XV Encuentro Cívico Iberoamericano celebrado en Quito. Fotografías: Segib
Representantes de 2.600 organizaciones, plataformas y redes de la sociedad civil iberoamericana, entre las que destaca la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) de Bolivia, entregaron una declaración cívica a las autoridades ecuatorianas, instando a los gobiernos a tomar medidas urgentes en la próxima XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado. Durante el XV Encuentro Cívico Iberoamericano (ECI), celebrado en Quito, las organizaciones reafirmaron su compromiso con la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
La ceremonia de entrega de la declaración, que tuvo lugar los días 25 y 26 de septiembre, marcó un paso clave en la articulación de propuestas destinadas a influir en las políticas públicas de la región.
El representante de la Fundación Esquel, de la Comisión Articuladora de los Encuentros Cívicos Iberoamericanos y de la Plataforma de Diálogos Nacionales, Humberto Salazar, destacó la importancia de este espacio para abordar temas urgentes como la inseguridad, el cambio climático y la inclusión de los grupos más vulnerables. En ese sentido, instó a los gobiernos a fortalecer la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas.
El representante de la Secretaría General Iberoamericana, Martín Rivero, subrayó el esfuerzo constante de la sociedad civil por superar desafíos y mantenerse como un actor clave en la toma de decisiones. Además, resaltó su capacidad para adaptarse y superar desafíos, garantizando la continuidad de espacios de diálogo y participación.
Maite Serrano, directora de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España y miembro de la Comisión Articuladora de los Encuentros Cívicos Iberoamericanos, destacó la importancia de establecer un «nuevo pacto social iberoamericano» enfocado en las personas y el medio ambiente. Según Serrano, dicho pacto solo será viable si se fortalece una sociedad civil activa, con mecanismos efectivos de participación.
Por otro lado, la vicecanciller subrogante de Ecuador, Elizabeth Moreano, reafirmó el compromiso del Gobierno con el fomento del diálogo y la cooperación con la sociedad civil para el beneficio de la ciudadanía.
Entre las principales preocupaciones expresadas en el encuentro, se destacó el aumento de las desigualdades en América Latina y el Caribe, particularmente afectando a mujeres, pueblos indígenas y otros grupos marginados. Cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelaron que más de 180 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, agravando la crisis socioeconómica.
La declaración final del encuentro hizo un llamado a los gobiernos para fortalecer las democracias, garantizar la participación ciudadana y promover políticas inclusivas. Se resaltó la necesidad de cerrar la brecha tecnológica y combatir la criminalización de defensores de derechos humanos, subrayando que la colaboración entre la sociedad civil y los gobiernos será crucial en la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en noviembre en Cuenca, Ecuador.
¿Cuáles son las medidas urgentes que demanda la Declaración Cívica?
Entre las principales demandas, destaca la promoción activa de los derechos humanos y la lucha contra los discursos regresivos provenientes de sectores gubernamentales, sociales y empresariales. Además, solicitan políticas públicas inclusivas que cuenten con presupuestos adecuados para garantizar estos derechos, fomentando un crecimiento sostenible que reconozca la economía social y los saberes comunitarios.
La declaración también enfatiza la necesidad de reducir las desigualdades a través de políticas fiscales redistributivas con enfoque feminista, abordando, además, la cultura machista que perpetúa las desigualdades de género. Entre las propuestas, se incluye la promoción de la autonomía física, económica y política de las mujeres, así como el reconocimiento de su papel en la reproducción de la vida y la creación de riqueza.
En el ámbito de la sostenibilidad, los participantes instaron a adoptar políticas de justicia climática que consideren el impacto del cambio climático en las poblaciones más vulnerables. A su vez, recalcaron la importancia de la educación ambiental como parte integral de la agenda democrática.
Finalmente, se destacó la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas para combatir la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones. Asimismo, solicitaron garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y crear un marco normativo que facilite la participación de la sociedad civil en la creación de políticas públicas.
También le puede interesar:
