Estos últimos días, parte del debate público en Bolivia está centrado en el levantamiento de las subvenciones a los hidrocarburos y la aplicación de un ajuste en la metodología del cálculo de la tarifa de energía eléctrica, como parte de las políticas de estabilización del Gobierno. Debido a ello, se generó un gran temor en la población y en los sectores sociales sobre la posible elevación de los precios, sobre todo de la electricidad. Entre la diversidad de opiniones, los especialistas coinciden en que las tarifas no presentarán grandes cambios. Pese a ello, el temor persiste en la sociedad, debido a que los bolivianos durante décadas estuvimos indefensos ante las empresas e instituciones del Estado.
Actualmente, este abandono se profundizó aún más con la distribución de gasolina adulterada por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la cual ocasionó fallas mecánicas costosas en miles de vehículos. Si bien existe una entidad estatal como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), esta no cumplió con la función de verificación de la calidad de los hidrocarburos distribuidos por la empresa estatal. Esta desprotección de la población se siente también cuando acude a otras entidades como la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) con reclamos. Sin duda alguna, desde la creación de las autoridades de supervisión, estas actúan de forma selectiva con la población y las empresas. Una Autoridad de Fiscalización puede sancionar o multar de manera más agresiva a una empresa privada que a una pública, así como ser más tolerante con el mal servicio. Desde que el Estado pasó a ser juez y parte, se profundizó la indefensión de la sociedad boliviana.
Cabe hacer una retrospectiva para determinar el momento en el cual estos organismos fiscalizadores dejaron de cumplir su función. El año 1994, una vez iniciado el proceso de capitalización de las empresas estratégicas, se vio la necesidad de la creación de Superintendencias, de estructura autárquica con independencia regulatoria, cuyas autoridades eran designadas mediante votación de dos tercios del Senado. Estas Superintendencias tenían la función de brindar al boliviano un árbitro neutral e independiente que supervisara tanto a empresas privadas como públicas, sin favorecer a ninguna parte. Asimismo, simultáneamente se estableció un marco normativo contra prácticas anticompetitivas (acuerdos anticompetitivos y fijación concertada de precios, prácticas monopólicas en detrimento del consumidor y la prevención de fusiones monopólicas). La principal premisa fue la protección simultánea de usuarios y consumidores, evitando cobros abusivos o precios especulativos, y de los operadores, garantizando el retorno de inversiones de manera justa con la continuidad de sus operaciones.
Antes de la creación de las superintendencias, el Poder Ejecutivo, mediante los ministerios, fijaba tarifas y precios según criterios políticos o electorales, lo que generaba distorsiones del mercado y, en casos extremos, déficit fiscal, desabastecimiento y congelamiento artificial de tarifas. Fue un gran acierto trasladar el cálculo y aprobación de tarifas y precios a entes independientes mediante fórmulas cuantitativas transparentes basadas en costos reales y eficiencia. La aplicación de esta medida tenía dos funciones macroeconómicas: disminuir la incertidumbre en la población y atraer inversión extranjera directa.
Algunos analistas señalan a la Constitución Política del Estado aprobada el 2009 como culpable de nuevamente concentrar las facultades fiscalizadoras en el Poder Ejecutivo, pero la CPE no impone una estructura rígida para las autoridades de fiscalización. Por ello, las Superintendencias fueron extinguidas el 2009 con el Decreto Supremo N.º 071, que creó las actuales Autoridades de Fiscalización y Control Social. Lamentablemente, mediante esta normativa, las autoridades fiscalizadoras pasaron a estar bajo tuición directa de los ministerios cabeza de sector. En conclusión, estas autoridades son designadas directamente por el Presidente de la República mediante Resolución Suprema, sin intervención del Órgano Legislativo ni concurso de méritos. Lo anterior derivó en que Bolivia retroceda a los años oscuros anteriores a la creación de las Superintendencias: al estar supeditadas al Ejecutivo, las Autoridades de Fiscalización y Control Social comenzaron a fijar tarifas y precios ajenos a la realidad financiera de las inversiones, otorgando un trato preferencial a algunas empresas y sectores de la población, en desmedro de la mayoría de los bolivianos.
Asimismo, en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo, la entidad nacional recaudadora de impuestos fue una pesadilla para emprendimientos y empresas. Teniendo a la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad a la cual acudir en caso de multas o sanciones injustificadas, la población en raras ocasiones asistía a esta debido a que, como el Estado era juez y parte, el contribuyente tenía en la mayoría de los casos las de perder. Lo rescatable fue que el actual Gobierno comprendió el abuso sistemático que enfrentó el contribuyente, promulgando la Ley N.º 1733 de alivio tributario. Pero ¿quién asegura que en unos años los contribuyentes no volverán a sufrir abusos? Es necesaria la independencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, así como la del resto de los organismos fiscalizadores.
Es prioridad del Gobierno una normativa para atraer inversión extranjera. Pero ¿qué empresa seria podrá animarse a invertir en un país donde el Gobierno de turno puede favorecer a ciertas empresas con una normativa específica, distorsionando los precios del mercado? No es de extrañar que la Cámara Agropecuaria del Oriente excluya de sus exigencias el tema de la independencia de los organismos fiscalizadores, siendo esta clave para la atracción de inversión y el fortalecimiento de la competencia. Estos grupos empresariales en las últimas décadas se vieron beneficiados directamente por normativas nacionales; para estos es prioridad mantener algún grado de influencia en la administración pública. Para este sector, la fiscalización y la regulación son vistas como propias del centralismo estatal. Al igual que otros sectores de poder que profesan el libre mercado y más inversión, omiten exigir la autonomía fiscalizadora porque un árbitro imparcial iría en contra de sus privilegios económicos.
En esta etapa de ajustes, para darle más certidumbre a la población y atraer inversiones, urge derogar el Decreto Supremo N.º 071, desvinculando a los entes reguladores de la influencia política del Ejecutivo y devolviendo el arbitraje del mercado y de los precios a profesionales técnicos designados por méritos. La autonomía institucional y financiera de un ente regulador es vital para generar confianza tanto en el consumidor (protección frente a abusos de precios) como en el inversor (reglas de juego claras y estables).
En lugar de derrochar recursos públicos en publicidad orientada a convencer a la población de que los ajustes económicos no incidirán de forma desproporcionada en precios o tarifas, el Gobierno debe apostar por la promulgación de una nueva normativa que otorgue independencia y autonomía a las Autoridades de Fiscalización con la finalidad de generar confianza y reducir la incertidumbre de los bolivianos. Asimismo, esta autonomía devolvería la credibilidad a los organismos responsables de fiscalizar las actividades mineras, extractivas, forestales y agropecuarias.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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