Las noticias sobre bloqueos en el país son una constante en la vida de todos; entonces, una vez más nos preguntamos si aquello que se demanda a través de un bloqueo, es, siquiera proporcional, al perjuicio que significa para el país en general.
Los bloqueos se han convertido en una herramienta recurrente en distintos contextos sociales, políticos y económicos, donde en países como Bolivia, la conflictividad social encuentra un mecanismo de presión eficaz en la interrupción de vías. Sin embargo, su uso frecuente y casi cotidiano merece una revisión crítica, no desde la negación del derecho a la protesta, sino desde el análisis de sus efectos reales y sus contradicciones.
En principio, los bloqueos pretenden visibilizar demandas que, según quienes los impulsan, no han sido atendidas por los canales institucionales. Bajo esta lógica, se presentan como una medida de último recurso; no obstante, en la práctica se ha constituido en una estrategia cotidiana y casi automática.
Por otro lado, el perjuicio que ocasionan los bloqueos es amplio y transversal, toda vez que afectan el derecho a la libre circulación, interrumpen cadenas de suministro, encarecen productos básicos y ponen en riesgo servicios esenciales como la salud. Entonces, los más afectados no son, por lo general, los destinatarios del reclamo, ya sean las autoridades o estructuras de poder, sino ciudadanos comunes, como trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, pacientes que no acceden a atención médica o pequeños productores que pierden sus mercancías. En ese sentido, el bloqueo traslada el costo de la protesta a quienes no tienen capacidad de resolver el conflicto, lo que desvirtúa su fundamento y razón de ser.
Más aún, existe una contradicción profunda entre los fines que muchos bloqueos dicen perseguir y los medios que emplean, pues cuando una medida de presión genera escasez, inflación o desabastecimiento, termina afectando precisamente a los sectores más vulnerables, aquellos que con frecuencia son invocados como sujetos de protección. Así, la protesta deja de ser un instrumento de reivindicación para convertirse en un factor que agrava las condiciones sociales que dice combatir.
Otro aspecto preocupante es la universalización de esta práctica, ya que cualquier sector recurre al bloqueo como primera opción, lo que revela no sólo una crisis de confianza en las instituciones, sino también una cultura política que privilegia la coerción sobre el diálogo. Entonces, en lugar de fortalecer mecanismos deliberativos o institucionales, se consolida una lógica de imposición donde “quien bloquea más consigue más”.
En suma, los bloqueos como medida de protesta han dejado de ser una herramienta legítima de presión para convertirse en una práctica perjudicial y contradictoria, debido a que al afectar indiscriminadamente a la población erosionan su propia justificación y evidencian la necesidad de reconstruir canales de diálogo y mecanismos institucionales que permitan procesar las demandas sociales sin sacrificar el bienestar colectivo.
Luciana B. Miranda Serrano es investigadora y estudiante de Derecho.
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
