La crisis institucional es inexorable, debido a que ninguno de los Órganos del Estado ha mostrado voluntad para encaminar las elecciones judiciales y menos para reformar el sistema de justicia.
Frente a esta situación, la sociedad civil ha empezado a articularse en torno a una demanda: Presidente, declare desastre nacional, pida ayuda internacional y priorice la atención de la emergencia.
El Gobierno tiene entre sus manos una decisión crucial: o cede a los caprichos de los cooperativistas o hace valer los derechos de la mayoría de los bolivianos poniendo un freno definitivo a este sector.
No dejemos solos a los indígenas peleado por aquello que nos beneficia a todos, como el medio ambiente sano, los ríos sin contaminación y el aire limpio. La lucha de los indígenas es la lucha de todos.
La problemática del agua es responsabilidad de todos, pero la competencia legal está en manos del Estado. Ya va siendo tiempo de que se cumplan las obligaciones y compromisos asumidos previamente.
La crisis interna del MAS crea un nuevo elemento de tensión en el país y, lejos de resolver los actuales problemas, los agrava.
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