La Asamblea de Venezuela aprobó la Ley contra las ONGs. Foto: El Estímulo
En un contexto de persecución, detenciones y asesinatos de integrantes de la sociedad civil movilizada tras las elecciones del 28 de julio, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que criminaliza a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), cuya labor se centra en la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de la ola represiva.
La Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro fue aprobada este jueves 15 de agosto en medio de una ola de rechazo de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.
Según la red Rendir Cuentas, esta ley “concreta la criminalización de las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil en el país” en un contexto represivo que, desde el día de las elecciones, dejó más de 2 mil personas detenidas, al menos 20 personas asesinadas, además de haber provocado el bloqueo digital de medios de comunicación, aplicaciones de mensajería y hasta la red social X.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, dijo que la Ley anti ONGS “viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos y es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela”.
Agregó que “la aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva”.
La organización agregó que esta ley busca impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Qué dice la ley?
Según un recuento periodístico de la BBC, la ley establece «un sistema uniforme» para la «creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo» de las ONG, así como «para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento».
El texto no aclara qué sucede si una ONG recibe financiamiento internacional y obliga a las organizaciones a notificar «sobre el financiamiento o donaciones que serán recibidas a los fines de asegurar la licitud de los fondos».
La norma advierte que las ONG deben aclarar en sus estatutos «la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social» y «si su financiamiento está previsto que sea a través de factores extranjeros», para lo cual deben «registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente».
¿Qué dice la sociedad civil?
La red Rendir Cuentas señala que este ley “vacía de contenido el derecho de asociación, violenta los principios de autonomía e independencia, y subordina la existencia de toda organización e iniciativa no dependiente del Estado, nacional o internacional, a controles arbitrarios que responden a los intereses del gobierno de turno”.
Agrega que la norma “afecta a millones de personas en situación crítica que se benefician de programas sociales, humanitarios y derechos humanos en medio de una crisis estructural de larga duración y hoy son víctimas de una nueva escalada represiva”.
Según Rendir Cuentas, poner en riesgo de extinción a la sociedad civil que trabaja en la contención de la crisis podría agravar aún más las condiciones de vida de la población, que ya derivó también en el desplazamiento fuera del país de más de 7 millones de personas.
Esta ley responde al supuesto de que las iniciativas no gubernamentales usan “fondos ilícitos” para “financiar el terrorismo”, pues hace énfasis en la obligación de cumplir con normativas de prevención, control y fiscalización de la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Además, el Estado de Venezuela calificó a las “Organizaciones Sin Fines de Lucro” como sujetos de “Alto Riesgo” en materia de “Financiamiento al Terrorismo”, ante organismos internacionales.
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