A la izquierda, la denuncia; a la derecha, un animal en un animal en cautiverio. Foto: La Voz de la Naturaleza.
La Sociedad Legal Justicia Ambiental presentó ante el Juzgado Agroambiental de La Paz una denuncia de responsabilidad ambiental contra dirigentes vinculados a los bloqueos de caminos, por los presuntos perjuicios ocasionados a centros de custodia de fauna silvestre que albergan animales rescatados del tráfico ilegal y otras situaciones de vulnerabilidad.
«Señora Juez Agroambiental adscrita al municipio de La Paz: Interpone demanda de responsabilidad ambiental por daños a la biodiversidad y al patrimonio natural del Estado causados por bloqueos de caminos y solicita medidas resarcitorias y precautorias», señala el petitorio del documento.
La acción judicial sostiene que las restricciones de circulación registradas desde el 6 de mayo afectaron de forma directa la continuidad operativa, logística y económica de instituciones como Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY), Senda Verde, ONCA y la Reserva Natural Passiflora, al dificultar el ingreso de alimentos, medicamentos veterinarios, insumos especializados y personal técnico.
Según el memorial presentado, los bloqueos comprometieron el abastecimiento y funcionamiento de los Centros de Custodia de Fauna Silvestre (CCFS), ubicados principalmente en los Yungas y el norte paceño, donde permanecen más de un millar de animales silvestres.
Entre las personas identificadas en la demanda figuran Vicente Salazar y Javier Alejo, vinculados a la dirigencia de la Federación Túpac Katari; Carlos Tancara, Alicia Blanco, Hugo Poma y Ángel Otoya, señalados como delegados del punto de bloqueo en Caranavi; y Mario Argollo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).
La demanda plantea que las limitaciones al tránsito obligaron a los centros a recurrir a mecanismos extraordinarios de abastecimiento, con mayores costos operativos y afectación a su capacidad de atender a la fauna bajo custodia. También advierte que la situación compromete temporalmente las funciones de conservación y protección que estas entidades cumplen en el marco normativo vigente.
El equipo jurídico solicitó medidas cautelares, entre ellas la implementación de un corredor humanitario urgente que garantice el traslado de vehículos, personal e insumos destinados a los centros de custodia. Además, pidió que se evalúe una reparación económica e integral por los gastos extraordinarios y posibles daños institucionales.
“La continuidad del cuidado y protección de la fauna silvestre bajo custodia constituye un interés público que requiere garantías mínimas de operación incluso en contextos de conflictividad social”, señalan los denunciantes.
