Presentación del Informe sobre Libertades de Unitas. Foto: Yenny Escalante
Las vulneraciones a la libertad de reunión pacífica y al derecho a la protesta disminuyeron un 74,74% en Bolivia durante 2025, mientras que las afectaciones a la libertad de asociación se redujeron un 5,56%, según el informe Libertades Fundamentales e Institucionalidad Democrática en Bolivia 2025 del Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS. No obstante, el estudio advierte que persisten la represión estatal frente a las movilizaciones y las trabas a organizaciones sociales y trabajadores.
Durante 2025, el Observatorio registró 24 vulneraciones a la libertad de reunión pacífica y al derecho a la protesta, frente a las 95 reportadas en 2024. Aunque la reducción fue la más pronunciada entre todas las categorías analizadas, el informe sostiene que la respuesta estatal frente a las movilizaciones continuó caracterizándose por el uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social.
Entre los hechos documentados figuran la represión policial contra comunarios de Cotapachi, en Cochabamba; el hostigamiento a pobladores de Ascensión de la Frontera, en Santa Cruz; la intervención policial durante los conflictos protagonizados por sectores afines a Evo Morales, que dejó tres personas heridas en junio; así como la actuación de la fuerza pública contra un maestro del magisterio urbano y un chofer que protestaba por el congelamiento de pasajes en La Paz. También se registraron acciones contra trabajadores de salud y de la Guardia Municipal de Santa Cruz. Para UNITAS, estos episodios muestran que la represión estatal sigue siendo el principal mecanismo de respuesta frente a la protesta social, afectando principalmente a los trabajadores.
En cuanto a la libertad de asociación, el Observatorio contabilizó 17 vulneraciones durante 2025, una menos que en la gestión anterior. El informe señala que septiembre concentró el mayor número de casos, cuando verificadoras digitales fueron blanco de campañas de desprestigio impulsadas por grupos anónimos antes de la segunda vuelta electoral entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga.
El documento también identifica otros hechos que restringieron el derecho de asociación. En marzo, tres trabajadores de la empresa TREBOL S.A. fueron reprimidos tras denunciar despidos y exigir su reincorporación. En mayo, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo fue señalado por obstaculizar la obtención de personería jurídica de la Asociación Alianza Boliviana de Cuidados Paliativos y de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares mediante trabas y dilaciones administrativas.
Asimismo, el informe destaca el despido del guardaparque Marcos Uzquiano por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), luego de denunciar incendios y caza ilegal en áreas protegidas y reclamar mejores condiciones laborales para los guardaparques. Según UNITAS, estos casos reflejan el desgaste de los mecanismos de organización y defensa de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.
