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“Por nada del mundo revelaremos nuestra fuente”. La respuesta firme fue expresada por la periodista Dalia Surubí Salvatierra ante un requerimiento de la Fiscalía que exigía revelar la fuente de información de una denuncia publicada en la página “Entre comillas” y que cursa en la justicia.
Surubí reporta desde Puerto Quijarro, un municipio localizado en la provincia Germán Busch, distante a 640 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil.
La periodista independiente dirige y reporta desde una página de Facebook denominada “Entre comillas”, y en ella publicó los nombres de dos mujeres investigadas por supuestas amenazas contra una persona de la tercera edad.
Las mujeres presentaron denuncia por calumnia y difamación contra la reportera, y exigieron a través de la Fiscalía que revele la identidad de la persona que entregó sus nombres como investigadas, según relato de Surubí a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
El intento de vulneración del artículo 8 de la Ley de Imprenta que protege el secreto de fuente informativa, fue rechazado por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, y los asesores legales de la entidad, Raquel Guerrero y Roberto Méndez, lograron que el fiscal, Freddy Durán, deje sin efecto la petición el 4 de septiembre.
La presidenta de la organización, Maggy Talavera, señaló que el reconocimiento del fiscal Durán a la Constitución Política del Estado (CPE) es una nueva batalla ganada a favor de la Ley de Imprenta y del derecho ciudadano de acudir a los medios de información para denunciar temas que le preocupan.
“He vuelto a trabajar con tranquilidad aunque el Fiscal no dio la cara este 5 de septiembre cuando esperábamos que diera una conferencia de prensa para presentar sus disculpas, pero no apareció con la excusa de que estuvo atendiendo audiencias y le atribuyó a su secretario la culpa por la emisión del requerimiento”, agregó la periodista que no recibe solidaridad de sus colegas locales.
Desde hace dos años, Surubí reporta noticias mediante Facebook desde Puerto Quijarro, una población con 8.000 habitantes dedicados en su mayoría al comercio por la conexión fronteriza con la ciudad brasileña de Corumbá.
Durante el conflicto de octubre y noviembre de 2022, cuando organizaciones cívicas del departamento de Santa Cruz demandaron la realización del censo de población en 2023, la periodista sufrió amedrentamiento y constantes amenazas por emitir informes sobre las protestas registradas en la región.
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