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La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) pidió al Gobierno impulsar proyectos y alternativas que permitan sustituir el uso del mercurio en la explotación de oro, en el marco de los compromisos asumidos por el país para avanzar hacia una minería más limpia.
El presidente de Fecoman, Víctor Quispe, afirmó que las cooperativas ya comenzaron a socializar entre sus afiliados la necesidad de dejar de utilizar mercurio, en línea con la implementación del Convenio de Minamata, tratado internacional que busca proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la reducción y eliminación progresiva del uso de ese metal. Bolivia adoptó este convenio el 10 de octubre de 2013 y lo ratificó mediante Ley N°. 759 el 18 de noviembre de 2015.
«Pero queremos también por parte del Gobierno que haya proyectos, que haya alternativas para que nosotros como mineros auríferos podamos seguir realizando la actividad minera aurífera dejando de usar el mercurio», sostuvo en una conferencia de prensa previa a la Cumbre Minera, programada para los días 22, 23 y 24 de julio, en La Paz.
Quispe señaló que existen opciones para reemplazar el mercurio en el procesamiento del oro, entre ellas el uso de cianuro y otras tecnologías, aunque remarcó que el sector requiere apoyo estatal para concretar esa transición.
«Hay muchas alternativas que se puede hacer, pero queremos también fomento de parte del Gobierno para que podamos realizar la actividad minera limpia y sana como nos manda nuestro medio ambiente», manifestó.
Durante la conferencia, el dirigente también informó que Fecoman presentó al Ministerio de Minería una propuesta para la Cumbre Minera estructurada en seis ejes temáticos: seguridad jurídica, contratos mineros, institucionalidad del sector, medio ambiente, comercialización y minería ilegal, además de desarrollo productivo, inversiones e incentivos.
En materia ambiental, indicó que la propuesta incorpora medidas orientadas a fortalecer la mitigación de los impactos de la actividad minera.
Respecto a la minería ilegal, Quispe atribuyó parte del problema a la demora en la aprobación de contratos y trámites mineros. Afirmó que una mayor celeridad administrativa permitiría reducir esa situación y brindar mayor seguridad jurídica a las cooperativas.
El dirigente sostuvo que el sector también espera que el Gobierno promueva incentivos e inversiones para fortalecer la actividad minera.
