Por Rodolfo Huallpa
Reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz
Muy pocos casos de agresión a periodistas son denunciados penalmente. Los pocos que han llegado ante la Policía o el Ministerio Público entre 2023 y 2024 han sido cerrados o no avanzan en la investigación, dejando a los agresores impunes y libres, y a periodistas con secuelas, miedos y resignados con un Estado que no cumple con su obligación de prevenir, proteger y procurar justicia en delitos que atentan contra las libertades de expresión y de prensa, incluso con recomendaciones específicas emitidas por organismos internacionales que instan a crear una instancia para la protección de periodistas.
Las cifras de la violencia hacia los periodistas en Bolivia son crecientes y constantes. Según el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, en 2023 se han registrado 143 casos que atentan contra la libertad de prensa en el país, un promedio de una agresión cada dos o tres días. Al primer cuatrimestre de este 2024, la cifra ha llegado a los 26 casos. De estos números, son muy pocos los casos que han llegado a ser denunciados ante la Fiscalía.
Son un total de 11 periodistas y camarógrafos que han decidido denunciar ante el Ministerio Público las agresiones que han sufrido en la cobertura de hechos noticiosos: Rodrigo Fernández de La Paz, Armando Montecinos y Jorge Huanca de Oruro, y Miguel Angel Rivero, Joel Orellana, Leonardo Gil, Mario Rocabado, José Tarqui, Guider Arancibia, Noelia Flores y Ariel Vargas de Santa Cruz. Los datos son del Observatorio de UNITAS.
La característica es casi similar, los agresores son funcionarios del Estado, sean estos policías o incluso jueces y fiscales que no cumplen con su deber de investigar estos hechos, haciendo que el periodista sufra no sólo por la agresión recibida, sino también por la inacción de fiscales que no investigan y jueces que no imparten justicia. Otros casos tienen que ver con periodistas vulnerados por cooperativistas mineros o grupos de choque. A continuación, el drama que a muchos de ellos les ha tocado vivir.
El periodista Rodrigo Fernández buscó justicia y recibió la indiferencia del Estado
Rodrigo Fernández es un periodista que trabaja en la red Erbol de la ciudad de La Paz. Él sufrió la pérdida auditiva del oído izquierdo, producto de la explosión de un petardo en su hombro, que, según su testimonio, fue disparado por un grupo de choque del MAS en la cobertura que hacía a una manifestación de la población paceña en enero de 2023, en demanda de la libertad de los presos políticos. En esa ocasión, al menos nueve periodistas de diferentes medios fueron agredidos, pero Rodrigo fue el más afectado.
Él denunció el caso ante el Ministerio Público, que muy poco hizo para dar con los autores del hecho. La investigadora asignada fue la fiscal Viviana Quispe, quien meses después de presentada la denuncia, determinó cerrar el caso debido a la falta de pruebas que, denunció Fernández, se esperó a que él presentara e investigara. “Yo no debería enseñar a investigar a un funcionario de la Policía que está preparado para eso”, reclamó el periodista.
“Considero y puedo afirmar que la agresión y daño que han causado en mi salud, en mi oído izquierdo, ha quedado en impunidad. Los agresores están impunes. Hay antecedentes que a vista y paciencia los policías no impiden que estos afines (al MAS) utilicen estos petardos y los apunten contra la integridad física de las personas y es evidente y reiterativo. A vista y paciencia de los policías ocurre aquello”, deploró Fernández.
El periodista comentó que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lo llamó horas después de la agresión para expresarle su solidaridad y apoyo, pero, dijo, sólo fueron palabras que no se concretaron en hechos que permitan buscar justicia y reparación del daño.
Para Fernández es irónico que el gobierno brinde apoyo cuando es, según él y con pruebas de otras coberturas periodísticas, el que organiza estos grupos de choque. “Ellos (el Gobierno) dicen defender a la prensa y a la libertad de expresión, pero por debajo, si no son ellos, sus colaboradores son los que organizan estos grupos de choque y es más que evidente que obligan (a los funcionarios) a ser violentos”, denunció.
