Un cachorro en adopción. Foto: RRSS
La protección de los animales en Bolivia enfrenta serias limitaciones legales e institucionales que dificultan una respuesta oportuna frente a casos de maltrato, según alertan activistas y especialistas, quienes consideran urgente reformar la Ley 700, aunque advierten que los cambios serán insuficientes sin voluntad política para aplicarlos.
Uno de los principales problemas, de acuerdo con ANF, radica en la falta de mecanismos que permitan intervenciones inmediatas en situaciones de riesgo. Los animalistas denuncian que, actualmente, no existe una normativa que autorice a la Policía o a funcionarios municipales a ingresar a un domicilio cuando la vida de un animal está en peligro, lo que retrasa la atención de casos de violencia, abandono o encierro.
Estas trabas se reflejan en situaciones recurrentes donde animales permanecen encadenados, sin alimento o en condiciones de abuso, sin que las autoridades puedan actuar con rapidez. Ante este escenario, desde la sociedad civil se plantea incorporar herramientas legales que permitan acciones inmediatas, similares a las aplicadas en casos de violencia de género, como allanamientos en flagrancia.
En paralelo, desde la Asamblea Legislativa se impulsan modificaciones a la Ley 700 orientadas a endurecer sanciones por maltrato y biocidio, incluyendo penas de cárcel efectiva. Las propuestas también contemplan medidas complementarias como el registro de mascotas, campañas de esterilización y una estrategia nacional vinculada a la salud pública.
Sin embargo, otro de los obstáculos identificados es la falta de obligatoriedad para que los gobiernos municipales intervengan. En la práctica, muchas alcaldías evitan actuar incluso en casos de animales heridos o afectados por actividades ilegales, lo que evidencia vacíos en la aplicación de la normativa vigente.
A pesar de estas deficiencias, especialistas reconocen que la Ley 700 ha contribuido a visibilizar el maltrato animal en el país. No obstante, advierten que las normas por sí solas no son suficientes para modificar prácticas culturales arraigadas.
Además, la legislación actual limita su alcance a animales domésticos, dejando fuera a la fauna silvestre, lo que reduce su impacto en la protección integral de los ecosistemas.
El problema también tiene un trasfondo constitucional. La protección animal es una competencia asignada a los gobiernos municipales, lo que restringe la posibilidad de establecer normas nacionales más amplias sin invadir atribuciones locales.
En este contexto, expertos coinciden en que el fortalecimiento de las normativas municipales y su efectiva aplicación son claves para garantizar una protección real, más allá de los avances formales en la legislación nacional.
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