Sumando Voces
La denuncia de delitos sexuales en contra el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, ha provocado un remezón en la Asamblea Legislativa, pero también ha traído a la memoria otros casos de abusos cometidos por autoridades, particularmente legisladores del MAS, en contra de mujeres.
Ese hecho, devela que el caso Jáuregui no es único y se podría decir que “es un patrón de conducta en muchas autoridades que llegan al poder y que consiguen favores sexuales a cambio de ofrecer algún cargo”, expresó Iris Baptista, coordinadora del programa Equidad para el Desarrollo de UNITAS.
“No es un tema nuevo, más bien es recurrente en varias autoridades varones en Bolivia. Estamos viviendo un patrón sistémico de reproducción de una sociedad patriarcal, donde las relaciones de poder generan subordinación, indicó la especialista a Sumando Voces.
Jáuregui fue acusado de haber ofrecido trabajo a una joven a cambio de mantener relaciones sexuales con ella, a la que luego habría pedido que le proporcione jovencitas menores de edad con el mismo objetivo. El diputado ha rechazado la veracidad de las supuestas pruebas, que son un audio y capturas de pantalla.
“Cuando hablo de una sociedad patriarcal que naturaliza y reproduce este sistema perverso de dominación donde los cuerpos de las mujeres son considerados como propiedad, estoy hablando específicamente de la disposición de los cuerpos de las mujeres vinculada al mercado capitalista, donde puedes comprar y vender, en este caso, favores sexuales”, dijo Baptista.
Este caso, según explicó, implica una violación de derechos por parte del acusado, pero también de parte del Estado “porque hace bastantes años estos casos suceden uno tras otro” ante la ausencia de políticas de prevención de la violencia estructural en Bolivia.
Muchas de estas denuncias, además, se quedan en la impunidad porque “estas relaciones de poder no solo son de estas personas como Jáuregui, sino es toda la estructura que los cubre, una estructura androcéntrica en la que se cubren entre hombres, en desmedro de estas menores”, según Baptista, quien considera que el Ministerio Público y la Policía boliviana deberían investigar el caso de oficio y el Sitema Judicial debiera asumir con celeridad el tratamiento de estos casos para que no queden en la impunidad.
Otros legisladores involucrados
Varios casos salieron a la luz pública en los últimos años que involucran a legisladores del MAS en abusos sexuales. El más reciente involucraba al senador Hilarión Padilla Mamani, quien fue imputado en 2021 e incluso encarcelado en Oruro por una denuncia de violación de una joven, a la que había ofrecido trabajo en YPFB.
Pese a los antecedentes, el senador fue reincorporado a la labor legislativa en septiembre del año pasado y en mayo de este año fue encontrado muerto en su habitación. La causa del fallecimiento fue reportada como broncoaspiración.
El caso más antiguo data de 2012, cuando el entonces diputado Justino Leaño fue acusado de violar a su hija menor de edad, caso por el que fue sentenciado a 23 años de cárcel, pena que no cumplió porque fugó del país.
Otro de los acusados también en 2012, aunque el caso se destapó en 2015, fue el entonces diputado Jacinto Vega, quien fue denunciado por violar a una niña en Villamontes, donde fue sentenciado a 20 años de cárcel en el año 2018.
El diputado Eugenio Quispe, también del MAS, fue acusado y encarcelado por violar a su sobrina de 14 años en 2018.
La oposición
Al respecto, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Enrique Urquidi, dijo este miércoles que “el MAS durante 17 años ha degradado de la manera más vergonzosa el servicio público, con parlamentarios que han estado involucrados en violaciones, violencia familiar, acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas y otro tipo de denuncias”.
La especialista en derechos, Iris Baptista, lamentó el uso político de estos casos porque el fondo del asunto debería ser la seguridad, la violación de los derechos y la integridad personal y el derecho a la vida de estas mujeres.
Comunidad Ciudadana ha pedido la renuncia de Jáuregui, mientras que el ministro de Justicia, Iván Lima, ha señalado que el caso se tratará con responsabilidad por respeto a la víctima y porque se trata del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