Siete policías están impunes de las agresiones a periodistas en Santa Cruz
Fines de 2022 y principios de 2023 fue una temporada de alta violencia a periodistas en Santa Cruz, por las protestas en demanda de la realización del Censo y la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. En ambas manifestaciones, la Policía y grupos de choque vinculados al gobierno central salieron a las calles para levantar a través de la fuerza o de forma violenta a ciudadanos que protestaban, las víctimas no sólo fueron personas civiles, sino también periodistas. Cinco de ellos iniciaron acciones legales ante la Policía y el Ministerio Público: Miguel Angel Rivero, Joel Orellana, Leonardo Gil y Mario Rocabado de la red Unitel y José Tarqui del medio digital Periodismo Somos Todos.
La abogada que lleva el caso de la mayoría de los periodistas es Raquel Guerrero, que apoya este proceso junto a la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Ella confirma que varios de estos casos no avanzan en la Fiscalía, debido principalmente a que desde esa institución se espera que las pruebas y pesquisas las realicen los mismos denunciantes.
“Tanto los fiscales policiales como el fiscal de materia de la justicia ordinaria, mientras vos no lleves estas pruebas a su escritorio no hacen absolutamente nada, no hay investigación de oficio”, reprochó la jurista.
Uno de los casos que más ha indignado al gremio periodístico tiene que ver con el teniente Víctor Hugo Santelices, quien integró un grupo de siete policías que golpearon a Joel Orellana y Miguel Angel Rivero el 1 de enero de 2023, durante la cobertura de las represiones a las manifestaciones por la detención de Camacho en Santa Cruz. Luego de un año y medio de presentada la denuncia, en junio de este año, la fiscal Marioly Torrez determinó cerrar la investigación, libró de culpa a Santelices y dejó sin efecto la imputación que ya se había expedida en contra del policía por los delitos de lesiones graves y leves. Santelices, semanas antes, había ofrecido 100 dólares a las víctimas para negociar la suspensión de esa imputación.
Guerrero dio a conocer que frente a la acción fiscal, se presentó un amparo para reabrir el caso en la vía disciplinaria, decisión que una sala constitucional aprobó. “Ahora esperamos que los fiscales policiales formulen una imputación y den de baja al policía agresor”, espera la jurista, quien lamenta que la Policía tampoco investigue a los otros seis policías que acompañaban a Santelices el día de la agresión. “Estos seis policías están quedando obviamente sin investigación, impunes, después de las agresiones que les hicieron a los periodistas Orellana y Miguel Ángel Rivero”, fustigó y lamentó que la Policía no haya brindado los nombres de estos efectivos hasta la fecha.
El caso de la periodista Noelia Flores: el drama de denunciar y desgastarse tratando de buscar justicia
“Me afecta este tema. Me cansa y no me imagino cómo les afecta a las mujeres víctimas de violencia”, así la periodista Noelia Flores de Santa Cruz confiesa el desgastante suplicio que significa buscar justicia ante los tribunales y las oficinas fiscales en un caso de agresión.
El 9 de mayo pasado, en la Gobernación de Santa Cruz, Flores fue agredida por policías que resguardan esa institución, que inicialmente le impidieron ingresar a una cobertura y, luego de lograr el permiso y haber ingresado a estas instalaciones, la retiraron violentamente de las instalaciones, agarrándole los brazos, la espalda y el cuello, además de propinarle golpes en el estómago y apretarle los senos. “Mientras eso pasaba, a mi camarógrafo le bajan la cámara para que no grabe lo que me estaban haciendo”, denunció Flores en ese momento.
Flores denunció el hecho ante la Fiscalía por los delitos de lesiones graves y gravísimas y restricciones en el acceso a la información. La fiscal asignada al caso fue, nuevamente, Marioly Torrez, quien desestimó el segundo delito. Hasta la fecha, no puede acceder a los nombres de las policías agresoras, lo que impide que el proceso avance.
“Esperamos la lista del equipo de policías que estaba de turno justo aquel 9 de mayo. Ahí estamos atascados, porque no hemos obtenido eso, pese a que ya fue aceptada la denuncia, pero es un retroceso porque no se tiene mayor avance”, lamentó la periodista.
