Ministro de Justicia, Cesar Siles, en el programa Los Hechos Cuentan de Bolivia Tv. Foto: BTV
Luego del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el estado boliviano el 21 de enero, el ministro de Justicia, César Siles, aceptó las recomendaciones de los 99 países y dijo que se deben realizar varios cambios, principalmente en el tema del matrimonio infantil, el trabajo infantil, la justicia y la independencia de los jueces.
«Nos están midiendo al Estado boliviano en materia de derechos humanos (…) Fundamentalmente, las recomendaciones se centraron en el matrimonio infantil, bastantes países opinaron y recomendaron a Bolivia eliminar el matrimonio infantil, hombre y mujer únicamente pueden casarse después de los 18 años, no antes, como permite nuestra normativa. Otro aspecto, (prohibir) el trabajo infantil; y otro aspecto es el acceso a la justicia y el principio de independencia de los jueces», expresó Siles en el canal estatal Bolivia Tv este domingo.
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que tiene el propósito de evaluar la situación de los derechos humanos en los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este procedimiento se lo realiza cada cuatro años y medio. Bolivia fue examinada los años 2009, 2014 y 2019. Resultado del tercer ciclo del EPU, Bolivia recibió 238 recomendaciones de los otros Estados y este 2025, recibió 275 recomendaciones.
Respecto a la recomendación de este 2025 en cuanto al acceso a la justicia, Siles indicó que planteará las revisiones correspondientes en la Comisión 898, la cual fue recientemente relanzada con las diferentes instituciones del sector justicia.
En cuanto a la independencia de los jueces, el Ministro señaló que el 99,9% de los jueces están institucionalizados, no obstante, aceptó que «eso no garantiza independencia (…). Tenemos que trabajar, ahora que ya el 99,9% de los jueces son de carrera, en el proceso de evaluación de desempeño que tenemos que sentar las bases este año del Bicentenario 2025», añadió.
Consultado si Bolivia recibió una «buena calificación» en el EPU realizado en Ginebra, Suiza, Siles dijo que sí, y que los resultados oficiales se conocerán en dos meses, los cuales van a traducirse en nuevas recomendaciones. Agregó que «parte importante» de las recomendaciones del 2019 fueron cumplidas.
Siles indicó que escucharon atentos las recomendaciones que hicieron personajes locales como la representante de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá; el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé; y, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la transmisión del EPU que se realizó en la ciudad de La Paz.
«Además del sufragio internacional, también nos sometemos al sufragio local, hemos visto con atención y hemos escuchado los comentarios que se emitieron después del Examen Periódico Universal por instituciones de la sociedad civil y el Defensor del Pueblo, el expresidente Rodríguez Veltzé, la activista Mónica Bayá, emitieron comentarios que atentamente los recibimos, la mayor parte ponderando el trabajo del Estado boliviano en materia de derechos humanos, porque este EPU no es de un gobierno de turno, es del Estado boliviano», sostuvo.
Este año, 99 países hicieron las recomendaciones a Bolivia, entre las que destacan el pedido de justicia independiente, fortalecimiento de libertades y protección a defensores de derechos, periodistas y grupos vulnerables.
Algunas recomendaciones
Ocho países observaron la situación que atraviesan periodistas y medios de comunicación en Bolivia. Liechtenstein, Corea, Suecia, Reino Unido, Canadá, Chequia, Francia e Italia recomendaron al Estado boliviano prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de vulneración hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
Países como República Checa, Rumania y España, por su lado, sugirieron a Bolivia aprobar la ley de acceso a la información. El año pasado, el Senado aprobó este proyecto presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil y no ha sido tratado aún por la Cámara de Diputados.
Cinco países recomendaron a Bolivia asumir acciones para garantizar la autonomía e independencia de las organizaciones de la sociedad civil: Países Bajos, Irlanda, Polonia, Argentina y Colombia.
Argentina, por ejemplo, recomendó al Estado boliviano “respetar la autonomía e independencia de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones religiosas y de derechos humanos”.
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