territorio de Carrasco como “tierra fiscal no disponible”. Al tener categoría de Parque Nacional, no debiera haber presencia humana dentro, pero se respetó a las comunidades asentadas antes de la creación, el 11 de octubre de 1991.
Según documentos recogidos por La Región, en ese momento, eran alrededor de 100 familias campesinas (entre 700 a 800 personas), aglutinadas en nueve sindicatos cocaleros. Actualmente hay 16 sindicatos o comunidades ilegales, la mayoría de las cuales se dedica al cultivo de coca.
Narcotráfico
El último 7 de abril se denunció un caso ante la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) por elhallazgo de una fosa de maceración de cocaína abandonada y otra activa en el norte del área protegida. Aunque no se encontró a nadie, los indicios de la presencia de narcotráfico fueron corroborados por asambleístas del Poder Legislativo.
Tanto la senadora Cecilia Requena como el diputado Saúl Lara, del Comité de Medio Ambiente y el de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, solicitaron informes a autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio de Medio Ambiente por las denuncias en Carrasco, sin obtener respuesta alguna, aseguraron por separado.
Cuatro caminos
Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, fueron abiertos cuatro caminos en el Parque Carrasco. El primero, el 20 de octubre en los sindicatos ilegales Campamento y Carmen Pampa, con una extensión de cinco kilómetros. El segundo, el 12 de noviembre, impulsado por el sindicato Yungas Perguantío (también ilegal), con una longitud de cuatro kilómetros y medio. El tercero está en el sindicato de Macho Yungas (legal) y tiene una extensión de 16 kilómetros; los trabajos empezaron el 5 de noviembre. Finalmente, el 21 de febrero de este año hubo una cuarta apertura, en la subcentral Pampas Amarías, compuesta por los sindicatos Peña Rumi, Nuevas Pampas, Primero de Agosto y Chaco soberano (todos legales), con una longitud de 10 kilómetros. Los trabajos de este último camino terminaron en mayo.
La apertura de caminos ilegales comenzó en 2021, señala un ex funcionario del parque, quien pidió reserva en su nombre por seguridad. Ese año se abrió una vía de 15 kilómetros en el sector de Arepucho.
Un lugareño que habita dentro del parque confirmó que, para llevar adelante los trabajos de dicha apertura, cada familia hizo un aporte económico. En una asamblea, se informó que la recaudación superó los 67 mil bolivianos mil (9 600 dólares, al tipo de cambio oficial: Bs 6.96). Sin embargo, el entrevistado cree que la cifra alcanzó los 150 mil bolivianos (21 500 dólares), porque se recibió aportes de tres sindicatos para realizar dichos trabajos y pagar la citada multa.
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