¿Cuánto afecta psicológicamente denunciar un hecho de violencia? Noelia se frustra y expresa que es “desgastante” entrar en un proceso de estas características, primero por el trabajo, si bien le han ofrecido apoyo, cree que continuar con este proceso podría afectar en su permanencia en la red ATB, donde hace periodismo desde hace 13 años. No sólo eso, revivir esta experiencia una y otra vez le genera cambios de conducta y alteran su estado de ánimo. “Psicológicamente te desgasta, pero no quiero que le pase a otras personas”, confesó.
Fiscalía no da con los autores de la agresión de mineros a periodistas en Oruro
El 16 de junio de 2023, los periodistas Armando Montecinos y Jorge Huanca fueron víctimas de una agresión proveniente de mineros cooperativistas que, con dinamitas, golpes, destrucción y robo de equipos, impidieron a ambos filmar un acto de desalojo a la cooperativa La Luminosa, que opera en una mina del Cerro San Pedro en Oruro. A ambos los botaron al suelo y los golpearon. A Montecinos le robaron el celular, micrófono y pedestal, y a Huanca le arrebataron su teléfono móvil.
Ese mismo día, ambos presentaron una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por el robo de equipos y agresiones graves y leves. En el primer caso, comentó Huanca, luego de tres semanas, los cooperativistas les repusieron sus equipos. En el segundo caso no se tuvo mayores avances, incluso en un momento desaparecieron las imágenes y videos que estaban en posesión de los investigadores. Hasta la fecha el caso continúa sin la identificación de los autores materiales del hecho.
A un poco más de un año de presentada la denuncia, aún “no ha llegado ni la imputación, ni menos ha habido presión de la Policía para identificar a responsables, ni la Fiscalía ha soltado la orden para tratar de identificar a los responsables a través de los dirigentes de La Luminosa”, lamentó Huanca.
La agresión a ambos periodistas se dio en la cobertura de una acción para demandar el retiro de la cooperativa La Luminosa del Cerro San Pedro, que, según Huanca, mantiene sus actividades en medio de un “silencio de las autoridades” como la Policía, el Concejo Municipal o la Alcaldía, que no dan cumplimiento a fallos judiciales que ordenan la paralización de esas actividades mineras.
El caso Las Londras en riesgo de cerrarse por inacción judicial y fiscal
El próximo 28 de octubre se cumplirán tres años del secuestro y tortura que sufrieron seis periodistas en la hacienda Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, en un hecho que se considera el de mayor violencia ocurrido en contra de periodistas en el último tiempo en Bolivia. El proceso penal que se sigue en contra de los agresores, un grupo de avasalladores de tierras, está en riesgo de poder cerrarse, debido a que el código de procedimiento penal establece que la duración máxima de una acción penal es de tres años, pasados los mismos, “el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.
“Se van a cumplir tres años desde que se inició este proceso y se puede cerrar. Es lo más doloroso, porque así la ley lo permite”, lamentó Percy Suárez, entonces camarógrafo de la red ATB y quien logró filmar a sus agresores el día del secuestro, cuando con escopetas y tapados con pasamontañas, estos avasalladores impidieron a la prensa y a la Policía ingresar al sector de Las Londras.
El problema que tanto Suárez como la abogada Raquel Guerrero identifican en este caso es la falta de diligencia del Ministerio Público y del juzgado de Concepción, que, de manera insólita, han pedido a las mismas víctimas ir a notificar con la acusación fiscal a sus agresores para dar comienzo al juicio oral. No sólo eso, además de llevarles la notificación, les han pedido llevar las cinco mil fojas de documentos del proceso a cada uno de los cinco acusados de este caso. Tres de ellos se encuentran con medidas sustitutivas a la detención preventiva y otros dos sin medidas cautelares.
“¿Qué nos dice la juez? Que nosotros tenemos que ir a notificar a las personas que nos agredieron. Tenemos que ir hasta San Julián a buscarlos. Tenemos que ir con el folder a notificar uno por uno para que ellos se presenten al juicio, cosa que no va a suceder porque yo no voy a arriesgar mi vida, ni tampoco la doctora Guerrero”, cuestionó Suárez, quien relató que el sólo hecho de asistir al juzgado le implica a él y a su defensa un viaje de seis horas de la ciudad de Santa Cruz a la población de Concepción.
Guerrero mencionó que una opción para la notificación es el edicto, pero se les ha rechazado esa posibilidad. “Ellos (el tribunal) nos exigen que nosotros seamos quienes los notifiquemos en sus casas (a los acusados). Están colaborando a la impunidad”, cuestionó la abogada.
