Asamblea Legislativa sesionó en Sucre. Foto: Cámara de Diputados
En una sesión celebrada en Sucre, la capital del Estado, la Asamblea Legislativa aprobó la lista de candidatos a las elecciones judiciales, con lo que dio luz verde al proceso electoral que estaba estacando desde el 2023. Pero, al mismo tiempo, aprobó una resolución para exigir al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, que promulgue en el plazo de 24 horas la ley que dispone el cese de sus funciones a los magistrados prorrogados en sus cargos desde el 2 de enero pasado.
Choquehuanca no estuvo de acuerdo con la resolución, dio argumentos legales para frenarla, pero finalmente no pudo evitar su aprobación, por lo que tuvo que dar curso a la misma, aunque haciendo constar su disidencia. Incluso llegó a argumentar que los funcionarios que incumplen los fallos del Tribunal Constitucional, que es la instancia que prorrogó a los magistrados, pueden ser encarcelados.
La Asamblea sesionó durante más de nueve horas y logró la aprobación de las listas y la citada resolución pasada la media noche y cuando ya se iniciaba la jornada del 6 de agosto, el día de la celebración de los 199 años de independencia de Bolivia.
Las listas
Las listas fueron aprobadas también en medio de polémica, porque no todos los candidatos alcanzaron la calificación mínima, pero fueron habilitados para cumplir con criterios de paridad de género particularmente en el caso del Tribunal Constitucional.
Las nóminas fueron remitidas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que ponga en marcha el proceso electoral que, según las prioridades definidas por una reunión de partidos políticos, deben realizarse este mismo año.
«Con 144 votos a favor, la Asamblea ha aprobado las listas de precandidatos al TCP», dijo Choquehuanca para concluir el debate.
La resolución contra los prorrogados
La resolución que pretende poner punto final a la gestión de los magistrados prorrogados establece que el presidente de la asamblea que esté en funciones debe promulgar la Ley 075, que previamente fue aprobada en una polémica sesión celebrada en junio pasado en ausencia de Choquehuanca.
La norma no fue promulgada por el presidente Luis Arce, por lo que ahora la Asamblea busca que Choquehuanca lo haga.
Por otro lado, según un reporte de Brújula Digital, la resolución anula la Declaración Constitucional 49 del TCP, la cual extendía el mandato de seis años de los magistrados, cuyo término expiró el 2 de enero, hasta que se eligieran nuevas autoridades por voto popular.
La resolución va más allá e indica que los actos de los prorrogados son nulos porque incurrieron en “usurpación de funciones”.
Mira aquí la lista de candidatos seleccionados:
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