El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: Archivo.
(Parte seis del reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz).
Los periodistas que recurrieron a la vía penal para buscar justicia, y no la obtuvieron, muestran que las instituciones destinadas a investigar y sancionar a los responsables de actos de violencia en contra de periodistas no asumen su responsabilidad, como es el caso de la Fiscalía, el Órgano Judicial o la Policía, pero muestra también la indiferencia de autoridades del Órgano Ejecutivo frente a casos que atentan contra la libertad de expresión.
Como parte de la violencia en contra de periodistas suscitada en los conflictos sociales y políticos de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió su informe sobre estos hechos en julio de 2021. La recomendación 27 insta a “crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.
Para la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, esta recomendación obliga al Estado a crear esta instancia para que periodistas reciban atención, reparación social y psicológica y, si es necesario, hasta económica de parte del Estado. “Vamos a exigir el cumplimiento de la recomendación 27 que establece la creación de un mecanismo autónomo sin interferencia estatal para que los casos de violencia contra periodistas puedan ser investigados, sean procesados en el contexto de las condiciones del debido proceso y consigan reparación y justicia”, exclamó.
Consultado sobre cuánto se ha avanzado en la recomendación 27, el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que al referirse el GIEI a una instancia no estatal, esta recomendación “no es tuición del Estado”.
“En particular, se entiende que la Recomendación 27 está dirigida a Sociedad Civil, toda vez que se refiere a la creación de una instancia no estatal, lo cual no es tuición del Estado”, informó el ministro, según el Informe cuatrimestral enero – abril de 2024 del Observatorio de Defensores de UNITAS, que publica un cuestionario respondido por la autoridad, relacionado a casos de violencia hacia periodistas.
Pese a la interpretación del ministro, el informe del GIEI de manera textual señala que la recomendación 27 está dirigida “al Estado y a toda la sociedad civil boliviana”.
Lima complementa su respuesta haciendo mención al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi). “Desde el Ministerio de Justicia el Sepdavi ya ofrece apoyo y asistencia jurídica y psicológica a víctimas de hechos delictivos”.
En un cuestionario respondido para la presente investigación, el Sepdavi dio a conocer que entre 2023 y 2024 ofreció sus servicios de patrocinio legal, psicológico y social a 11 periodistas en siete casos de violencia; seis de éstos en Santa Cruz y uno en la ciudad de La Paz. Todos los periodistas contactados, de los que el Sepdavi se reserva el nombre por un principio de confidencialidad, rechazaron el ofrecimiento.
Los casos que expone el Sepdavi tienen relación, mayormente, con los trabajadores de los medios de comunicación que fueron agredidos en los conflictos por el paro cívico en demanda de la realización del Censo y la detención de Camacho en Santa Cruz. El único caso de La Paz hace referencia a una periodista convocada por la Fiscalía en calidad de testigo, la que también optó por no aceptar el ofrecimiento.
Para el Sepdavi, los argumentos que esgrimen los periodistas contactados para rechazar sus servicios tienen que ver con que “cuentan con abogados particulares, que al estar agremiados cuentan con un abogado de su asociación, que no tienen tiempo para venir a la entidad y otros”.
Alanes mencionó que, en una reunión con autoridades del gobierno central, la ANPB dejó establecido que el Sepdavi no es la instancia que recomienda el GIEI para la atención de casos de violencia contra periodistas.
De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), la seguridad de los periodistas es una “obligación estatal”, cuyos deberes se resumen en tres puntos: prevenir, proteger y procurar justicia. En materia de protección, la OEA invoca a los Estados a brindar seguridad a periodistas cuyas vidas o integridad estén en peligro y cita casos de mecanismos de protección destinados a ese fin, como el caso de Colombia o México. A continuación, se presentan los modelos que estos dos países han adoptado para proteger a periodistas.
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