Hasta finales de diciembre y con referendo aprobatorio incluido. Este es el plazo que el oficialismo se ha puesto para concretar la reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), proceso para el que ya existe consenso entre las principales fuerzas con representación legislativa. Sin embargo, parlamentarios coinciden en que buscarán mecanismos para avanzar lo antes posible en aspectos técnicos, incluso durante la vigencia del estado de excepción.
En momentos en que los legisladores habían intensificado el debate en torno a los ajustes a la Ley de Leyes, la madrugada del miércoles 16 de septiembre, el Gobierno consiguió el permiso de la Asamblea para extender esta medida extraordinaria por 90 días más. Sin embargo, en su artículo 140, la propia Carta Magna dispone que «la reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción».
Consultado al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila (PDC), consideró que esto no significa postergar el proceso y estimó que la reforma podría materializase a finales del próximo año.
“No hay un rezago, porque tampoco en tres meses (del estado de excepción) tendríamos las condiciones necesarias para llevar adelante el referéndum. Los tiempos que estamos previendo para esto es que más o menos hasta fines de 2027 tendríamos el tiempo para hacer todo el proceso de reforma y tener el referéndum”, afirmó según ANF.
“Lo que establece la Constitución es que durante este periodo no se puede hacer la reforma a la Constitución, pero todo el trabajo preparatorio sí se puede ir haciendo”, añadió.
La diputada oficialista Claudia Bilbao también sostuvo que la medida no constituye un impedimento para avanzar en la reforma, ya que estos tres meses servirán para construir acuerdos sobre los temas que deben ser modificados.
Un grupo de parlamentarios de oposición se había manifestado en contra de la ampliación del estado de excepción, debido a la urgencia de avanzar en la modificación de la CPE para permitir el ingreso de capital externo y la importación de combustible por parte del sector privado.
En ese sentido, la senadora de la alianza Unidad Tatiana Añez afirmó que la ampliación de la medida no impedirá que el proceso de reforma avance. A su criterio, ese trabajo ya comenzó con los proyectos de ley presentados por las diferentes bancadas en las cámaras de Diputados y Senadores, reportó ANF.
En esa misma línea, la diputada de la alianza Libre Lissa Claros dijo que esa bancada buscará medidas alternativas para avanzar en la socialización de la iniciativa legislativa presentada por el líder de esa organización política, Jorge “Tuto” Quiroga.
Cuestionan que el TCP no puede tomar decisiones
Por otra parte, el diputado del PDC Ruddy Pantaleón cuestionó la premura de sus colegas y advirtió que el proceso de reforma no podrá ejecutarse, debido a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no cuenta con el quorum necesario para aprobar la convocatoria a referéndum.
A su criterio, antes de ese trabajo se debe aprobar el proyecto de ley que autoriza a la Sala Plena del TCP a funcionar con cuatro integrantes. De lo contrario, se deberá llevar adelante el proceso de elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional.
Ávila anuncia mesas de trabajo
De acuerdo con el presidente de la Cámara Alta, el proceso de reforma requerirá mesas especializadas en distintas áreas, con participación de los departamentos y de los diferentes sectores involucrados.
La agenda contempla asuntos como la discusión de un nuevo marco autonómico y el pacto fiscal, con mesas en los departamentos u con participación de los municipios, dijo.
“Van a ser meses de una valiosa y larga discusión que permita que toda la población se vincule en este proceso”, sostuvo y remarcó que la reforma debe recoger aportes de organizaciones, instituciones y ciudadanos.
Al momento, existen al menos tres propuestas para una modificación parcial de la Constitución. Una de ellas presentada, precisamente por Ávila. Según la autoridad, el proyecto presentado es una iniciativa que establece el procedimiento para llegar a la reforma y los temas que estarán sujetos a discusión, no el contenido final deberá construirse durante los próximos meses.
“No es en sí un proyecto de reforma de la Constitución, sino que define el procedimiento que vamos a utilizar para llegar a ello (…), define los temas que se van cambiar, pero no determina el contenido de cambio”, explicó.
