Una presentación de presuntos delincuentes realizada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Foto: Min. Gobierno.
Entre julio y septiembre de este año, el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS registró 178 vulneraciones a las libertades fundamentales, siendo la institucionalidad democrática la que mayor cantidad de transgresiones recibió con un total de 104 casos (56%).
A la institucionalidad democrática, como condición indispensable para el ejercicio y disfrute de las libertades fundamentales, le siguen en porcentaje de casos: la libertad de prensa (26%), el derecho a defender derechos (9%), la libertad de expresión (4%), la libertad de asociación (3%), el derecho a la protesta (2%) y la libertad de reunión (1%).
Estos datos se desprenden del Informe trimestral junio – septiembre del Observatorio, en el que se desglosa cómo se ha afectado a la institucionalidad democrática a través de actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (68 casos), procedimientos basados en la norma (24), corrupción de autoridades (6), condicionamientos en el servicio público (4) e independencia de órganos del Estado (2).
En torno a los actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, los casos exponen a las autoridades del ejecutivo nacional, principalmente ministros de Estado y funcionarios públicos de alto cargo, los que cometen continuamente vulneraciones a la institucionalidad democrática.
Un ejemplo de esto son los casos de exhibición de presuntos delincuentes, a través de medios de comunicación y las redes sociales, que realiza reiteradamente el Ministerio de Gobierno, en una “vulneración sistemática al principio básico y garantía constitucional de la presunción de inocencia”. Se han registrado, entre el 28 de enero y el 20 de septiembre, que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó de manera pública a 112 presuntos delincuentes.
“De las 187 violaciones registradas durante el tercer trimestre de 2023, al menos 99 (53%) son atribuibles a estos servidores públicos. Es más, 72 de éstas (39% del total trimestral), corresponden a las agresiones y fallas acometidas por ministros del Estado. Esta preocupante situación, deriva en que pueda considerarse a estas vulneraciones como unas de orden estructural”, destaca el informe del Observatorio que está disponible en el siguiente enlace: https://redunitas.org/download/informe-trimestral-julio-septiembre-de-2023/
En la identificación de actores vulneradores de las libertades fundamentales y la institucionalidad democrática también se encuentran otros con menor cantidad de registros, como los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño; de la Presidencia, María Nela Prada; de Medio Ambiente y Aguas, Rubén Alejandro Méndez y el de Economía, Marcelo Montenegro.
Además de ellos, funcionarios de instituciones como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Servicio General de Identificación Personal, el Servicio de Migración, entre otros, también cometieron vulneraciones que están registradas en el informe.
La Policía como vulneradora de la libertad de prensa
Respecto a la libertad de prensa, son 49 casos que se han presentado en el tercer trimestre de este año, siendo el impedimento de acceso a la información (8 casos), la agresión física, psicológica o sexual (8), la amenaza o amedrentamiento (7), el incumplimiento al deber de investigación (6), el incumplimiento al deber de protección (6), la estigmatización de periodistas (5) y la censura (4), los de mayor relevancia en este periodo.
¿Quiénes son los principales vulneradores de la libertad de prensa? La Policía, según da cuenta el informe. En éste se menciona que los miembros de la institución verde olivo impiden el acceso a la información, pero también incumplen su deber de protección a periodistas, por ejemplo, cuando se presentan amenazas hacia éstos como ocurrió con el caso del periodista de El Deber, Guider Arancibia, amenazado por el narcotráfico, como también ocurrió con la periodista Priscilla Quiroga de Contacto Bolivia, dentro del caso que envuelve al narcotraficante Sebastián Marset.
“Estos hechos revelan el nivel de naturalización con el que se ejercen las violaciones en contra de periodistas; las agresiones no se limitan a sectores o actores específicos, la situación de desprotección de los periodistas es hoy generalizada”, se lee en el informe.
Agresiones a las personas y organizaciones defensoras de derechos
De acuerdo con el informe trimestral, los casos en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos muestra una “institucionalización de la represión (directa o indirecta) en contra de éstas, por la reiteración y continuidad de las vulneraciones hacia actores como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz o las comunidades indígenas de Cahua Chico en el valle de Zongo, en La Paz.
Son 17 casos de vulneración identificados en el trimestre observado, de los que nueve hacen referencia a la criminalización de personas y organizaciones defensoras de derechos, seis a la no protección en situaciones de riesgo, uno a la agresión a defensores y uno a la amenaza o amedrentamiento de éstos.
