Editorial Sumando Voces
El acceso al agua es un derecho humano, según manda la Constitución Política del Estado de Bolivia, en sus artículos 16 y 20. Y, por si fuera poco, por impulso de Bolivia, las Naciones Unidas reconocieron «el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».
Sin embargo, es por demás obvio que este derecho no está siendo garantizado por el Estado en momentos en que el país sufre una aguda sequía tanto en el campo como en algunas ciudades.
Luego de que casi 150 municipios se declararon en desastre por escasez de agua, más de 20 organizaciones de la sociedad civil han decidido unir sus fuerzas para iniciar una campaña y veeduría, destinadas a exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar agua para todas las personas.
La acción de estas entidades estará orientada a identificar las competencias de los diferentes niveles del Estado, conocer los planes ejecutados para el resguardo y cuidado del agua y los compromisos asumidos desde 2016 para activar este tipo de emergencias.
Entre las instituciones aliadas por esta causa están UNITAS, la fundación Jubileo, la Asociación de Periodistas de Bolivia, varios medios de comunicación, entidades que defienden el medio ambiente, además de instituciones académicas, lo que le da a la plataforma la legitimidad para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el agua.
El Gobierno ha anunciado las últimas horas la convocatoria al Consejo Nacional de Autonomías para la próxima semana, con la finalidad de abordar esta temática. Si bien las acciones de prevención deberían ser adoptadas de manera sistemática y anticipada, no está demás que el Gobierno se preocupe por este tema cuando la emergencia está encima. Es mejor tarde que nunca.
Además, es de esperar que las autoridades adopten medidas trascendentales para encarar la crisis hídrica y que sean receptivos a la veeduría ciudadana que acaba de inaugurarse, brindando información y escuchando las recomendaciones que seguramente emergerán en adelante. No hay que olvidar que el derecho a la información también está garantizado por la Constitución.
La problemática del agua es responsabilidad de todos, pero la competencia legal está en manos del Estado, por lo que ya va siendo tiempo de que se cumplan las obligaciones y compromisos asumidos previamente. El agua es un derecho, cuidarla es nuestra obligación.
