Sumando Voces
Ni dos sentencias constitucionales ni tres resoluciones de la justicia indígena originaria campesina lograron cesar la actividad minera en el territorio comunitario de Zongo, en el departamento de La Paz. Los actores mineros hacen caso omiso a la normativa y el Estado no tiene mecanismos efectivos para hacer cumplir los fallos y resoluciones de la justicia ordinaria e indígena.
Este fin de semana, se registraron enfrentamientos violentos en el que los mineros utilizaron dinamitas y los indígenas se defendieron con piedras, la policía aprehendió a nueve comunarios y a ningún minero.
“Falta un rol fuerte del Estado que haga cumplir las resoluciones de la justicia indígena. Faltan mecanismos reales, operativos, institucionales de cumplimiento de lo que se decide en la justicia indígena”, manifestó la coordinadora del programa de Fortalecimiento y Defensa de Organizaciones Defensores de Derechos de la Red Unitas, Claudia Terán.
El caso data del año 2000, cuando los indígenas denunciaron al empresario minero Oscar Bellota, por tráfico y despojo de tierras, contaminación y división de las organizaciones de la zona. Éste, durante años utilizó mecanismos arbitrarios y violentos para mantenerse en el lugar, como procesos judiciales armados contra las autoridades comunales y enfrentamientos con dinamita, tal como ocurrió este fin de semana, que concluyó con la aprehensión de nueve comunarios.
Por estos abusos, en 2010 el minero fue expulsado de la comunidad en el marco del ejercicio de la Justicia Indígena Originaria Campesina. La resolución fue avalada y reconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero a partir de allí se inició una lucha aún más fuerte por hacer cumplir dicho fallo, e incluso se sumó al conflicto la cooperativa 28 de octubre, la cual protagonizó el encuentro violento el pasado domingo.
“La lucha de Zongo es por hacer valer la justicia indígena, por preservar su territorio de la empresa minera, pero, además, por hacer respetar los derechos de sus defensores y defensoras, que a partir de esta expulsión comienza una lógica de ataques, agresiones, criminalización a los defensores de Zongo, sobre todo a las mujeres”, dijo la Coordinadora.
Los procesos penales propiciados por el empresario minero en contra de los comunarios (que incluso sumaron ocho) fueron por supuestos avasallamientos, robo de minerales, entre otros. Anteriormente ya se llegó a detener preventivamente a dirigentes indígenas, y este fin de semana se repitió la historia con nueve detenidos que fueron enviados por cuatro meses al penal de San Pedro. Pero, la Policía no aprehendió a ningún minero.
Producto de estos procesos, los dirigentes indígenas sufrieron problemas emocionales. Según Terán, el cooperativista minero busca desgastar y amedrentar a las y los defensores y a las autoridades de la justicia indígena para evitar que sigan defendiendo su territorio de la incursión minera.
Entre los derechos vulnerados están el de la autodeterminación en el marco de la jurisdicción indígena originaria campesina, el derecho a la tierra y territorio y su derecho a defender derechos, éstos conllevan a la vulneración de otros derechos como a las libertades fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales.
En este sentido, la Red UNITAS, como lo hizo anteriormente, trabajará bajo un protocolo de acompañamiento desde el enfoque de exigibilidad, tomando en cuenta el marco social, político y jurídico. “Pero, quienes asumen las decisiones y el rol protagónico no es UNITAS, sino los defensores y defensoras y también contamos con el colectivo de abogados defensores”, finalizó Terán.
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