A la izq. la presidenta de la APSC, Maggy Talavera; a la der. el líder del falso Estado de Kailasa. Foto composición Sumando Voces
La Asociación de Periodistas de Santa Cruz expresó su profunda indignación por la inacción del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público para investigar el caso Kailasa. Esta nación ficticia inició procesos penales contra distintos medios de comunicación y amedrentó a la periodista de El Deber Silvana Vincenti, quien reveló la presencia de este autodenominado Estado en territorios indígenas de Bolivia.
“La Asociación de Periodistas de Santa Cruz reitera su profundo malestar e indignación por la inoperancia de las instituciones llamadas por ley a investigar las denuncias realizadas contra el inexistente Estado Independiente de Kailasa, por las amenazas hechas inicialmente contra la periodista y afiliada nuestra, Silvana Vincenti, y, hace solo unos días, también contra El Deber, Brújula Digital, Sumando Voces y otros medios que se hicieron eco del reportaje sobre la presencia y operaciones de Kailasa en Bolivia”, señala el pronunciamiento.
En marzo de este año, la periodista de El Deber publicó un reportaje de investigación en el que reveló cómo el autodenominado Estado de Kailasa operaba en Bolivia con el fin de arrendar tierras indígenas por montos ínfimos y por un periodo de hasta mil años.
“La única acción tomada por el Gobierno, para calmar la indignación y presión pública, fue la expulsión de veinte miembros de Kailasa. Lejos de favorecer una investigación seria, esta medida imposibilita conocer la verdad y alienta la impunidad de los integrantes del Estado ficticio y de quienes facilitaron su ingreso al país”, advirtió la Asociación.
El gremio periodístico advierte que esta escalada de amenazas, sumada al silencio de las autoridades, deja en situación de vulnerabilidad a los periodistas y medios de comunicación, afectando gravemente las libertades de prensa y de expresión. Finalmente, la Asociación reiteró su exigencia a las autoridades judiciales y del Gobierno para que actúen conforme a la ley y garanticen la protección del ejercicio periodístico. También insistió en su demanda al Defensor del Pueblo para que se pronuncie sobre el caso.
Aquí puede ver el pronunciamiento de los periodistas:
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