Para la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, este caso es el reflejo de la impunidad de la violencia a periodistas. “Consideramos que es un ejemplo claro de que no se cumple el debido proceso, de que hay protección a quienes violentan a periodistas y que este caso, desde nuestra percepción, va a ser uno de los más graves ejemplos de impunidad”, sintetizó.
«No es tuición del Estado», dice ministro sobre la creación de un mecanismo no estatal recomendado por el GIEI para proteger a periodistas
Los periodistas que recurrieron a la vía penal para buscar justicia, y no la obtuvieron, muestran que las instituciones destinadas a investigar y sancionar a los responsables de actos de violencia en contra de periodistas no asumen su responsabilidad, como es el caso de la Fiscalía, el Órgano Judicial o la Policía, pero muestra también la indiferencia de autoridades del Órgano Ejecutivo frente a casos que atentan contra la libertad de expresión.
Como parte de la violencia en contra de periodistas suscitada en los conflictos sociales y políticos de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió su informe sobre estos hechos en julio de 2021. La recomendación 27 insta a “crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.
Para la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, esta recomendación obliga al Estado a crear esta instancia para que periodistas reciban atención, reparación social y psicológica y, si es necesario, hasta económica de parte del Estado. “Vamos a exigir el cumplimiento de la recomendación 27 que establece la creación de un mecanismo autónomo sin interferencia estatal para que los casos de violencia contra periodistas puedan ser investigados, sean procesados en el contexto de las condiciones del debido proceso y consigan reparación y justicia”, exclamó.
Consultado sobre cuánto se ha avanzado en la recomendación 27, el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que al referirse el GIEI a una instancia no estatal, esta recomendación “no es tuición del Estado”.
“En particular, se entiende que la Recomendación 27 está dirigida a Sociedad Civil, toda vez que se refiere a la creación de una instancia no estatal, lo cual no es tuición del Estado”, informó el ministro, según el Informe cuatrimestral enero – abril de 2024 del Observatorio de Defensores de UNITAS, que publica un cuestionario respondido por la autoridad, relacionado a casos de violencia hacia periodistas.
Pese a la interpretación del ministro, el informe del GIEI de manera textual señala que la recomendación 27 está dirigida “al Estado y a toda la sociedad civil boliviana”.
Lima complementa su respuesta haciendo mención al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi). “Desde el Ministerio de Justicia el Sepdavi ya ofrece apoyo y asistencia jurídica y psicológica a víctimas de hechos delictivos”.
En un cuestionario respondido para la presente investigación, el Sepdavi dio a conocer que entre 2023 y 2024 ofreció sus servicios de patrocinio legal, psicológico y social a 11 periodistas en siete casos de violencia; seis de éstos en Santa Cruz y uno en la ciudad de La Paz. Todos los periodistas contactados, de los que el Sepdavi se reserva el nombre por un principio de confidencialidad, rechazaron el ofrecimiento.
Los casos que expone el Sepdavi tienen relación, mayormente, con los trabajadores de los medios de comunicación que fueron agredidos en los conflictos por el paro cívico en demanda de la realización del Censo y la detención de Camacho en Santa Cruz. El único caso de La Paz hace referencia a una periodista convocada por la Fiscalía en calidad de testigo, la que también optó por no aceptar el ofrecimiento.
Para el Sepdavi, los argumentos que esgrimen los periodistas contactados para rechazar sus servicios tienen que ver con que “cuentan con abogados particulares, que al estar agremiados cuentan con un abogado de su asociación, que no tienen tiempo para venir a la entidad y otros”.
Alanes mencionó que, en una reunión con autoridades del gobierno central, la ANPB dejó establecido que el Sepdavi no es la instancia que recomienda el GIEI para la atención de casos de violencia contra periodistas.
De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), la seguridad de los periodistas es una “obligación estatal”, cuyos deberes se resumen en tres puntos: prevenir, proteger y procurar justicia. En materia de protección, la OEA invoca a los Estados a brindar seguridad a periodistas cuyas vidas o integridad estén en peligro y cita casos de mecanismos de protección destinados a ese fin, como el caso de Colombia o México. A continuación, se presentan los modelos que estos dos países han adoptado para proteger a periodistas.
