YPFB retira denuncia contra comunarios defensores de Tariquía y anuncia mesas de diálogo

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El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, en contacto con la prensa.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, en contacto con la prensa

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retiró el recurso de apelación que mantenía vigente dentro del proceso penal contra comunarios de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, una decisión con la que busca dejar atrás el conflicto judicial y generar un escenario favorable para retomar el proyecto de exploración en Tariquía, de acuerdo con ABI.

El desistimiento fue presentado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija como parte de una estrategia institucional orientada a privilegiar el diálogo y los acuerdos con las comunidades involucradas.

La determinación consolida la sentencia que absolvió a los comunarios y marca el inicio de una estrategia basada en el acercamiento con los actores involucrados. Paralelamente, la estatal prevé impulsar un acuerdo extrajudicial que permita cerrar definitivamente la controversia en el ámbito legal.

El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, explicó que la empresa optó por privilegiar el diálogo como mecanismo para alcanzar consensos y avanzar en un proyecto considerado estratégico para el sector energético.

«Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta», afirmó la autoridad.

Además del retiro de la apelación, YPFB anunció que solicitará el archivo definitivo del proceso y convocará a representantes de las comunidades e instituciones vinculadas al proyecto para instalar mesas de trabajo técnico, donde se abordarán las observaciones y propuestas relacionadas con el desarrollo de las actividades de exploración.

La iniciativa en Tariquía permanecía estancada desde hace varios años debido a las tensiones sociales y al proceso judicial iniciado en 2022. Con esta decisión, la empresa estatal busca reducir uno de los principales focos de conflicto y abrir una etapa de negociación que permita compatibilizar el desarrollo del proyecto con las demandas de las comunidades de la zona.

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