Claudia Terán, Marco Andrade, Zulema Alanes y la senadora Silvia Salame. Foto: Sumando Voces.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de medios de comunicación y periodistas, presentaron la mañana de este martes en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de Acceso a la Información y Documentación Pública, haciendo un llamado al Estado para tratarlo, dado que Bolivia es el único país en Sudamérica que no cuenta con una norma de estas características.
Entre las organizaciones que trabajaron esta propuesta se encuentra la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Fundación Jubileo, Fundación Construir, CEDIB, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), entre otras. El proyecto recibió aportes de instituciones públicas, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, la Contraloría General del Estado y el Defensor del Pueblo.
“Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información. Se han elaborado al menos 12 proyectos de ley en el pasado y lamentablemente ninguno ha tenido eco en las instancias correspondientes”, resaltó la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, durante la conferencia de prensa de presentación del proyecto de ley, promovida por la senadora Silvia Salame.
Si bien la Constitución Política del Estado, en su artículo 21, establece que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho de “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”, este proyecto de ley busca “establecer un marco normativo e institucional que defina con claridad, los procedimientos, plazos, excepciones y los recursos legales con los que cuenta el ciudadano en caso de incumplimiento”, explicó Claudia Terán, coordinadora del programa Defensores de UNITAS.
Entre los puntos destacados del proyecto, expuestos en la conferencia de prensa, se encuentra la creación de mecanismos regulatorios que formalicen el derecho de acceso a la información, superando “la discrecionalidad” y “el voluntarismo” que han caracterizado la entrega de información. Asimismo, se establecen excepciones limitadas y alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar que el interés público prevalezca sobre intereses particulares protegidos.
“Las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público general por tener acceso a la información. Las autoridades deberán exponer de manera fundamentada las razones de cualquier denegación del acceso a la información”, informó Terán.
Marco Andrade de Asbora resaltó que la propuesta intenta fomentar la cultura de la transparencia, promoviendo además la participación de los diferentes sectores sociales.
“Las organizaciones presentes pedimos que esta ley sea apalancada por las diferentes instancias de la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo para responder no sólo a compromisos de carácter internacional, sino con la población boliviana que requiere un instrumento normativo que le permita facilitar su participación en asuntos públicos”, se leyó en la conferencia de prensa.
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