JORGE QUISPE, SUMANDO VOCES
En medio de anuncios de protestas, el retorno de la demanda de renuncia presidencial y una crisis de combustible que sigue sin resolverse, el Gobierno de Rodrigo Paz consiguió la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ampliar por otros 90 días el estado de excepción. La medida, aprobada el 17 de septiembre, prolonga hasta diciembre un régimen adoptado en junio, después de más de 50 días de movilizaciones y bloqueos que dejaron millonarias pérdidas económicas, afectaciones a derechos y al menos 22 personas fallecidas.
La ampliación de la medida, sin embargo, no significa que hayan desaparecido las causas de la conflictividad. La Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), organizaciones interculturales y sectores afines a Evo Morales ya expresaron su rechazo a la decisión y cuestionaron sus efectos sobre el derecho a la protesta.
En este escenario, analistas, dirigentes sindicales, juristas y defensores de derechos humanos coinciden en un punto: la estabilidad no puede depender indefinidamente de medidas de excepción ni de una eventual salida anticipada del Gobierno. La discusión de fondo pasa por cómo recuperar la capacidad institucional para procesar las demandas económicas y sociales y evitar que estas vuelvan a desembocar en una nueva escalada de conflicto.
La crisis no distingue inquilinos en el Palacio
Durante las movilizaciones de mayo y junio, la demanda de renuncia del presidente Paz llegó a ocupar el centro de las protestas. Cuando parecía haber perdido fuerza en el debate público, volvió a escena a pocos días de que concluyera el primer estado de excepción.
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, denunció entonces que el expresidente Evo Morales promovía nuevamente el acortamiento del mandato presidencial. “Morales se ha referido a tomar medidas extremas, incluso ha pedido el acortamiento de mandato del presidente Rodrigo Paz y es muy clara su muestra de conspiración”, afirmó Bascopé en el programa Noches Sin Tregua.
Ese mismo día, el excandidato a la Gobernación de Santa Cruz Otto Ritter también se pronunció a favor de la salida anticipada del mandatario. “Yo creo que Rodrigo Paz debería acabar su mandato inmediatamente; no creo que valga la pena darle cuatro años más para que termine de acabar y fundir al país”, declaró en Tarija.
El vicepresidente Edmand Lara también se refirió a la posibilidad de una revocatoria de mandato, aunque recordó que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, esta posibilidad se habilita después de transcurrido al menos la mitad del periodo de las autoridades electas.
Lara incluso afirmó que estaría dispuesto a hacer campaña para que la ciudadanía vote en su contra en un eventual referéndum revocatorio y, de esa manera, dejar el Gobierno junto a Paz para dar paso a una nueva administración. “Si de aquí a dos años, en un revocatorio, tengo que salir a pedir el voto en mi contra para que me vaya con Rodrigo Paz, lo voy a hacer”, dijo en Viacha.
Sin embargo, el análisis de los expertos consultados no encuentra justificativo a este extremo; por el contrario, reivindican el valor de cuidar la institucionalidad democrática por encima de cualquier interés.
Para Sósimo Paniagua, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, el acortamiento de mandato no resolvería los problemas que atraviesa el país.
“No, no, no, la solución no es esa. Mire, aunque vuelva Evo Morales, el Gobierno va a tener los mismos problemas. El problema es estructural, económico”, sostiene.
El constitucionalista José Antonio Rivera coincide en que cambiar el periodo presidencial no resolvería por sí mismo la crisis económica. A su juicio, la salida pasa por enfrentar los problemas estructurales —cita entre ellos una «economía monoproductora y agotada»— sin profundizar la confrontación.
“Apostar por el enfrentamiento, apostar por el desastre no es el mejor camino”, afirma.
El analista político Daniel Moreno recuerda, además, que cualquier salida debe sujetarse a las reglas constitucionales. “Forzar salidas de hecho vulnera el orden democrático”, sostiene.
Su recomendación es alcanzar, cuanto antes, un acuerdo nacional que convoque a todos los actores. “El Gobierno debería ser más capaz de establecer diálogos. Lo que necesita el país es un gran acuerdo nacional, es sentar a los distintos líderes políticos, a los gobernadores, a los alcaldes (…) para la construcción de acuerdos políticos que nos permitan superar las cosas”, plantea Moreno.
El riesgo de un quiebre institucional
Para el exlegislador y exalcalde de Sucre Germán Gutiérrez Gantier el problema no puede reducirse al combustible, al déficit económico o a las protestas, porque en su criterio existe un deterioro mayor que alcanza a las instituciones del Estado.
“La crisis es política, social, económica y moral. Tratar solamente la parte económica no va a dar resultados. Cualquiera de los factores aislados no da resultados”, sostiene.
En su lectura, la crisis también expresa una pérdida de capacidad institucional. “Hay una carencia de institucionalidad porque el viejo Estado que se muere termina de aplastar a lo poco de institucionalidad que había”, afirma.
