Como una curiosidad histórica, EE. UU. nunca fue una nación pobre en sus 250 años de existencia; nació como un país rico en comparación con el resto del mundo. Esto se debió a variables económicas favorables y políticas muy alejadas del relato liberal o libertario que ve a EE. UU. como un país referente del libre mercado y del laissez-faire (dejar hacer).
Los economistas históricos Peter Lindert y Jeffrey Williamson demostraron que, en las vísperas de su independencia (1774), el ciudadano estadounidense promedio tenía ingresos reales significativamente más altos que los habitantes de Gran Bretaña. Debido a que no se tenía una aristocracia terrateniente o un sistema feudal, la riqueza estaba mejor distribuida que en Europa; además, la escasez de mano de obra en el sector agrícola generó salarios reales elevados, consolidando una amplia clase media en la sociedad.
La guerra civil (1861-1865) fue sin duda un giro de 180 grados que fortaleció la economía del país del norte. Existe romantización moral de este conflicto bélico, ocultando que el trasfondo real era el choque entre dos modelos económicos irreconciliables. En aquellos años, los estados del Sur de EE. UU. conformaban una sociedad cimentada en la producción agrícola y materias primas (producían el 70% del algodón mundial) con una economía muy dependiente del mercado externo. Los estados del Norte, en cambio, de corte industrial y manufacturero, controlaban el Congreso federal debido a su mayor peso demográfico. El Norte necesitaba ese algodón para su industria, pero no quería pagar los precios internacionales fijados por el mercado de Liverpool, ni quería que el Sur importara manufacturas extranjeras, por lo cual se decretó un arancel para las importaciones manufactureras; asimismo, obligó a los productores del Sur a recibir por su algodón precios más bajos que los de la cotización internacional. Aquello fue una de las causantes principales que generó la guerra civil norteamericana: la imposición de políticas proteccionistas que convirtieron a un país dividido en dos y con espíritu separatista en una potencia industrial.
Ya en 1791, Alexander Hamilton (el primer Secretario del Tesoro de EE. UU.), en su informe Report on Manufactures, acuñó el argumento de la «industria infante», señalando que un país naciente no puede competir en libre mercado contra potencias ya consolidadas (como lo era Gran Bretaña en ese momento) sin barreras aduaneras que protejan su producción, favoreciendo así su independencia económica.
Asimismo, EE. UU. cuenta con normativas regulatorias amplias y severas en relación al medio ambiente, la protección laboral y del consumidor, debido a que en los años posteriores a la Revolución Industrial (principios del siglo XX) las corporaciones u empresarios producían masivamente bienes que implicaban el deterioro de la salud de los trabajadores. Es el caso de las fábricas de fósforos (que generaban la necrosis y pudrición de las mandíbulas de las trabajadoras) y las de relojes (que producían toxicidad por el uso de pintura de radio); en muchos casos, esto provocaba la muerte o el sufrimiento de por vida de los obreros.
La ausencia de regulación en aquellos años también afectó a los consumidores. Un claro ejemplo fue el jugo energético Radithor, que contenía radio y provocó la caída de la mandíbula al máximo difusor de su consumo, o la producción y venta indiscriminada de equipos de rayos X en tiendas de zapatos con el fin de que los compradores pudieran verse los huesos de los pies, lo que con el tiempo generó quemaduras y cáncer en la población. EE. UU. aprendió que el mercado puede reducir costos y maximizar utilidades, pero que hacerlo en desmedro de la salud de la población era una apuesta que a mediano y largo plazo solo mermaría la fuerza laboral de la nación y alimentaría el descontento social.
En el tema del medio ambiente, con la fiebre del oro (1848-1855) y la expansión hacia el oeste hubo dinámicas destructivas y desreguladas. Sin embargo, cuando esa explotación amenazó la viabilidad económica a largo plazo, el Estado intervino de forma radical para frenar la «explotación irracional», convirtiendo la conservación en una política de seguridad nacional.
