Imagen ilustrativa del Palacio Legislativo de Paraguay. Foto: archivo del Palacio Legislativo
En comunicado conjunto, organizaciones de la sociedad civil de Paraguay denunciaron que el país atraviesa por “un momento crítico para la seguridad jurídica de la democracia” porque el Congreso de aquel país estudia la aprobación de una ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro)” que, según las citadas entidades, “apunta a debilitar e impedir el protagonismo de la ciudadanía para el funcionamiento de la democracia”.
Las 59 organizaciones firmantes argumentan que el país se encuentra “ante un momento crítico para la seguridad jurídica de la democracia, ya que este proyecto de ley representa un grave riesgo para el desarrollo y el progreso de nuestro país y es fruto de un autoritarismo que amenaza el ejercicio activo de la ciudadanía y debilitar la sociedad”.
Aseguran que las organizaciones civiles ya están regidas por diversas normativas de control, transparencia y gestión, por lo que la nueva ley se inscribe, según dicen, en los ataques de grupos políticos a la labor que realizan.
Los legisladores que promueven la aprobación de este proyecto argumentan afanes políticos e intromisión extranjera por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y OSFL, mientras éstas defienden su labor en favor de la cooperación para el desarrollo y la democracia del país.
“Las OSFL que trabajamos en el marco de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas para el desarrollo democrático y, que, además, contamos con una conocida trayectoria en el país, estamos siendo atacadas por grupos políticos que intentan dañar la imagen de las organizaciones y socavar el trabajo esencial que realizamos en beneficio de la participación ciudadana”, señala el comunicado, que fue enviado a Sumando Voces.
Las organizaciones afectadas consideran que “el proyecto de ley solo tiene por objetivo perseguir, amedrentar y asfixiar a la actoría ciudadana, con disposiciones vagas y ambiguas, requisitos onerosos, al igual que sanciones desproporcionadas que podrían atentar contra la libertad de asociación, apeligrar la democracia participativa y poner en riesgo la seguridad jurídica, tan fundamental para el Estado de Derecho”.
Las ONGs y las OSFL indican, además, que su fortaleza radica en el cumplimiento de las normativas, la transparencia y el impacto positivo de sus proyectos.
“No podemos permitir que intereses políticos y autoritarios prevalezcan sobre el bien común. Como miembros de la sociedad, permanecemos firmes en defensa de la democracia, la transparencia y la justicia social. Es nuestro derecho y nuestro deber alzar la voz en contra de cualquier intento de debilitar y perjudicar nuestra labor, por lo cual hacemos un llamado a los representantes parlamentarios a circunscribir sus anteproyectos de ley en el marco de nuestra Constitución Nacional, y no salir de la normativa que establece ese contrato social que tenemos como sociedad, para la convivencia democrática y pluralista”, finalizan las organizaciones firmantes.
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