De salvar vidas a no ser efectiva, así fue la evolución del mecanismo de protección a periodistas de Colombia
En Colombia, los periodistas son considerados como una población en riesgo debido a la violencia, sobre todo, del conflicto armado. El año 2000, a través del decreto nacional 1952, se creó el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales a cargo del Ministerio del Interior, un mecanismo considerado el primero en América Latina en combatir la violencia a este sector.
Este programa vino acompañado de un comité de evaluación de riesgos, conformado por representantes del Estado y de la sociedad civil, cuya función es evaluar casos y recomendar la adopción de medidas de protección en favor de periodistas, cuya “vida, integridad, seguridad o libertad” estén en riesgo.
11 años después de la creación del programa, el gobierno colombiano hizo cambios en la estructura del mecanismo a través de la unificación de todos los sistemas de protección de personas en riesgo en el “Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades”, en los que se identifica a 16 poblaciones en riesgo, incluidos periodistas. Se definen medidas como cursos de autoprotección, patrullaje y revistas policiales, esquemas de protección individual (carros blindados, conductor, escoltas), transporte, reubicación temporal, ayuda económica, seguridad en el trabajo y/o residencia, entre otras para su protección.
Si bien en su momento este programa pionero en la protección de periodistas en América Latina permitió “salvar vidas”, según el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, hoy en día es una institución que “perdió la naturaleza” y “no es efectiva”.
“Este mecanismo está centrado en una atención reactiva, es decir después de que sucede la amenaza o el hecho de violencia. No incorpora prevención y todo lo que tiene que ver con articular a instituciones para que se sienta un respaldo al trabajo periodístico y haya unas políticas dirigidas a la prevención”, explica Bock, en entrevista para el presente reportaje.
De acuerdo con los datos que recopila la FLIP, que documenta los ataques a la prensa, la impunidad en casos de violencia a periodistas opera en el 98% de los 169 casos de periodistas asesinados en Colombia desde 1938. De acuerdo con Bock, sólo en un caso hubo una sanción e investigación completa que identificó a autores intelectuales y materiales de estos hechos.
“El factor de impunidad es total y este mecanismo no articula con estas investigaciones en casos de amenazas. Estas son dos grandes falencias del mecanismo: no se trabaja en línea preventiva y la impunidad es absoluta”, resaltó Bock.
Ya el Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, reconoció en 2012 que el programa colombiano enfrentaba obstáculos como “la demora en el análisis de riesgos y la implementación de medidas de protección”, situación que, en la actualidad, todavía presenta. “Se ha convertido en una instancia burocrática, pueden pasar tres o cuatro meses desde que se reciba un caso hasta que se le dé atención”, observó Bock.
Entre enero y abril de 2024, la FLIP documentó 158 casos de agresiones a periodistas en Colombia, siendo la amenaza la principal agresión, con 56 casos, y se han presentado cuatro muertes.
Además del Mecanismo, en Colombia el Ministerio Público cuenta con una unidad de investigación contra delitos a defensores de derechos humanos, entre ellos periodistas. Bock explicó que “esta unidad busca traer justicia a casos del pasado, donde la impunidad es total”, aunque “también es muy difícil procurar justicia en los casos más recientes”, por ejemplo, en los casos de asesinatos a periodistas, en los que “no ha habido investigaciones que estén dando resultados”.
En abril pasado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó estos decesos y recordó que los Estados “deben brindar medidas de protección a la vida y la integridad de los periodistas que estén sometidos a un riesgo especial”.
México cuenta con un mecanismo federal y otros de carácter regional para proteger a periodistas
En México se han reportado 561 agresiones contra la prensa en 2023. En promedio implica una agresión cada 16 horas, de acuerdo con el informe “Violencia contra la prensa en México en 2023 ¿Cambio o continuidad?” de la organización Artículo 19. La cifra incluye a cinco periodistas asesinados y otro desaparecido en el ejercicio de su labor.
Este contexto de violencia es un fenómeno que enfrenta México desde hace muchos años producto, entre otros, del crimen organizado. Es así que desde el año 2012, este país cuenta con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que posibilita la creación de un Mecanismo de Protección a nivel federal que otorga tres tipos de medidas: preventivas, de protección y urgentes para la protección de aquellos periodistas que están en riesgo.
