Vulneraciones a la libertad de reunión en 2024. Informe UNITAS 2024
En Bolivia, el 2024 marcó un incremento en las vulneraciones al derecho a la protesta y la libertad de reunión pacífica, según el informe anual del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. Durante el año se registraron 95 casos, lo que representa un aumento del 39% respecto a 2023 (68 registros) y confirma una tendencia de uso excesivo de la fuerza estatal en contextos de manifestación.
La mayoría de los casos (53%) se relacionan con personas heridas por el uso desproporcionado de la fuerza pública, particularmente en situaciones como el fallido asalto militar a Palacio de Gobierno o los conflictos internos en la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari en La Paz. A esto se suman 18 casos de represiones a una protesta, ocho de incumplimiento al deber de garantizar protestas pacíficas y otros hechos que incluyeron criminalización, detenciones indebidas y estigmatización de manifestantes.
Además del fallido asalto militar y la protesta de los denominados “ponchos rojos”, las manifestaciones que dejaron mayor cantidad de vulneraciones, según el informe “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024” de UNITAS, fueron las protagonizadas por el transporte pesado internacional, por seguidores del expresidente Evo Morales —quienes exigían su habilitación como candidato y rechazaban su proceso judicial por estupro y trata de personas— y por los maestros urbanos, éstos últimos, al igual que los campesinos de la Federación Tupac Katari, reprimidos con balines por la Policía.
La Policía es la mayor vulneradora de la libertad de reunión y protesta. Según el informe, acumuló 69 vulneraciones a lo largo de 2024, seguidamente se encuentran las Fuerzas Armadas con 14. “Las vulneraciones cometidas por la fuerza del orden muestran que sus intervenciones están marcadas por el uso intencional y desproporcional de la violencia, dirigida sobre todo a personas particulares, grupos de personas o indígenas”, señala UNITAS.
Sobre las víctimas, el informe da cuenta que 52 registros tienen a personas o grupos de personas como las principales vulneradas en su libertad de reunión y protestas. Le siguen organizaciones sociales (13 registros) e indígenas (12).
Recomendaciones con énfasis en regulación de la fuerza
El informe precisa que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre los hechos de violencia en 2019 recomendó al Estado “adoptar protocolos y normas precisas, integrales y transparentes que regulen la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en las protestas sociales”.
En ese marco, UNITAS urge al Estado boliviano a adoptar “protocolos claros y específicos” sobre el uso de la fuerza durante manifestaciones, que garanticen la proporcionalidad y prioricen la protección del derecho a la protesta. Además, aboga por intensificar la capacitación en derechos humanos.
“Asegurar protección especial para población en situación de vulnerabilidad garantizando que sus manifestaciones no sean objeto de represión desproporcionada y asegurando el respeto a su derecho a la protesta, especialmente en situaciones de conflicto social”, es la segunda recomendación de esta organización.
El informe además recopila recomendaciones realizadas por otros países a Bolivia, en el marco del Examen Periódico Universal 2019, año en que Italia, por ejemplo, pidió “intensificar los esfuerzos encaminados a prevenir casos de excesivo uso de la fuerza, detención arbitraria y tortura” y Costa Rica, por su lado, sugirió “investigar de manera independiente e imparcial los casos de uso excesivo de la fuerza y las denuncias de tortura en el contexto de protestas sociales”.
El informe de UNITAS puede descargarse de la siguiente dirección: https://redunitas.org/download/informe-sobre-libertades-fundamentales-e-institucionalidad-en-bolivia-2024/
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