Relator José Luis Caballero presentó el informe de seguimiento al GIEI. Foto. CIDH
El relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, que se encuentra de visita en el país, abogó por la realización de las elecciones judiciales, pero también dijo que los cargos no pueden estar acéfalos, luego de que los magistrados del Tribunal Constitucional (TCP) decidieran prorrogarse en sus puestos, medida que se extiende al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
En entrevista con El Deber, dijo que la Comisión hará un llamado a todas las entidades, entre ellas al Legislativo, para que se lleven adelante las elecciones judiciales, pero “también observamos que no se pueden quedar sin la operación de la justicia que requiere que (los cargos) de los titulares de las magistraturas no estén acéfalos”.
“Es muy importante que puedan reconducirse también acciones, que tengan un término correcto en el sentido de que las magistraturas puedan estar ocupadas y en eso la Comisión hará un llamado a todos los actores institucionales del Estado, incluso al Legislativo para que haga lo conducente en lo que se refiere al cumplimiento de sus marcos normativos, reglamentarios para llevar adelante las elecciones judiciales, con independencia y que pueda ser sometida al escrutinio público”, señaló.
Caballero, que llegó para presentar el informe de la Mesa de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI respecto a la crisis del 2019, dijo que “en el tema judicial es muy relevante la independencia judicial para el trabajo de protección a los derechos humanos”.
Añadió que “esto no puede recaer solamente en el Órgano Ejecutivo. Para la Comisión es muy importante que los operadores de justicia tengan total y absoluta independencia, márgenes normativos y reglamentarios muy claros para la conducción de su operación, máxime que tenemos la operación de justicia como una labor constitucional y convencional. Es en aplicación de los tratados internacionales que rige el Estado boliviano y sus compromisos”.
Sobre el 2019
Sobre el tema que lo trajo a Bolivia, Caballero indicó que encontró avances en la aplicación de las recomendaciones del GIEI. “Encontré que hemos avanzado en fases, claramente del cumplimiento de las recomendaciones y he encontrado mucha disposición de las autoridades para la visita de la Comisión Interamericana, para la supervisión internacional”, comentó.
Ante la consulta de que el actual informe no hace mención a las cuestiones estructurales de la justicia, dijo que “tenemos que entender que el informe es un producto secuencial, eso es muy importante. Secuencial en el tiempo y, luego es también secuencial en las medidas”.
Eso implica, que “en el informe no se juega al todo o nada y esto es muy importante advertir, o sea, secuencialmente el informe tiene recomendaciones de reparación que es esta primera etapa con reparaciones de investigación que van en este informe, en esta primera mesa de seguimiento, y posteriormente vendrán las reparaciones estructurales”.
“Ya son cuatro (las recomendaciones que se han cumplido) de manera absoluta, pero otras tienen avances de cumplimiento muy puntuales en las reparaciones”, insistió.
Entre las tareas pendientes, citó el censo de víctimas y la reparación integral, no solamente humanitaria.
Respecto a la recomendación no cumplida de extirpar del sistema penal el delito de terrorismo, dijo que “la recomendación viene muy claramente en la adecuación de los tipos penales y ahí necesitamos que haya mucha mayor intervención del Poder Legislativo para hacer una reforma, digamos, consecuente con lo que el informe del GIEI determinó en sus recomendaciones sobre la adecuación a los tipos penales de sedición y terrorismo”.
Y, ante las críticas en sentido de que los informes se centran únicamente en las víctimas de Sacaba y Senkata, y no reparan en la situación de las víctimas de los casos de Montero, Vila Vila, entre otros, aseguró que la CIDH no puede sostener en el olvido a nadie.
“Nadie que se diga víctima de violaciones de sus derechos humanos puede estar en el olvido de la Comisión. Nosotros tenemos que tener un compromiso muy claro con las organizaciones de la sociedad civil en el sentido de escuchar y de valorar”, señaló.
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