Peritos de la Policía en el lugar donde se produjo el crimen. Foto: Internet.
En un pronunciamiento titulado «Independencia Judicial en Riesgo: la sociedad civil exhorta a la acción inmediata del Estado», una coalición de más de 60 organizaciones de derechos humanos, redes y colectivos expresaron su profunda consternación por el asesinato de Víctor Hugo Claure, magistrado del Tribunal Agroambiental.
El crimen, ocurrido la noche del 30 de abril de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, ha sido calificado por los firmantes como un hecho de extrema gravedad que no solo atenta contra la vida de una autoridad, sino que vulnera la seguridad del sistema judicial en su conjunto.
El documento subraya que el Estado boliviano tiene la obligación ineludible de proteger a sus autoridades judiciales frente a presiones y ataques. Según las organizaciones, el asesinato de Claure se produce en un contexto de conflictividad en materias sensibles, donde el ejercicio de la justicia está expuesto a riesgos particulares.
«La impunidad en casos de violencia contra autoridades judiciales genera un efecto amedrentador incompatible con el acceso a la justicia», señala el comunicado.
Ante la gravedad de los hechos, las instituciones y personas defensoras de derechos humanos plantean tres exigencias: investigación imparcial e inmediata de los hechos para identificar a los autores materiales eintelectuales del crimen; medidas de protección para otros operadores de justicia que puedan estar en riesgo; y lucha contra la Impunidad.
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de 61 instituciones, entre las que se hallan UNITAS, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia, la Comunidad de Derechos Humanos, y diversas asambleas permanentes de derechos humanos. Asimismo, un grupo destacado de defensores suscribieron el documento reafirmando que la verdad y la justicia son pilares esenciales para el Estado de Derecho en Bolivia.
