Piden a la CIDH revisar situación de defensores de DDHH en el seguimiento a las recomendaciones del GIEI

Derechos Humanos

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El exdirigente de Adepcoca, César Apaza. Foto: Los Tiempos

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenga una mirada estructural y de fondo sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Bolivia y tome en cuenta en su informe de seguimiento a las recomendaciones del GIEI casos como la detención del presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, César Apaza, y otros defensores de derechos que se encuentran criminalizados u obstruidos en la realización de sus labores en Bolivia.

Este fue el pedido realizado por una serie de organizaciones de la sociedad civil que se reunieron la pasada semana con los representantes de la CIDH, que llegaron a Bolivia para hacer seguimiento a las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), en torno a los conflictos políticos y sociales suscitados en 2019.

De acuerdo con Claudia Terán, coordinadora del programa Defensores de UNITAS, en la reunión con el comisionado de la CIDH para Bolivia, José Luis Caballero, las organizaciones hicieron una presentación de casos emblemáticos de defensores de derechos humanos que se encuentran criminalizados u obstruidos en su labor y, en donde se evidencia, la falta de atención estatal o del debido proceso.

“Ciertamente los derechos humanos son integrales y debe haber una mirada estructural y de una mirada de fondo para revisar todos los temas de derechos humanos cuando se hace un informe de seguimiento a un hecho concreto, que es lo que estamos exigiendo a la CIDH y no estamos sintiendo que esté abarcando”, declaró Terán, en entrevista con radio Fides.

Precisó que la CIDH fue “bien contundente” al señalar que sus tareas en Bolivia, con motivo de esta visita, se enmarcan en los hechos suscitados en 2019.

Uno de los casos que se expuso ante los representantes de la CIDH fue el de César Apaza, quien actualmente se encuentra en la cárcel de San Pedro, donde en reiteradas ocasiones se le negó el acceso a la atención en salud, sufre una prolongada detención preventiva y fue víctima de los excesos de la Policía al momento de su detención, en septiembre de 2022.

“Hay varias llamadas de atención en sentido de la falta de la atención en justicia en este caso. Nos alerta desde las organizaciones defensoras la situación de César. Además, es emblemática la situación de otras personas detenidas, hay otros defensores procesados y criminalizados. Nadie se opone a una investigación en el marco de las leyes cuando corresponde, pero deben seguirse varias reglas en torno al debido proceso, que no se está cumpliendo”, relató Terán.

Durante la entrevista, la abogada citó el caso que sufre Amparo Carvajal, quien desde el 2 de junio de este año se encuentra impedida de realizar su labor de defensa de derechos, debido a la toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) por un grupo paralelo y afín al MAS encabezado por Edgar Salazar. Hasta la fecha, la defensora de derechos realiza su labor en la calle, en las afueras de la Casa de Derechos Humanos, que todavía permanece custodiada por la Policía, que impide su ingreso al lugar.

“Estamos hablando de una organización de personas defensoras de derechos, que tiene en el marco internacional de protección de derechos humanos el reconocimiento como organización defensora de derechos. El Estado tiene una obligación concreta de resolver esta situación y darle a la APDHB una respuesta en el marco de la legalidad y los estatutos de esta situación que puede ser entre particulares, pero las funciones de la APDHB son de orden público y de defensa de derechos”, explicó.

De acuerdo con datos del Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, entre enero y noviembre de este año se han registrado 31 casos de vulneración en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos, de éstas, 16 se refieren a actos de criminalización; 10 a casos de no protección en situaciones de riesgo; dos agresiones, dos de amenazas y una obstaculización de actividades.

Las organizaciones de la sociedad civil que se reunieron con la CIDH fueron: Fundación Construir, Comunidad de Derechos Humanos, ITEI (Instituto contra la tortura), Coordinadora de la Mujer, UNITAS, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, CEDIB y Salvaginas.

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