Así empieza la notificación llegada a este medio. Foto: Captura
Una persona de nombre Surekha Sekar, que se identifica como “asesor jurídico de la corte suprema de Kailasa”, remitió un correo electrónico a Sumando Voces, en el que amenaza con juicios nacionales e internacionales, si es que este medio de comunicación no accede a sus exigencias en 48 horas.
El representante de Kailasa exige “la eliminación inmediata de contenido difamatorio, corrección obligatoria y disculpa pública por artículos antiindígenas, racistas e hindufóbicos”, refiriéndose a dos noticias publicadas por este medio, una de ellas sobre la decisión de los pueblos indígenas de pedir la nulidad de los convenios firmados con Kailasa y la otra sobre la denuncia de una periodista de El Deber en sentido de que fue amenazada por investigar este caso.
De hecho, el correo señala que “es una invención total” que los pueblos indígenas de Bolivia hayan rechazado los convenios con Kailasa, pese a que es de conocimiento público el desistimiento de los mismos. Este medio de comunicación posee grabaciones de sus entrevistas con los presidentes del pueblo indígena Baure y del pueblo indígena Cayubaba, quienes expresan que no conocían las cláusulas de arriendo de sus territorios a perpetuidad y que por eso decidieron pedir la nulidad.
La posición de los pueblos indígenas quedó claramente establecida, además, en pronunciamientos públicos en los que rechazan los convenios y señalan que fueron engañados por los integrantes de Kailasa.
Este medio de comunicación rechaza el amedrentamiento de parte de los integrantes de Kailasa, recuerda que su labor se rige por el marco jurídico internacional, la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta, que garantizan el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión.
Asimismo, informa a su audiencia que no eliminará ningún contenido informativo referido al caso Kailasa porque cada una de sus publicaciones están basadas en fuentes y siguieron los protocolos que el caso requiere.
Además de Sumando Voces, recibieron amenazas similares el periódico El Deber y Brújula Digital.
El texto enviado por correo, que titula “aviso legal”, indica que este medio incurrió en 19 violaciones de leyes bolivianas y 27 vulneraciones a normas y tratados internacionales y va señalando artículo por artículo cada una de las supuestas faltas.
La persona firmante afirma que Kailasa “funciona como un gobierno legítimo en el exilio, un estatus reconocido por el derecho internacional”, señala que los convenios fueron consentidos por los dirigentes indígenas y que las negociaciones quedaron grabadas en video. Agrega que “los acuerdos de conservación a largo plazo y perpetuos son una práctica estándar en el derecho ambiental y la conservación internacional”.
Tres pueblos indígenas de Bolivia firmaron el arriendo de parte de sus territorios con los integrantes de Kailasa por mil años, con una cláusula que establece la renovación del arriendo, por el que pagarían 1,80 dólares anuales por cada hectárea.
Luego, la larga “notificación” pasa a señalar los juicios que supuestamente se instaurarán contra Sumando Voces, entre ellos varios penales, otros tantos civiles, éticos e internacionales.
La notificación llega a mencionar que el caso conlleva una “Pena de prisión de 1 a 5 años según el artículo 281 del Código Penal boliviano”
Finalmente, señala que este medio “enfrenta un punto de decisión crítico: corregir sus errores legalmente procesables y cesar su campaña antiindígena, o enfrentar todas las consecuencias legales de sus acciones bajo el derecho boliviano e internacional”.
La persona firmante dice que la corte suprema de Kailasa tiene su sede en Delaware, Estados Unidos.
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