Gutiérrez habla incluso de un “vacío de poderes” y advierte sobre las consecuencias de mantener esa situación. “No funciona el Legislativo, no funciona el Ejecutivo, no funciona el Judicial, no funciona el Electoral, no funcionan las entidades del Estado; por tanto, hay un desorden total y está en un proceso que puede llevarnos al desmoronamiento. Se deben tomar medidas urgentes”, señala.
Su diagnóstico introduce otra dimensión al debate: más allá de quién ocupe el Palacio de Gobierno, la crisis también interpela a las instituciones encargadas de procesar las diferencias y garantizar el funcionamiento democrático.
La respuesta que se espera del Gobierno
En criterio del analista político Marcelo Silva, el escenario también exige una respuesta concreta del Ejecutivo. Considera que, después de meses de tensión, la población necesita resultados más que nuevos anuncios.
“A mí me da la impresión de que el primer elemento es que el Gobierno debe tener la capacidad de respuestas concretas. Ya basta de promesas, alargar discursos…”, afirma.
En su criterio, una gestión capaz de atender la crisis económica y social podría restar fuerza a cualquier propuesta de acortamiento de mandato. “Si ese trabajo se da, entonces parece inútil discutir sobre la posibilidad de acortamientos de mandatos o salidas constitucionales. La pelota está en la cancha del Gobierno”, resume.
La cultura de paz frente al atajo político
A este debate se suma Águeda Colque, experta en cultura de paz y activista potosina, coordinadora de proyectos de Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP).
Desde su perspectiva, incluso si se produjera un cambio anticipado de Gobierno, los problemas de fondo permanecerían si no existe una estrategia para enfrentarlos.
“No es una solución. Aunque se acorte el mandato, porque estamos viviendo una crisis multidimensional. Entonces, entre quien entre, la situación va a estar igual, porque hasta ahora no conozco un plan país para salir de esto”, afirma.
Colque sostiene que la crisis económica y social requiere cambios en la orientación de las políticas públicas y una mayor conexión entre las decisiones estatales y las necesidades de la población. “En la práctica, podemos ver que el Gobierno más está centrado en los grandes empresarios, en los agroindustriales, en los capitalistas”, cuestiona.
Desde su lectura, mantener las actuales condiciones puede profundizar las fracturas que quedaron expuestas durante las movilizaciones. “La crisis se va a ir ahondando, porque en la crisis de los 53 días hemos visto cómo se ha profundizado la polarización, la discriminación, el racismo”, advierte.
Una paz sostenida por la excepción
La ampliación del estado de excepción abre otra discusión: si una medida destinada a contener escenarios de conflictividad puede convertirse en una respuesta permanente frente a problemas que son fundamentalmente económicos, sociales y políticos.
Colque rechaza la ampliación porque considera que puede profundizar la sensación de incertidumbre y limitar la construcción de una salida basada en derechos.
“No me parece correcto tener que mantener una paz negativa, porque eso es lo que estamos viviendo, una paz negativa. Creo que el Gobierno tiene que buscar alcanzar una paz positiva”, afirma.
Para la activista, prolongar la medida puede generar “más desesperación en la gente” si no está acompañada de respuestas a las causas que originan el malestar.
La preocupación no se limita al estado de excepción. La Defensoría del Pueblo documentó 22 fallecimientos en el contexto de la conflictividad de mayo y junio, 19 de ellos correspondientes a terceros afectados por los bloqueos y tres a personas del sector movilizado. La institución señaló, además, que realizó 30 acciones de prevención, gestión y facilitación del diálogo durante ese periodo.
El dato vuelve a poner en el centro una pregunta que atraviesa la actual coyuntura: ¿cómo evitar que la próxima crisis vuelva a tener como escenario las carreteras y como principales afectados a quienes no participan directamente del conflicto?
El Gobierno sostiene que la medida busca prevenir nuevos escenarios de conflictividad; sectores políticos y sociales cuestionan su necesidad y advierten que no resuelve las causas del malestar.
En medio de ambas posiciones persiste una tarea pendiente: responder a la crisis sin trasladar el costo a las instituciones democráticas ni esperar a que una nueva movilización vuelva a poner al país al límite.
Las voces consultadas difieren en sus diagnósticos y en las responsabilidades que atribuyen, pero coinciden en que cambiar de gobierno, por sí solo, no resolvería los problemas estructurales. Tampoco una medida de excepción puede sustituir indefinidamente a la política.
Después de los 51 días de bloqueos, de las 22 vidas perdidas y de una economía todavía golpeada, consideran que el desafío es recuperar aquello que una crisis prolongada suele debilitar: la capacidad de sentarse, escuchar y encontrar salidas dentro de las reglas democráticas.
«Bolivianos por el diálogo y la paz social»
