De Asociación de Periodistas de Santa Cruz
A un año del ultraje a los periodistas en Las Londras, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz elevó una carta a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, denunciando la impunidad con la que siguen operando los encapuchados armados responsables del hecho.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez y la abogada defensora de los periodistas sometidos a vejámenes denunciaron que por lo menos 15 audiencias judiciales han sido suspendidas, por una u otra causa, precisamente cuando se trata de conocer las apelaciones a la detención domiciliaria y sin escoltas, con las que fueron beneficiados dos de los tres detenidos, Heber Sixto Canaza Sacaca y Paulino Camacho Vedia, por parte del juez Roberto Hurtado de la provincia Guarayos.
Trece audiencias suspendidas
La abogada Guerrero denunció que la última audiencia suspendida fue el pasado 25 de octubre cuando anunciaron la audiencia virtual pero ni siquiera mandaron el enlace o link, de modo que se asume que el acto judicial no se realizó.
Ante la justicia se pretende demostrar el grado de peligrosidad, para la sociedad, para las víctimas y para el desarrollo del mismo proceso penal, que representan los imputados Camacho y Canaza porque estos han sido denunciados de haber encabezado una nueva toma de tierras en Pailitas, un predio situado al frente de Las Londras, aunque en una audiencia previa, el juez pidió fotografías y videos y no quiso dar crédito a comunarios de Pailitas que inclusive firmaron una declaración jurada voluntaria ante un Notario de Fe Pública de la localidad de Mineros, asegurando la participación de éstos en el avasallamiento.
El caso se encuentra paralizado en la primera etapa del proceso y no se observa la intencionalidad de capturar a los responsables y lo que es más grave, existen 200 policías asignados en las Londras, humillados y sin las mínimas condiciones de subsistencia, porque no tienen duermen bajo los árboles y comen de vez en cuando, con la misión de impedir que se produzcan enfrentamientos entre dos grupos, en un hecho que por el contrario, es denunciado por dirigentes de la comunidad Pailita, avasallada, como una especie de protección a los encapuchados armados que invadieron sus tierras.
Libro digital Periodismo vs. Terramafia
Asimismo fue presentada una versión digital del libro Periodismo Vs. Terramafia “para que el mundo sepa” sobre uno de los peores agravios que han sufrido informadores bolivianos en los 40 años de democracia, pues durante siete horas, seis periodistas fueron secuestrados por los encapuchados, sometidos a torturas y vejámenes, mientras le destrozaban sus cámaras, los hacían beber agua sucia y amenazaban con quemarlos vivos.
Quienes sufrieron en carne propia los vejámenes fueron Silvia Andrea Gómez López y su camarógrafo Sergio Luis Martínez Galarza de la Red Unitel, Mauricio Egüez Simoné y el camarógrafo Nicolás Alejandro García Iriarte de Red Uno, Percy Suárez Suárez de la Red ATB y Jorge Alberto Gutiérrez Avila del periódico El Deber.
Y cuando las autoridades de gobierno y los comunarios de San Julián afirmaban que se trataba de “un susto” o “un altercado”, se difundieron las imágenes captadas por el periodista Percy Suárez.
El libro cuenta todo el viacrucis judicial que se ha vivido tratando de buscar el castigo para los responsables, sin embargo hasta ahora existe un solo detenido, Nelson Rebadeneira Escalante, mientras que permanecen prófugos Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramirez Taboada, estos últimos que hasta se dieron el lujo de convocar a una conferencia de prensa para pedir que el presidente Luis Arce retire la publicación del libro Periodismo Vs. Terramafia y que se deje de perseguir a los campesinos involucrados en los avasallamientos.
El libro relata la cadena de avasallamientos violentos ocurridos en Santa Cruz por parte de encapuchados armados y desnuda la falta de transparencia del INRA, en la entrega de tierras fiscales, pues las dotaciones se hacen de forma colectiva y solamente a comunidades indígenas, campesinas e interculturales, que en el procedimiento aplicado por el INRA ha significado que sus organizaciones matrices sean las que certifican su existencia y afiliación. De las 952 resoluciones de asentamientos que el INRA admite haber autorizado en la Chiquitanía, el 95% son comunidades creadas con la finalidad de acceder a la tierra y pertenecen a la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Comunicad de Interculturales y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, que conforman el llamado Pacto de Unidad que fundaron y respaldan al Movimiento al Socialismo (MAS) partido en función del actual gobierno del presidente Luis Arce.
Política pública
Roberto Méndez informó que, al cumplirse un año de la denuncia y la protesta, están pasando a las propuestas, pues junto con la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y defensores de Derechos Humanos de todo el país, están trabajando en una política pública para velar por los derechos de las personas y organizaciones defensoras de derechos.
Mendez consideró que, para eso, se requiere crear un Consejo Nacional de Derechos Humanos libre de la injerencia estatal o de gobiernos de turno y con autonomía económica y de gestión tal como funcionan en países como Colombia, México, Brasil, Honduras, Guatemala y Perú.
La norma también considera la protección de los defensores de Derechos Humanos y activistas sociales, entre los que se encuentran los periodistas.
