“A lo largo de los últimos 27 años, el Estado boliviano ha reconocido en el ámbito jurídico del derecho agrario, 242 territorios indígenas con una superficie total titulada de alrededor de 24 millones de hectáreas. De ellos, 184 corresponden a las tierras altas del país (región andina), y los restantes 58 a las bajas (regiones amazónica y chaqueña). No obstante, la superficie agregada de estos últimos es aproximadamente el doble de la de los primeros. En el mismo periodo, y dándoles un régimen jurídico básicamente igual al de los territorios indígenas, el Estado boliviano ha titulado también alrededor de 15 millones de hectáreas como propiedad comunitaria de comunidades campesinas.”
Alejandro Almaraz Ossio parte de esta constatación con la cual evidencia en su libro “Pervivencia comunitaria bajo la continuidad colonial del Estado, los territorios indígenas en las políticas públicas y la legislación de Bolivia” que desde la colonia hasta el presente los pueblos indígenas y originarios encontraron la forma de superar las atroces intervenciones estatales dirigidos a su despojo, exterminio o asimilación, sea en su forma colonial, republicana o plurinacional. Esta provocadora publicación se nutre de la ya larga experiencia de trabajo del CEJIS acompañando a los pueblos indígenas, originarios y campesinos con quienes a partir de sus demandas se han alcanzado importantes conquistas en el ejercicio de sus derechos colectivos que han resquebrajado los cimientos de la vieja institucionalidad estatal abriendo un rico ciclo de transformaciones cuya materialización se evidencia en el proceso constituyente y nacimiento del Estado Plurinacional. En este sentido, de forma simultánea se ha editado el “Atlas sociopolítico sobre los territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia” que da cuenta detallada de más de 200 mapas de los 58 territorios indígenas detallando los procesos de demanda y titulación de cada territorio.
LOS ALCANCES DEL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
Esta nueva realidad de reconocimiento estatal de los territorios indígenas ha re significado sustancialmente las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado y sociedad en general en tanto sujetos de derecho propietario de grandes extensiones territoriales con importantes recursos naturales en su interior, como se sintetiza en el mismo libro:
“En el plano cuantitativo, se trata de alrededor de 40 millones de has. (400.000 km), cerca de la mitad del territorio nacional y una superficie mayor a la de la gran mayoría de los estados europeos, con diversas y cuantiosas riquezas naturales, que queda en el patrimonio comunitario de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. En el plano cualitativo, supone que el Estado boliviano, al menos en su formalidad jurídica e institucional, reconoce y garantiza que ese amplio conjunto de espacios y recursos sea apropiado, aprovechado y administrado, salvando los recursos del sub-suelo, desde las estructuras sociales de la tradicional territorialidad indígena que no pudo eliminar después de por lo menos un siglo y medio de intentarlo. Supone también la aceptación estatal de que sea sobre la base de esa misma reapropiación territorial, y especialmente mediante el desarrollo de las autonomías indígenas en sus distintas formas constitucionalmente reconocidas, que se redefina la integración institucional de esa amplia población indígena-campesina al propio Estado boliviano, lo que, dadas las proporciones demográficas de ella y las geográficas de sus territorios, podría contribuir decisivamente a la modificación substancial del contenido social y cultural del mismo.”
Dada la trascendencia de esta realidad, explicar el proceso del que resulta, identificando sus causas, describiendo las condiciones de su materialización, y considerando sus impactos, como propone hacerlo el libro, es una labor indispensable en la discusión de la realidad social boliviana. Más aún si se considera que, como se lo anota también en el libro, el fenómeno en cuestión resulta insólito desde la perspectiva ideológica históricamente dominante, contrario a los pronósticos del grueso del pensamiento social boliviano (al menos el institucionalizado) que guarda silencio al respecto, y que el mismo gobierno de Evo Morales, transitando ya en dirección contraria, solo lo menciona con superficialidad propagandística. En busca de las causas profundas de esta realidad, el libro se sumerge en el proceso histórico largo del que emerge la misma. Así, se encuentra en él una re-lectura de la historia agraria del país desde la problemática de los territorios indígenas, tan frecuentemente invisibilizada en la historia oficial. La conclusión de esa re-lectura se expresa en el título del libro: pervivencia comunitaria bajo la continuidad colonial del Estado.
Es un aporte central del libro, la identificación precisa y la valoración de los resultados del proceso agrario en curso, desarrollado bajo la vigencia de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (por eso llamado de ese modo, RCRF) y como componente básico del proceso socio-político global llamado “de cambio” (el que tiene su principal referencia política en el gobierno de Evo Morales). Al respecto, y con base en un panorama estadístico casi completo, plantea una modificación substancial de la estructura de tenencia de la tierra creada por los ciclos agrarios anteriores, pero aclara que la misma, por un lado, tiene aún cierta provisionalidad en la totalidad nacional y, por otro, no alcanza el objetivo de la masiva redistribución comunitaria de la tierra concentrada en el dominio latifundiario, que guió a la reconducción comunitaria de la reforma agraria. Se muestra y explica que, en efecto, si bien la tierra titulada para las comunidades indígenas y campesinas es mucha (los mencionados 40 millones de has.), la propiamente redistribuida es poca: solo alrededor de 3 millones de has.
LA OPCIÓN MASIVA POR LA PROPIEDAD COMUNITARIA
En esos resultados, se destaca como tan –o más- importantes que sus elementos cuantitativos, los cualitativos, y especialmente la masiva opción por la propiedad comunitaria de la tierra que los destinatarios del nuevo proceso agrario tomaron al margen, y aun en contra, de la voluntad estatal. Se trata pues, de optar por la entidad socio-política que organiza tradicionalmente a la población indígena en resistencia a la dominación colonial, como estructura social para ejercer la propiedad agraria. Este fenómeno, ya de inicio altamente significativo, acentúa su significación por el desplazamiento de la propiedad individual por la comunitaria, con alcances también masivos, que se ha registrado a su interior. Al respecto, dice el libro:
“En efecto, no han sido solamente las comunidades poseedoras (y obviamente las ya tituladas colectivamente en la confirmación de sus títulos) las que han optado por derechos propietarios de carácter comunitario, también lo han hecho muchos miles de personas con derechos de propiedad individual perfectos. Así, en todos –o casi todos- los procesos de saneamiento y titulación de TCO en tierras altas, y en no pocos de tierras bajas, así como en muchos de propiedades comunarias (PC), ha habido integrantes del colectivo solicitante que, con la más rigurosa formalidad, han integrado sus perfectos derechos de propiedad individual sobre la tierra que ocupan, al único derecho comunitario sobre la superficie mayor de la que esta es parte. Este acto voluntario[1], en absolutamente todos los miles de casos, ha implicado la plena conciencia en sus protagonistas de que la integración por la que optaban, tenía el efecto de extinguir sus derechos individuales frente a la sociedad externa a la comunidad y frente al propio Estado, que así dejaba de garantizarlos y protegerlos, y que solo subsistirían dentro la comunidad y bajos sus normas consuetudinarias. Si la elección masiva de la propiedad comunitaria contra la perfecta propiedad privada individual tiene ya profunda significación histórico-social, renunciar a esta por aquella acentúa notablemente esa significación, como es indudable.”
Las claras causas de esta opción masiva, son identificadas en la continuidad histórica:
“Como en todo fenómeno social, las causas profundas de la opción masiva por la propiedad comunitaria, incluyendo el énfasis que le otorga la integración de derechos individuales, se encuentra en el respectivo proceso histórico. En él, se halla específicamente la persistencia que el dominio comunitario de la tierra ha logrado de modo diferenciado, generalmente adecuado a sus nuevas condiciones, frecuentemente encubierto y aun sufriendo ciertas mermas significativas, contra las constantes políticas estatales que han pretendido eliminarlo. Es decir, quienes han optado por la propiedad comunitaria, no han pretendido adoptar con ella nuevas relaciones sociales para ejercer su derecho propietario, sino simplemente la continuidad de las mismas que venían practicando, pero ahora con el reconocimiento y la protección del Estado. Este propósito básico es tan reconocible en el campo de las comunidades explícitamente reconocidas -y autoreconocidas- como indígenas, como en el de las reconocidas como campesinas, en gran parte de “ex-hacienda”, destinatarias de la redistribución individual de la tierra durante la Reforma Agraria de 1953.”
LOS INTERESES OLIGÁRQUICOS GESTIONADOS POR EL “GOBIERNO INDÍGENA”
El libro concluye revelando como el devenir del proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria, en la sucesión de victorias seguidas de derrotas, replica trágicamente al de la reforma agraria de 1953. Igual que entonces, las realizaciones logradas en el horizonte de la inclusión y la redistribución, fueron el resultado directo de la presión social movilizada, y luego, el poder político surgido de esa misma movilización, pero cada vez más ajeno –y adverso- a ella, impuso primero la paralización del proceso y después su regresión parcial. La fuerza de las organizaciones populares agrarias, acrecentada por su aglutinación en el Pacto de Unidad, se enmarcó en la incidencia que las organizaciones sociales populares en general adquirieron sobre el recién instalado gobierno de Evo Morales, según el autor, a modo de un frágil e irregular cogobierno fáctico que el gobierno se vio forzado a aceptar como único medio eficaz para preservarse de la arremetida de las fuerzas conservadoras. Pero esta interrelación fue particularmente importante en el caso agrario:
“Con ningún otro sector social fue tan evidente e importante el precario co-gobierno recién referido, como con el movimiento indígena-campesino, pues ninguno de aquellos gozaba de la capacidad de éste para respaldar al Gobierno. Indudablemente, era la unitaria iniciativa movilizada de indígenas y campesinos la que se ofrecía políticamente más sólida, materialmente más fuerte y extensa, y de impacto más legitimador, para sostener al gobierno en aquellas sus cruciales y difíciles primeras horas. Fue en razón a la utilitaria pero imperiosa necesidad de consolidar y garantizar el respaldo movilizado del movimiento indígena-campesino, antes que a sus convicciones ideológicas o definiciones programáticas, débiles y escasas en ese sentido, que el gobierno de Evo Morales, en aquel momento, brindó una importante participación al Pacto de Unidad en las decisiones de su gestión que más interesaban a las bases de éste.”
“Puede afirmarse que en aquel primer momento, el gobierno trasladó gran parte de las decisiones principales en su política agraria, y especialmente en la de administración y distribución de la tierra, al Pacto de Unidad. Éste las adoptó efectivamente pero con restricciones surgidas tanto de la obstrucción de la burocracia estatal[2], como de sus propias limitaciones políticas y técnicas. De ahí que, entre todas las materias de la gestión estatal, fuera en la agraria, y especialmente en la de la tenencia de la tierra, que el flamante gobierno mostrara definiciones más claras, pertinentes y coherentes con su base social e identidad discursiva. Estas definiciones, eran las que las organizaciones indígenas y campesinas habían construido largamente con el propósito de transformar la realidad agraria desde una estatalidad propia, y en torno a la recuperación y consolidación de la territorialidad indígena. Eran las definiciones que, arraigadas en la continuidad de las luchas históricas por los territorios, habían adquirido sus más nítidas e integrales expresiones programáticas en la Ley Agraria Fundamental de la CSUTCB y en la Ley Indígena de CIDOB, y que, con el motivo directo de incidir sobre el contenido y aplicación de la Ley INRA, se habían desarrollado minuciosamente respecto al devenir de la problemática agraria reciente.”
Dando cuenta del acentuado y avanzado declive del proceso de la RCRF, e ilustrándolo, se refieren los hechos (y las palabras) con los que el gobierno de Evo Morales ha reemplazado el mandato social de transformación agraria que le entregó el movimiento indígena-campesino al encumbrarlo, por el antiguo y fracasado modelo empresarial de desarrollo agrario. Asimismo, se muestra como ese desplazamiento programático en materia agraria está perfectamente enmarcado en el que se produce simultáneamente en la globalidad de las políticas estatales bajo el gobierno de Evo Morales. Las últimas páginas del libro se refieren a ello:
“Si la concluyente elocuencia de los hechos mencionados (además de los muchísimos no mencionados) no fuera suficiente para demostrar la drástica conversión gubernamental, está la de las entrañables y vehementes palabras con las que el Vicepresidente García ha venido asegurando públicamente el profundo, casi incondicional, compromiso de su gobierno con los intereses de la gran empresa agropecuaria, y su enorme fe en su liderazgo productivo. El Vicepresidente ha ofrecido literalmente todo lo que esté en manos del gobierno, a cambio solo de producción, en general y exenta de cualquier condición y calidad particular[3]; ni conquista de la soberanía alimentaria, ni respeto a los derechos sociales, ni siquiera la vaga invocación a la sostenibilidad que solían hacer los gobiernos neoliberales, solo la mayor producción posible. Por supuesto, producir dentro de nuevas relaciones sociales, de equidad, participación y emancipación, como corresponde elementalmente a las definiciones programáticas que abrieron el Proceso de Cambio y al mismo discurso revolucionario que conserva el gobierno, queda totalmente fuera de lugar si es a las grandes empresas capitalistas a las que se les pide producir.