Las medidas van desde instructivos, manuales, cursos de autoprotección hasta la evacuación, reubicación temporal, escoltas, protección de inmuebles, entrega de equipos celulares, cámaras, cerraduras u otros para la seguridad en instalaciones, además de chalecos antibala, detector de metales, autos blindados y demás, según el grado de riesgo. Éstas deben ser otorgadas en un tiempo de nueve horas luego de presentada la solicitud. Cada seis meses se revisan los casos para determinar si la protección continúa, termina, se reduce o se aumenta.
De acuerdo con el informe “Nadie Garantiza mi Seguridad” del CPJ y Amnistía Internacional, desde octubre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2023, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas recibió 943 solicitudes de protección de periodistas, de las que 762 fueron aprobadas y 181 rechazadas. Según ambas organizaciones, desde la fundación del Mecanismo, se han matado a ocho periodistas que estaban bajo su protección.
Iniciativa Sinaloa es una organización de la sociedad civil en México que implementa acciones de protección jurídica para periodistas. El responsable del área jurídica, Daniel Elizondo, menciona que el Mecanismo sí funciona al otorgar medidas de protección, pero una de sus debilidades es el contacto directo con las víctimas en áreas alejadas de la ciudad de México.
“El Mecanismo Federal de Protección sí funciona. Hace acciones como permitir que las personas se vayan de su tierra unos tres meses o algún tiempo, incluso, fuera del país, con tal de quitarlo del foco rojo de la violencia, sólo que a veces hace falta un contacto más directo de esta entidad con los Estados en las ciudades”, observó.
Además del Mecanismo, en México se tiene a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), como la instancia encargada de “dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y perseguir delitos” en contra de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Esta Fiscalía, creada en 2010, ha logrado 191 resoluciones de casos, siendo 41 las sentencias condenatorias entre 2012 y 2024 por delitos de amenazas, robos, tortura y homicidios contra periodistas, según su reporte estadístico a junio de este año.
De acuerdo con la organización internacional Artículo 19, una entidad abocada a la defensa de la libertad de expresión y acceso a la información en México y Centroamérica, la FEADLE “se ha mostrado incapaz de hacer investigaciones exhaustivas y diligentes en todos los casos, dejando a la mayoría de los periodistas en situación de vulnerabilidad y sin acceso a la justicia”.
Al ser un estado federal, los estados de México pueden emitir normativa específica en esta materia. Es el caso de Sinaloa, un estado que logró, por iniciativa de sus organizaciones y fuerzas políticas, aprobar el año 2022 una Ley regional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que crea un Instituto autónomo y con la responsabilidad de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras.
Sinaloa es tristemente famoso por el crimen organizado, especialmente por el Cártel de Sinaloa, uno de los más antiguos y poderosos de México, fundado en la década de 1980. El 2023, el crimen organizado tomó esa ciudad en un evento conocido como el “Culiacanazo 2.0”. Varios periodistas sufrieron amenazas, robo y secuestro de equipos, amedrentamiento y otras vulneraciones.
En ese evento cobró notoriedad el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de DDHH y Periodistas. Según Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, una de las organizaciones que promovió la aprobación de la ley para la creación de este instituto, gracias a su acción se logró brindar medidas de protección a varios periodistas. “Por ejemplo a unos les preguntaron si querían salir de la ciudad o por ejemplo reparar el daño a través de la reposición del material que habían perdido, por ejemplo, el equipo de fotografía, laptops, etcétera”, comentó.
Todavía se hace seguimiento y evaluación al trabajo de este instituto, pero se considera un logro su creación por el contexto que vive Sinaloa. “El deber ser no implicaría que haya este Instituto. En teoría, el Estado debería garantizar el derecho de todos los ciudadanos para tener una libre expresión, entonces en un supuesto donde un Estado tenga óptimas condiciones, no deberían existir estas instancias. Este instituto responde a un tema emergente que requiere el Estado de Sinaloa”, analizó Carmen Garnica, responsable de Vinculación e Incidencia de Iniciativa Sinaloa.
Iniciativa Sinaloa considera que el desafío del Instituto es generar confianza en los periodistas para acudir a éste cuando se encuentren en riesgo.
