Organizaciones construyen una política pública para la protección de defensores de derechos

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Rodolfo Huallpa

A través de diferentes talleres departamentales que se desplegaron en octubre, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) construye junto a diferentes organizaciones de la sociedad civil una propuesta de política pública para la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos.

La propuesta busca que el Estado boliviano, en el marco de las obligaciones asumidas a nivel nacional e internacional, garantice el pleno disfrute y el entorno favorable para las personas y las organizaciones que defienden derechos; específicamente, tiene el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las y los defensores de derechos frente a políticas que afectan el ejercicio de derechos territoriales, ambientales, de los pueblos indígenas, de las personas LGTBIQ+, así como los derechos de asociación, expresión y reunión pacífica.

La propuesta está en construcción y es trabajada en espacios de debate y reunión entre organizaciones y personas defensoras de derechos. Ya se desarrollaron dos encuentros, en Cochabamba y en La Paz, donde se evidenció que Bolivia carece de una política específica de protección de defensores.

“En Bolivia no se respetan los derechos, menos los de las personas u organizaciones que se abocan a defenderlos”, expresó Emiliana Eulate, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro.

Similar criterio tuvo la directora de Lidema, Jenny Gruenberger, quien precisó que cada vez más se registran vulneraciones de las y los defensores medioambientales, razón que apremia una normativa que esté abocada a defender y garantizar la labor de estas personas y organizaciones. “Nos parece importante una política de personas defensoras, porque no hay una figura como esa en el ordenamiento jurídico actual”, precisó.

El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, mencionó que los periodistas “son defensores naturales de los derechos, a veces sin saberlo”, de ahí que esta normativa también debe estar dirigida a los trabajadores de la información. El periodista trinitario, Andrés Titiboco, enfatizó que los periodistas son un “control social sobre las vulneraciones que se cometen en contra de los derechos de las personas”, por esa razón es importante tomar medidas de protección en esa labor.

“No hay una normativa que defienda a periodistas y a defensores de derechos del gobierno y de los operadores de justicia. Estamos en indefensión, no hay quién nos defienda”, declaró Titiboco, quien relató que, en su labor de informar, este año fue denunciado penalmente en cinco ocasiones por diferentes autoridades.

No sólo las víctimas que sufren algún tipo de vulneración, sino las personas que abogan y defienden a estas personas se encuentran con limitaciones, por la falta de condiciones para ejercer su labor, comentó Fabio Schuett de la organización Adesproc Libertad, que trabaja en la defensa de los derechos de la población LGTBIQ+. “Los mismos defensores no cuentan con recursos, son voluntarios, y corren diferentes peligros. Hay amenazas, por ejemplo. Para nosotros es importante generar una política pública en ese sentido”, expresó.

Marcela Quisbert, una defensora de los derechos de su comunidad indígena en Zongo (La Paz), dio a conocer cómo por su rol de defender a su tierra y a sus coterráneos de una empresa minera, fue amedrentada, perseguida y golpeada. Además, le abrieron 11 procesos legales que la obligaron a salir de su comunidad y ser separada de su familia.

“Tengo 11 procesos por defender. He sido perseguida y golpeada, no es fácil sobrevivir a estos ataques. Muchas veces se piensa que el pueblo indígena está bien, no es así, nuestra biodiversidad está siendo atacada por la minería. Cuando dices la verdad, te ganas procesos”, relató.

La propuesta de política pública continúa en construcción. UNITAS desarrollará otros encuentros departamentales y uno nacional para validar el contenido de la misma, a objeto de que próximamente sea presentada a la opinión pública y a las autoridades respectivas.

La propuesta de política pública para personas y organizaciones defensoras de derechos es una iniciativa del proyecto Sumando Voces, Multiplicando Acciones de UNITAS, que tiene el apoyo financiero de la Unión Europea en Bolivia.

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