El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó que el proyecto de ley 157, que da luz verde a la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad y/o empresa agropecuaria, no haya seguido un proceso deliberativo adecuado, pese a que esa institución remitió, el 12 de marzo, una nota oficial exhortando a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a realizar un debate amplio, responsable y técnicamente fundamentado.
La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el jueves por la tarde, pese a una serie de observaciones y cuestionamientos realizados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones dedicadas a la investigación.
«Se trata de una temática estructural que incide directamente en el modelo agrario del país; por tanto, su entrada en vigencia no puede limitarse a una aprobación formal, sino que debe sustentarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impactos», señaló el Defensor.
Las observaciones de la Defensoría
El análisis técnico desarrollado por la Defensoría del Pueblo enviado a la ALP, identificó aspectos relevantes que se esperaba sean considerados en el debate legislativo, entre ellos: la posible modificación del régimen jurídico de la pequeña propiedad agraria; la eventual pérdida de su condición de patrimonio familiar inembargable; la incorporación a dinámicas de mercado que podrían afectar a pequeños productores, y la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de la Función Económica Social (FES).
«Se trata de una temática estructural que incide directamente en el modelo agrario del país; por tanto, su entrada en vigencia no puede limitarse a una aprobación formal, sino que debe sustentarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impactos», enfatizó Callisaya.
Asimismo, la autoridad subrayó que “la deliberación pública y participativa es un pilar fundamental de la democracia, que remarca la necesidad de profundizar la democracia deliberativa en el país, garantizando que la aprobación de leyes incluya debate técnico, participación ciudadana y evaluación integral de impactos, contribuyendo a la paz social y la seguridad jurídica de las poblaciones rurales”.
Finalmente, convocó a las autoridades del Órgano Ejecutivo a facilitar espacios de diálogo amplios, inclusivos y técnicamente fundamentados que permitan prevenir conflictos sociales y fortalecer consensos en torno al modelo agrario del país.
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