Bajo la presidencia de Theodore Roosevelt (1901-1909), el gobierno estadounidense entendió que el saqueo desmedido de recursos naturales comprometeria el futuro del país. Roosevelt restringió de manera drástica la libertad de explotación privada sobre amplias extensiones del territorio y colocó más de 230 millones de acres de tierra bajo control federal directo, fundando el Servicio Forestal y multiplicando los Parques Nacionales. Cuando las malas prácticas agrícolas provocaron el desastre ecológico y económico del Dust Bowl (las tormentas de polvo de los años 30), el gobierno de Franklin D. Roosevelt no esperó a que el mercado se «autorregulara». Creó agencias estatales como el Servicio de Conservación de Suelos para dictar, regular y auditar técnicamente cómo los privados debían usar la tierra. Con la creación de la EPA (Environmental Protection Agency) en 1970, el gobierno vio necesaria la intervención estatal en el cuidado del medio ambiente ante la creciente contaminación generada por la industria. La EPA impone multas severas (en ocasiones multimillonarias) que condicionan las actividades industriales y agropecuarias a favor de la población y de la naturaleza.
El sector agropecuario de EE.UU. es uno de los más intervenidos y subsidiados del planeta, protegido institucionalmente por la ley conocida como el Farm Bill. Lejos de la retórica del libre mercado, el gobierno estadounidense inyecta decenas de miles de millones de dólares anuales en su economía interna bajo un complejo entramado de ayudas estatales. Por ejemplo: el gobierno cubre el 60% del costo de los seguros de cosecha; en caso de pérdidas, tanto por inclemencias climáticas o precios bajos internacionales, el gobierno igualmente cubre los daños o procede con la compra de cosechas. Existe una política pública de subvención al consumo interno para garantizar la demanda, la cual consiste en subsidiar la compra de alimentos de aproximadamente 40 millones de estadounidenses de bajos ingresos; asimismo, este programa cumple con la función de inyectar dinero a la economía para dinamizarla. También cuenta con un programa donde el gobierno paga una renta anual para que los agricultores no cultiven parte de sus tierras, con el fin de proteger los suelos y evitar la sobreproducción de alimentos en el mercado interno.
La intervención estatal no se limita a la producción. En relación a la inversión extranjera, un comité liderado por el Departamento del Tesoro (CFIUS) tiene la facultad de auditar, bloquear o deshacer retroactivamente cualquier inversión extranjera que intente comprar, fusionarse o adquirir empresas estadounidenses en sectores estratégicos.
En el tema social, EE. UU. implementó y mantiene una red de normativas agresivas destinadas a subsidiar, integrar y proteger a la población marginada, nacidas de la necesidad de estabilizar la economía y evitar estallidos sociales. La prioridad del Estado es la integración de estas poblaciones a la economía para dinamizarla.
La Guerra Fría y la trágica intervención norteamericana con las dictaduras militares a finales del siglo XX solo se resumen en la protección del capital e inversiones norteamericanas en Latinoamérica, así como en la influencia y poder geopolítico de EE. UU. para disponer de las materias primas del mundo; algo muy similar al panorama actual. Los actuales discursos políticos de la ultraderecha estadounidense, desvirtuando el cambio climático y el efecto negativo del ser humano en el medio ambiente o reviviendo el discurso anticomunista, solo tienen una finalidad: tener gobiernos amigos que pongan a disposición irrestricta los recursos naturales de sus naciones. Esto parte de que si EE. UU. consumiera y explotara todos sus recursos naturales dentro de sus fronteras para mantener el nivel de vida de su población, tendría que destruir su propio medio ambiente y sus ecosistemas. Según la organización científica Global Footprint Network, si todo el mundo consumiera recursos, emitiera carbono y tuviera el estilo de vida del ciudadano promedio de EE. UU., en marzo de cada año agotarían los recursos de todo el planeta.
En tanto EE. UU. cuida estratégicamente el flujo de inversiones y sus recursos estratégicos bajo una rigurosa estructura legal, la corriente política de derecha libertaria latinoamericana propone la apertura total: desmantelar los controles ambientales calificándolos de «trabas burocráticas» y permitir el ingreso desregulado de cualquier capital extranjero. Esto convierte a Latinoamérica en simples exportadores de materias primas sin posibilidades de fortalecer las industrias, la ciencia o la tecnología propia para el desarrollo económico. Las políticas de apertura económica, brindadas como la única alternativa para sacar de la pobreza, son contrarias a todas las políticas reales que aplicó EE. UU. para ser una potencia económica.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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