Bomberos voluntarios, comunarios y autoridades intentan apagar el fuego en Tarija. Foto: Gobernación de Tarija
La senadora Marcela Guerrero (Alianza Unidad) presentó en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que propone crear nuevos delitos ambientales y establecer penas de hasta 30 años de prisión para quienes provoquen incendios forestales que deriven en muertes, afecten áreas protegidas, destruyan fuentes de agua o generen desplazamientos humanos.
La propuesta normativa se denomina Ley de Protección del Patrimonio Natural, Prevención y Sanción de los Incendios Forestales y Modificación de la Ley 602 de Gestión de Riesgos.
«La presente ley tiene por objeto incorporar al Código Penal nuevos tipos penales destinados a proteger los ecosistemas, los bosques, las áreas protegidas, la biodiversidad, los recursos hídricos y el patrimonio natural del Estado Plurinacional de Bolivia; modificar la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos para fortalecer los mecanismos de prevención y atención de incendios forestales; y garantizar la reparación integral del daño ambiental», refiere el artículo 1 del proyecto de ley al que accedió Sumando Voces.
Guerrero, en contacto con Sumando Voces, afirmó que la iniciativa surge en un contexto marcado por los incendios que afectan a Tarija y otras regiones del país, y sostuvo que las sanciones actuales resultan insuficientes para frenar estos hechos. “Sentimos la necesidad de generar conciencia ambiental con una normativa que pueda tener esa firmeza de buscar a los responsables con 30 años”, señaló la legisladora.
El proyecto establece una pena de cinco a 10 años de prisión para quienes provoquen incendios forestales de manera dolosa. Sin embargo, la sanción podrá incrementarse de 10 a 30 años cuando el hecho provoque la muerte de una o más personas, afecte parques nacionales o áreas protegidas, destruya recursos hídricos, obligue a evacuar poblaciones o dañe infraestructura pública.
La propuesta también castiga la quema ilegal, el daño grave a áreas protegidas y el financiamiento de delitos ambientales. Asimismo, obliga a los responsables a restaurar los ecosistemas afectados, reforestar las áreas dañadas, cubrir los costos de extinción de incendios e indemnizar a las víctimas.
Otro de los ejes de la iniciativa es la modificación del Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (Forade), con el fin de destinar recursos específicos a la prevención, monitoreo, control, combate y restauración de daños ocasionados por incendios forestales, así como al equipamiento de brigadas y bomberos.
La norma también plantea la creación progresiva de fiscalías especializadas en delitos ambientales e incendios forestales. Según Guerrero, actualmente muchos casos quedan sin responsables identificados debido a la falta de personal técnico y peritos especializados.
La senadora recordó que la Cámara de Senadores aprobó anteriormente la abrogación de las leyes 1171 y 741, conocidas por sectores ambientalistas como “leyes incendiarias”, pero aseguró que hasta la fecha la Cámara de Diputados no concluyó el tratamiento de esas iniciativas.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, Bolivia registró en 2024 más de 10,7 millones de hectáreas afectadas por incendios forestales, la cifra más alta reportada en el país en la historia de los incendios.
Aquí puede leer el proyecto normativo:
