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Las multas que actualmente aplica el Gobierno boliviano a los causantes de quemas y desmontes ilegales van desde 2,50 a 15 bolivianos, según un estudio que fue presentado este lunes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). También se presentó un proyecto de ley contra quemas e incendios y restauración de áreas afectadas.
De acuerdo con el economista ambiental Stasiek Czaplicki Cabezas, por tipo de propiedad, las multas por hectárea quemada son de 1 a 6 UFV. Una UFV equivale a Bs 2,5.
Actualmente, en caso de propiedades colectivas, el monto de multa es 1 UFV, lo mismo cuando se trata de pequeñas propiedades agrícolas; la pequeña y mediana propiedad ganadera, así como la mediana propiedad agrícola tienen una sanción de 3 UFV por hectárea; y la propiedad empresarial agrícola y la ganadera, hasta 6.
“Tener multas entre 2,5 bolivianos por hectárea hasta 15 es una burla, no es un desincentivo; es más, generar un permiso de desmonte cuesta más caro que pagar la propia multa por haber desmontado ilegalmente. Tenemos que remediar eso de forma inmediata”, dijo el ambientalista en un conversatorio en el que participaron la senadora Cecilia Requena y gente involucrada en temas ambientales.
El profesional señaló que, según fuentes oficiales, cada año se sancionan unos 500 casos de desmontes ilegales; sin embargo, en términos reales suman de 50.000 a 100.000 casos. También aclaró que esta normativa propuesta solo hace referencia a incendios y desmontes.
Lo que propone la norma es que, para que realmente se desincentiven las quemas, en caso de que propiedades campesinas o indígenas hayan quemado 130 hectáreas fuera de norma, se les multe con Bs 26.500 (10.600 UFV); y si son propietarios pequeños, con Bs 65.625 (26.250 UFV) y por la misma cantidad de hectáreas.
Si son propiedades empresariales o medianas y desmontaron hasta 330 hectáreas con Bs 462.875 (185.150 UFV). Y en el caso de los menonitas, por cada 330 hectáreas dañadas, se sugiere imponerles una multa de hasta 198.750 (79. 500 UFV).
“Estamos subiendo las multas para que no sean absurdas. Cuando se presenta este proyecto de ley, la Comisión de Tierra, Territorio y Medio Ambiente debe emitir un informe del proyecto de ley”, dijo la senadora Requena, quien es una de las proyectistas.
¿Qué es lo que propone el proyecto?
Este proyecto de ley, no solo busca subir la multa, sino que se enfoca en seis puntos.
Uno de ellos es la abrogación de las leyes incendiarias, como: La Ley 337 (2013) y sus leyes modificatorias, leyes 502, 739, la 952. También se menciona las leyes 740, 741 y 1171.
También se propone erradicar los incentivos “perversos” contra los incendios, desmontes y quema ilegal, como incrementar este régimen de multas, no otorgar derechos mineros como resoluciones de asentamiento o cualquier tipo de permisos para actividades productivas extractivas en áreas de importancia ecológica; no más perdonazos con condonaciones de multas por desmonte o quemas ilegales; que haya una corresponsabilidad de la prevención; y planes o instrumentos de manejo de propiedad que implemente medidas de prevención.
Como tercer punto se propone revalorizar los bosques en pie, incluyendo la protección de ecosistemas no boscosos. Así se sugiere otorgar certificados de predios libres de quemas y desmonte ilegal, modelos agrícolas que posibiliten sistemas agroalimentarios sostenibles, resguardando la diversidad biológica, contar con un reglamento específico para la categorización de prácticas sostenibles y regenerativas en la agricultura y contar con programas para evitar la degradación y desertización de los suelos.
Como cuarto punto se habla de un manejo transparente y eficiente de las instituciones del Estado y el rol de los funcionarios. El proyecto sugiere la creación de un Catastro Agroambiental Forestal, el manejo trasparente de todo tipo de donaciones y que no se politice, la presentación pública de datos sobre desmonte y quemas, así como los avances en procesos de restauración y regeneración de las áreas afectadas anualmente y ante la ALP y la sociedad civil, entre otros.
Como quinto punto se habla de un régimen de protección de parte del Gobierno a los pueblos y naciones indígena originario campesinas desplazadas o evacuadas por las quemas ilegales o desmontes para que retornen a su lugar de origen y brindando la asistencia humanitaria necesaria, y acompañar el retorno de las comunidades sin el peligro de enfrentar violencia o avasallamientos,
Y finalmente, este proyecto establece la protección de fauna silvestre durante los incendios, socorriendo a centros de custodia ante riesgos de afectación por incendios.
“Este proyecto ha intentado ser breve, concreto y al mismo tiempo ser integral, (…) nos hemos querido ocupar de las causas, de la gestión misma de los incendios y de las consecuencias, corresponde que la Comisión de Tierra y Territorio emita un informe, luego se pasa con la votación en el pleno”, dijo Requena.
Los proyectistas de esta normativas son ocho. Además de la senadora Requena, están los senadores Walter Justiniano, Rodrigo Paz, Andrea Barrientos, Santiago Ticona, Neyla Velarde, Walter Justiniano, Nelly Gallo y Fernando Vaca. La senadora mencionó que también hay una voluntad de la presidencia del Senado y de la Vicepresidencia del Estado.
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