Uno de los principales problemas a los que se enfrenta esta especie es el cambio climático. Foto: naturabolivia.org
A tres años de la muerte de un oso andino o jucumari en inmediaciones del Área Natural de Manejo Integrado El Palmar, en Chuquisaca, el caso se encuentra en fase de juicio oral, público y contradictorio. La próxima audiencia está prevista para este 16 de septiembre, dentro del proceso iniciado por los delitos de biocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y delitos ambientales.
El hecho ocurrió el 30 de julio de 2023, en la comunidad de Rumi Cancha, colindante con el área protegida. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, un grupo de pobladores persiguió a un ejemplar de jucumari con piedras, palos y perros, hasta obligarlo a salir de los límites del área protegida. Posteriormente, el animal murió por asfixia mecánica por ahorcamiento, además de presentar politraumatismos y mordeduras.
Después de su muerte, el cuerpo fue desmembrado y distintas partes, entre ellas extremidades, costillas, lomo y piel, fueron encontradas en poder de los investigados, según los antecedentes del proceso.
Tres personas fueron identificadas como presuntos autores materiales: Santos Yucra Zurita, Francisco León Koanqui y Doroteo Flores Quispe, quienes enfrentan el proceso penal en libertad.
Una especie vulnerable
La preocupación de las organizaciones ambientalistas no se limita a la crueldad del hecho. El oso andino cumple un papel importante en los ecosistemas y es considerado un dispersor de semillas, por lo que su presencia contribuye a la regeneración de los bosques.
En 2023, el biólogo Mauricio Peñaranda calificó el caso como una “tragedia” debido a la reducida población de jucumaris que se estimaba entonces en el Área Protegida El Palmar. En declaraciones recogidas por Correo del Sur, el especialista señaló que podrían existir entre 20 y 30 ejemplares, aunque aclaró que no se contaba con un registro exacto.
Con ese contexto, las organizaciones que siguen el proceso sostienen que la pérdida de un solo ejemplar puede tener relevancia para una población pequeña y vulnerable.
Las organizaciones defensoras de la fauna también cuestionan que eventuales conflictos entre animales silvestres y actividades ganaderas puedan resolverse mediante acciones particulares.
En caso de que un ejemplar de fauna silvestre ingrese a zonas productivas o genere daños, corresponde activar los mecanismos de denuncia y atención establecidos por las autoridades competentes, en lugar de recurrir a la persecución o muerte del animal. El proceso judicial deberá determinar las responsabilidades individuales de los acusados y establecer, con base en las pruebas presentadas, si incurrieron en los delitos por los que fueron procesados.
Pruebas científicas y ambientales
De acuerdo con los antecedentes fiscales, la investigación cuenta con pruebas periciales de carácter científico y veterinario, además de la participación de la investigadora de la Universidad de Oxford Ximena Vélez Liendo.
La acusación sostiene que los hechos podrían adecuarse al delito de biocidio, previsto en el artículo 350 Ter del Código Penal, además de otros delitos vinculados con la destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y delitos ambientales.
El proceso también hace referencia a disposiciones de la Ley 1333 de Medio Ambiente relacionadas con la cacería, tenencia, acopio y comercialización no autorizada de especies animales o sus derivados cuando se pone en riesgo su conservación.
El Ministerio Público de Sucre interviene como acusador de oficio. También figuran como acusadores particulares el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Gobernación de Chuquisaca, además de organizaciones que participan en la defensa de la fauna y el medio ambiente.
La Fundación Protectora de Animales de Sucre informó que el 9 de septiembre remitió una carta a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental para solicitar su acompañamiento institucional a las acciones jurídicas relacionadas con la defensa del Área Protegida El Palmar y de la fauna silvestre.
Las organizaciones convocaron además a un plantón ciudadano el 15 de septiembre en Sucre, un día antes de la audiencia, y pidieron a la ciudadanía y a los medios de comunicación realizar seguimiento y veeduría del proceso.
Su demanda es que el caso avance con respeto al debido proceso y que, si la autoridad judicial determina responsabilidad de los acusados, se aplique la máxima sanción que corresponda conforme a la ley.
La audiencia del 16 de septiembre marcará una nueva etapa de un proceso que, tres años después de la muerte del jucumari, busca establecer responsabilidades por un hecho ocurrido en el entorno de una de las áreas protegidas de Chuquisaca.
