(Parte dos del reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz).
Fines de 2022 y principios de 2023 fue una temporada de alta violencia a periodistas en Santa Cruz, por las protestas en demanda de la realización del Censo y la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. En ambas manifestaciones, la Policía y grupos de choque vinculados al gobierno central salieron a las calles para levantar a través de la fuerza o de forma violenta a ciudadanos que protestaban, las víctimas no sólo fueron personas civiles, sino también periodistas. Cinco de ellos iniciaron acciones legales ante la Policía y el Ministerio Público: Miguel Angel Rivero, Joel Orellana, Leonardo Gil y Mario Rocabado de la red Unitel y José Tarqui del medio digital Periodismo Somos Todos.
La abogada que lleva el caso de la mayoría de los periodistas es Raquel Guerrero, que apoya este proceso junto a la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Ella confirma que varios de estos casos no avanzan en la Fiscalía, debido principalmente a que desde esa institución se espera que las pruebas y pesquisas las realicen los mismos denunciantes.
“Tanto los fiscales policiales como el fiscal de materia de la justicia ordinaria, mientras vos no lleves estas pruebas a su escritorio no hacen absolutamente nada, no hay investigación de oficio”, reprochó la jurista.
Uno de los casos que más ha indignado al gremio periodístico tiene que ver con el teniente Víctor Hugo Santelices, quien integró un grupo de siete policías que golpearon a Joel Orellana y Miguel Angel Rivero el 1 de enero de 2023, durante la cobertura de las represiones a las manifestaciones por la detención de Camacho en Santa Cruz. Luego de un año y medio de presentada la denuncia, en junio de este año, la fiscal Marioly Torrez determinó cerrar la investigación, libró de culpa a Santelices y dejó sin efecto la imputación que ya se había expedido en contra del policía por los delitos de lesiones graves y leves. Santelices, semanas antes, había ofrecido 100 dólares a las víctimas para negociar la suspensión de esa imputación.
Guerrero dio a conocer que frente a la acción fiscal, se presentó un amparo para reabrir el caso en la vía disciplinaria, decisión que una sala constitucional aprobó. “Ahora esperamos que los fiscales policiales formulen una imputación y den de baja al policía agresor”, espera la jurista, quien lamenta que la Policía tampoco investigue a los otros seis policías que acompañaban a Santelices el día de la agresión. “Estos seis policías están quedando obviamente sin investigación, impunes, después de las agresiones que les hicieron a los periodistas Orellana y Miguel Ángel Rivero”, fustigó y lamentó que la Policía no haya brindado los nombres de estos efectivos hasta la fecha.
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