Desde el lado de los destinatarios de las prestaciones y los encargos, las palabras han sido también ratificatorias del viraje gubernamental, pero además, claramente reveladoras de la singularidad histórica que lo hace más valioso para la burguesía terrateniente, que las gestiones orgánicamente supeditadas a ella de los gobiernos del pasado. El mencionado Presidente de la CAO, afirmó públicamente en 2016, que ningún gobierno, ni siquiera el de Banzer, había hecho tanto por ellos (los productores agropecuarios) como el gobierno de Evo Morales (agronegocios.com, 2016). Es probable que este inusitado reconocimiento empresarial no sea una simple zalamería protocolar, y que responda más bien a las particularidades con las que, si bien dándoles continuidad fundamental, la política agraria sobrevenida se diferencia de las de los anteriores gobiernos y las supera en el servicio a la gran propiedad agraria.
A diferencia de estas, en las que la adopción del proyecto agro-empresarial era política y discursivamente coherente, en la presente política estatal está encubierta por la masiva y sistemática persistencia del discurso revolucionario históricamente opuesto, aquel de tierra y territorio con el que se abríó el Proceso de Cambio desde el movimiento indígena-campesino. Esta escisión discursiva, ya convertida en el principal método de acción política del gobierno, muy al contrario de perjudicar el desarrollo práctico de su conversión programática, le otorga su mayor fortaleza. En efecto, es amparados en la activación estatal de los referentes simbólicos de las luchas indígenas y campesinas por la tierra, el territorio y la transformación liberadora de la sociedad, y gestionados por la máxima dirigencia de los movimientos sociales insurgentes, que los intereses empresariales encuentran la protectora y viabilizadora legitimación social que las leyes de los gobiernos pasados no pudieron darles.”
La re-imposición del crecimiento expoliador y subordinado al capital globalizado como razón fundamental del Estado boliviano, determina que la deriva regresiva del ciclo de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria sea también la del proceso de cambio en su conjunto, y que en ambos tenga alcances globales y definitivos. El punto de inflexión, como ya se dijo, es también el mismo: el momento, cruelmente paradójico, en el que la mayor victoria electoral del partido y los candidatos del Proceso de Cambio, permitió que el núcleo gobernante concentre el poder político y prescinda de la voluntad autónoma de los movimientos sociales populares, cuyo apoyo movilizado fue decisivo para sostenerlo hasta entonces. Desde ese momento, Evo Morales y el puñado que conforma su entorno íntimo pudieron ser ellos mismos, y solo ellos, en las decisiones de un gobierno que sin embargo representaba a las multitudes ilusionadas con la transformación profunda de su país. Adviértase que el pronunciado viraje es de la gestión de gobierno y no de ellos, pues ellos siempre tuvieron una esquiva y vaga identificación con las demandas populares que abrieron el Proceso de Cambio.
Como últimas palabras de este trabajo, cabe comentar que si Zabaleta hubiese presenciado los acontecimientos sociales que hemos vivido en Bolivia en los últimos años, seguramente tendría la agobiante certeza de un nuevo episodio de la trágica paradoja señorial que, según su desentrañamiento profundo de la historia nacional, ha condenado a los bolivianos a la invariable frustración de todas sus gestas emancipadoras. En efecto, las seculares clases dominantes que siempre lograron apropiar y usar lo que las cuestionaba, que se adueñaron de la Revolución Nacional y de la Reforma Agraria de 1953 amputándoles todo lo que afectara a sus intereses, han domesticado también al Proceso de Cambio y a la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, y han reducido al Estado Plurinacional a la misma ficción jurídico-formal donde terminaron los postulados liberales, socialistas o nacionalistas que las amenazaron en el pasado. Para lograrlo, solo han necesitado dar alguna contención a su racismo viceral y, sin siquiera las innovaciones discursivas que tuvieron que hacer en el pasado, admitir algunos arrimados “emergentes” en el banquete de sus eternos privilegios.
