Contaminación en Bolivia. Foto: Defensoría del Pueblo
El Defensor Pueblo Pedro Callisaya alertó una degradación ambiental en el país y exigió al Estado, en todos sus niveles de gobierno, adoptar medidas urgentes para evitar que la población sufra daños irreversibles.
“La degradación ambiental ya no es una amenaza futura, es una situación que estamos pagando en este momento; por lo tanto, exigimos a las diferentes autoridades de los diferentes niveles de gobierno que realicen las acciones necesarias, porque de lo contrario vamos a tener problemas latentes con agua, con basura, con incendios, con minería ilegal”, señaló Callisaya.
El Defensor del Pueblo recordó que la institución defensorial, desde la gestión 2023, viene emitiendo alertas al Estado acerca del proceso de degradación ambiental y afectación a los derechos de la Madre Tierra, en temas de incendios, agua, minería y residuos sólidos, agravados por fenómenos climáticos como el “Súper Niño” y el modelo extractivista que tiene nuestro país.
En materia de incendios, la autoridad defensorial señaló que, a partir de una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo, las diferentes instancias de Estado no han cumplido a cabalidad la Resolución Constitucional 233/2024. En cuanto a rendición de cuentas, sólo el gobierno municipal de Concepción cumplió con la normativa; en prevención, el Gobierno central presentó un Plan Nacional, entre otros.
Respecto a la gestión integral del agua, desde 2023 la Defensoría del Pueblo impilsó acciones constitucionales en materia de contaminación por mercurio y cianuro, logró sentencias y resoluciones constitucionales en el caso de Río Beni, Litio, incendios, entre otros. Sin embargo, quedan pendientes de cumplimiento la sentencia constitucional para mitigar la contaminación por los residuos de la ex mina La Solución en Hampaturi y la contaminación biológica parasitaria detectada en el agua potable
En materia de debida diligencia y el sector minero, el 82,3% de las emisiones nacionales de mercurio son generadas por minería aurífera y los niveles de contaminación. Asimismo, los niveles de contaminación registrados en personas superan las 7,58 partes por millón (ppm), por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Uno de los datos más preocupantes corresponde a las mujeres del pueblo Ese Ejja, cuyos niveles promedio de mercurio superarían hasta 20 veces el límite de 1 ppm.
En cuanto a la gestión integral de residuos sólidos, hasta la fecha, ningún municipio o gobernación habría cumplido con la Sentencia Constitucional 460/2022, que establece la sustitución progresiva del uso de bolsas plásticas hasta la gestión 2027, actualmente hay un promedio de uso de 400 millones de bolsas al año. Asimismo, ante el conflicto por el recojo de la basura en la ciudad de La Paz, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción popular para restituir el servicio mientras se resuelva el conflicto entre el municipio y la empresa de recolectora.
Entre las gestiones 2023 y 2026, la institución defensorial emitió 266 notas exhortativas, 43 intervenciones defensoriales, 35 campañas masivas de sensibilización y 14 investigaciones formales como alerta de la continua profundización de la crisis ambiental y la afectación a los derechos de la Madre Tierra.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo instó a las autoridades de los diferentes niveles del Estado a “asumir una actitud proactiva frente a problemas de incendios, agua, minería ilegal o de residuos sólidos”, concluyó.
