La Defensoría expresa su preocupación por los posibles impactos del levantamiento de la subvención del diésel

Democracia

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Patricia Cusicanqui

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los posibles impactos económicos y sociales derivados del levantamiento de la subvención al diésel, particularmente sobre los hogares y sectores en situación de mayor vulnerabilidad.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los impactos sociales y económicos que puede provocar esta medida. Entendemos que el Estado debe atender desafíos económicos; sin embargo, cualquier política pública debe tener presente la preservación de los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud y a la educación”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en contacto con medios de comunicación.

​Callisaya reconoció los desafíos financieros que enfrenta el país y la necesidad de adoptar medidas orientadas a la estabilidad. No obstante, exhortó al Gobierno a informar oportunamente a la población de todas las determinaciones.

De igual manera, hizo un llamado a los sectores movilizados a canalizar sus demandas de forma pacífica y respetuosa de los derechos de la ciudadanía.

​Ante el anuncio del Gobierno de convocar al diálogo, Callisaya instó a las autoridades a asumir una actitud proactiva. “No tiene que ser una acción de espera reactiva, tiene que ser una acción proactiva. Hay que bajar a las bases para explicarles la situación económica del país”, puntualizó.

​Mediante un pronunciamiento, la institución defensorial señaló que, debido a la importancia del diésel para el transporte, la producción agropecuaria y el comercio, es necesario prestar atención a sus efectos sobre el precio de la canasta familiar y servicios esenciales. Asimismo, instó a los gobiernos departamentales y municipales a implementar mecanismos de monitoreo de precios y abastecimiento. “La protección de los derechos humanos y la estabilidad económica deben ser atendidas de manera simultánea”, sostiene el documento.

​La Defensoría del Pueblo continuará realizando el seguimiento a los efectos de esta medida para plantear las recomendaciones que correspondan, en el marco de sus atribuciones constitucionales.

El siguiente es el pronunciamiento defensorial:

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