Pero la persistencia del poder oligárquico y colonial en el Estado boliviano, dúctilmente renovado por la recurrente asimilación de todos sus adversarios –y sus armas-, tiene su perfecto correlato contradictorio en la persistente resistencia que le oponen las comunidades indígenas desde sus profundas raíces territoriales, merced también a su constante adaptación a las nuevas condiciones de su lucha y a la apropiación de los recursos del enemigo. Así, han sabido sobreponerse largamente a las masacres, los despojos y las traiciones, y se sobrepondrán también a los duros golpes que el poder oligárquico, victorioso sobre (y dentro) el Proceso de Cambio, les continuará propinando desde su propia creación simbólica y política, tratando de ahogarlas con su propia fuerza. Unos y otros debemos contar con ello, porque la resistencia de esas comunidades y esos territorios, tiene la terquedad de la vida misma.
Se trata de ciclos que al cerrarse dan lugar a uno nuevo, así como la primera marcha indígena de 1990 por el “territorio y la dignidad” abrió un ciclo vigoroso de transformaciones, la marcha de 2011 por la defensa del TIPNIS la cierra, pero abre a su vez, se abre un nuevo ciclo, el de las resistencias ante la más brutal arremetida anti comunitaria de los últimos 50 años, resistencias en la que se advierten adhesiones fundamentales de nuevos sujetos -sobre todo urbanos- que empiezan a comprender la vital necesidad de las causas comunitarias. En este sentido, “la pervivencia de las formas comunitarias” de los pueblos indígenas como hilo conductor del análisis que nos plantea Almaraz refuerza la comprensión de aquel horizonte civilizatorio aunque subalterno y clandestino se encuentra absolutamente vigente, sobre todo, si se quiere dar respuesta o salidas a la crisis sistémica, a la encrucijada consumista y devastadora en la que se encuentra la sociedad global.
Hernán Ávila Montaño
Director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS
Foto: Presentación del libro de Alejandro Almaraz.
[1] La voluntad individual de integración, se ha registrado invariablemente en actas rigurosamente elaboradas por el INRA y personalmente suscritas por el actor de la integración, en los respectivos procesos de saneamiento. En los muchos procesos de saneamiento y titulación de TCO en Potosí, esta misma figura jurídica ha sido nombrada y practicada como “acogerse a mejor derecho”.
[2] Producto del proceso histórico seguido por el Estado boliviano, su burocracia tiende a ser conservadora, generalmente se halla próxima a la corrupción (o está plenamente inmersa en ella), y con frecuencia es sensiblemente incompetente. Esto no se alteró con el contexto revolucionario ni con el ascenso del MAS al gobierno. En tanto reprodujo las tradicionales prácticas prebendales que proveen la burocracia estatal, el nuevo gobierno solo logró un relevo clientelar de burócratas que mantuvieron la misma actitud con los mismos resultados en su función.
[3] El Vicepresidente García ha dicho públicamente ante la amplia representación del agro-empresariado cruceño: “todas las condiciones necesarias como Estado, como gobierno, para pavimentar la producción agropecuaria. Sabe Julio (Roda, Presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO), las cosas que nos han ido pidiendo los sectores, hemos ido cumpliendo, nos hablaron del tema de la ley de desmontes …había el riesgo de un proceso de reversión de la tierra, hemos sacado una ley, ustedes lo saben…dígannos qué hay que hacer, qué ley hay que cambiar, qué procedimiento hay que modificar, qué decreto hay que corregir, pero preparémonos para producir, para exportar 6 mil millones de dólares en los siguientes cinco a siete años.” (Saavedra, ibid: 26 y 27). Dejando aún más claro el fondo del asunto, el Vicepresidente ha dicho también, en otra ocasión reciente, que “El MAS ya no es el de 2005, ha ido mudando la propuesta, ya no es tan comunitario, ahora ha abrazado el modelo cruceño, que es capitalista.” (ibid: 1).
