Daniel Ortega ha reducido el espacio cívico en Nicaragua a la mínima expresión. Foto: Cesar Perez
EUROPA PRESS
Naciones Unidas considera «profundamente alarmantes» el cierre de golpe de 1.500 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, un país donde es «cada vez más difícil» poder defender los Derechos Humanos sin someterse a la presión o las represalias del Gobierno de Daniel Ortega.
Con los cierres anunciados el lunes, ya son más de 5.000 las organizaciones que han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua, en su mayoría desde finales de junio de 2022. Una portavoz de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha alertado del «grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión».
No en vano, ha recordado que Nicaragua es «un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa», hasta el punto de que gran parte de las organizaciones que siguen operando han optado por la autocensura o la disolución.
Throssell ha reiterado el llamamiento para que las autoridades nicaragüenses «dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos» y garanticen el respeto de los Derechos Humanos, «obligaciones» recogidas en diversos tratados internacionales.
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