Sumando Voces
Mediante un referéndum celebrado el pasado fin de semana, Ecuador tomó la decisión de prohibir la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní, mientras que en Bolivia se amplían las áreas reservadas para YPFB a 104, 18 de las cuales están sobrepuestas a parques nacionales, sin que exista un límite de tiempo para su devolución al Estado.
El especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, informó a Sumando Voces que hasta el gobierno de Evo Morales las áreas reservadas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobrepuestas a parques nacionales eran 12, mientras que en el gobierno de Arce ya se contabilizan 18, sin tomar en cuenta las áreas protegidas departamentales o municipales.
“En ninguna de estas 104 áreas hay todavía producción, pero sí en algunas hay actividad exploratoria, como por ejemplo en Astillero y San Telmo, que son dos áreas que se sobreponen a la reserva de flora y fauna de Tariquía y que incluso involucran a la provisión de agua para Tarija”, explicó Velásquez.
Y, lo que llama la atención es que estas áreas no son devueltas al Estado como sucedía en el pasado con las empresas privadas, que tenían un límite de tiempo de siete años, lapso en el que pagaban una patente.
“Desde el 2006 en adelante, cuando las áreas que se reservan son para YPFB, directamente ese reglamento deja de ser cumplido sin ninguna consecuencia. YPFB no ha devuelto las áreas y no ha habido ninguna consecuencia”, dijo Velásquez.
En cambio, este domingo Ecuador marcó un hito en la defensa de la naturaleza al votar mayoritariamente por preservar la reserva de Yasuní, lo que implica que la actividad petrolera queda prohibida a futuro y las operaciones en curso deben ser retiradas en el plazo de un año.
En la consulta, el 59% de los electores votó por mantener bajo tierra la riqueza petrolera del bloque 43, también llamado ITT porque engloba a los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, mientras que el 41% votó por continuar con la explotación.
Hay que recordar que en 2007, el entonces presidente Rafael Correa había propuesto no extraer el petróleo del Yasuní a cambio de una compensación económica. Al no lograrse la recaudación esperada, el 2013 volvió a autorizarse la explotación petrolera, en medio de una lucha de los colectivos ambientalistas que buscaban frenar la actividad en el parque, lo que finalmente se logró este domingo.
Por el contrario, el Gobierno boliviano procedió a la flexibilización ambiental, no sólo con la reserva de áreas para YPFB, sino con el acortamiento del plazo de la consulta previa, según dice Velásquez, creyendo que eso aumentaría la exploración y producción de gas, sin embargo, esta política no ha tenido los resultados esperados porque la falta de inversiones petroleras no tiene que ver con los procedimientos ambientales, sino con la política hidrocarburífera de Bolivia, que aleja las inversiones.
Hay que recordar que el expresidente Evo Morales, mediante el decreto supremo 2366 del 2015 autoriza la exploración petrolera en parques nacionales, aunque la reserva de áreas para YPFB viene desde 2007. Ese mismo 2015 se ponen límites a la consulta previa.
“El mismo 2015 empieza a caer la producción de gas natural y, en una medida casi desesperada de explorar y reponer las reservas que se venían consumiendo en el país, ese mismo año se emite otro decreto, el 2298, que acorta la consulta previa a 45 días”, señala Velásquez.
Es más, el especialista hace notar que, según la Ley de Hidrocarburos, se deben hacer dos consultas a los pueblos indígenas, una de ellas -que no se cumple- antes de iniciar cualquier actividad para preguntar si estarían de acuerdo en el inicio de operaciones y la otra para autorizar el proyecto concreto, que es la que ahora debería ejecutarse en 45 días.
