Esta investigación del medio Guardiana se realizó en el marco del taller virtual “El periodismo como ejercicio de defensa de derechos” (2da versión) que realizó la red UNITAS con el apoyo financiero de la Unión Europea y en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el coauspicio de FUNDAMEDIOS de Ecuador, dentro del proyecto “Sumando Voces Multiplicando Acciones: Las Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”.
Guardiana conversó sobre el trabajo infantil y adolescente en Bolivia con el jefe de Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Carranza. En la entrevista, él ratificó la intención del Gobierno actual de cumplir la palabra empeñada ante la Organización Internacional del Trabajo en 2018 de erradicar el trabajo infantil en Bolivia hasta el año 2025. Además, en el documento que maneja el Ministerio de Trabajo para la formulación de una política pública al respecto en el país, se puede leer como intención: «Ningún niño, niña o adolescente menor de 14 años en Bolivia se encuentra en situación de trabajo al 2025».
¿Cómo están trabajando las preguntas de la nueva encuesta que proyectan?
El INE, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Trabajo vamos a conformar un equipo para revisar las preguntas que van a ser utilizadas en la encuesta. Aún no tenemos ningún avance, estoy tomando en cuenta que podría ser a partir de 2022. El Ministerio de Economía tiene que ver de dónde se puede sacar el financiamiento porque es costoso; sin embargo, quiero señalar que ya es necesario llevar adelante una nueva encuesta para ver en qué situación nos encontramos.
A fines de 2018, el Código Niña, Niño y Adolescente fue ajustado mediante la Ley 1139. Sin embargo, entre los ajustes, el artículo 129 no fue tocado. ¿Cómo maneja actualmente el Ministerio de Trabajo, desde la parte legal y desde las autorizaciones de trabajo a menores de edad, este asunto?
En realidad se ajustó precisamente ese artículo porque el Código Niño, Niña y Adolescente establecía algunas excepciones, aparte de tomar la edad de 14 años, que es la recomendación internacional y que está en la Ley General de Trabajo además, hacía las excepciones para que por cuenta propia y por cuenta ajena se podría ver el trabajo de 10 a 13 años y de 12 a 14 años, esto precisamente era con el enfoque de visibilizar el trabajo que existía, una vez que se visibilizó estos artículos ya no tenían sentido, por eso es que a raíz de una sentencia constitucional y una ley nacional se ha vuelto a la recomendación internacional de trabajo, donde se acepta el trabajo de 14 años para arriba, prohibiendo las actividades y el trabajo peligroso, que son 21 formas señalados en el mismo Código.
En 2019, el Ministerio de Trabajo aprobó una resolución ministerial para que las defensorías de la Niñez y Adolescencia sean las responsables de dar autorización a los adolescentes a partir de los 14 años para que puedan trabajar mediante el llenado de un formulario y luego este debía ser enviado a este ministerio. ¿Cuántas autorizaciones se han dado desde ese año en Bolivia?
No tengo conocimiento de esto, tenemos una especialista en erradicación de trabajo infantil que en este momento está haciendo inspecciones con otros inspectores en Bermejo, por el tema de la zafra; pero podríamos señalar que el encargado de dar esa información es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
La cifra no es mucha, no podríamos precisar la cifra exacta, en muchos casos las defensorías omiten este detalle de informar al Ministerio de Trabajo, se olvidan de informar, o en otros casos son los padres de familia o los menores que van a trabajar tampoco recurren a las defensorías.
«Durante la pandemia no hemos encontrado autorizaciones (de trabajo para adolescentes por parte de las defensorías). Después de la pandemia tenemos que ver si hay alguna autorización que llega, pero son las defensorías las que tienen que dar y, en muchos casos, no hacen llegar al ministerio y hay el descuido de los padres que no van a solicitar estos formularios«.
Gabriel Carranza, jefe de Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
¿Esto muestra entonces una falta de control?
Ese control es el que nosotros vamos realizando a través de las inspecciones. Cuando encontramos algo, hacemos que esto tenga que regularse.
Mencionaba que en la pandemia hubo un retroceso, ¿cuáles serían las causas principales?
Podríamos señalar el tema del empleo, la disminución del empleo durante ese periodo, el hecho de que los padres no cuenten con un ingreso seguro hace que los niños y adolescentes tengan que salir a apoyar el trabajo de los padres, esas son algunas de las cuestiones que podríamos encontrar.
¿Y cuántas autorizaciones se han dado durante la pandemia?
Creo que durante la pandemia no hubo autorizaciones por el cierre de oficinas.
¿Con cuántos inspectores se cuenta a nivel nacional para hacer el control y seguimiento del trabajo de menores de edad para que su derecho a la educación y en general sus derechos humanos no sean vulnerados?
Antes contábamos con inspectores especializados, teníamos 6 para el trabajo infantil y 8 para el trabajo forzoso, esto ha sido en una visión bastante interesante del exministro de convertirlos a todos los inspectores en inspectores integrales, que no sean especializados, sino que cualquier haga inspecciones de trabajo infantil y forzoso, entonces estaríamos contando con 103 o 97 inspectores en todo el territorio nacional y cualquiera puede realizar ese tipo de inspecciones.
¿Esa cantidad para qué tipo de controles, seguimiento y otros alcanza o cuánto queda al margen por hacer?
Estas inspecciones son laborales, especializadas técnicas, control de bioseguridad en este caso, pero además de trabajo forzoso o explotación laboral y trabajo infantil.
Estos inspectores también tenían la tarea de realizar seguimiento a los menores que llenan el formulario, ¿se hicieron estos seguimientos, sobre todo durante la pandemia?
Durante la pandemia no hemos encontrado autorizaciones. Después de la pandemia tenemos que ver si hay alguna autorización que llega, pero son las defensorías las que tienen que dar y, en muchos casos, no hacen llegar al ministerio y hay el descuido de los padres que no van a solicitar estos formularios.
¿Estos 103 inspectores son suficientes o se necesitan más?
Nunca es suficiente porque somos un país que estamos en constante crecimiento. Ha habido bastante crecimiento de empresas y de emprendedores, entonces tendría que incrementarse, pero es una cuestión que hay que dejarlo al mismo proceso, porque nos han dejado en un estado de austeridad la dictadura transitoria y hasta que se recupere un poco el país económicamente no podríamos soñar con incrementar más inspectores. Sin embargo, en una reunión que tuvimos con la Ministra de Trabajo, nos ha indicado que paulatinamente se incrementará unos 35 inspectores más, cinco los tendremos hasta fines de mes y se dedicarán exclusivamente a inspeccionar el trabajo forzoso y trabajo infantil. Los otros 30, 10 el próximo año y 10 el siguiente año.
Desde que los inspectores retomaron sus tareas luego de la cuarentena, ¿se han identificado algunos casos de incumplimiento de pagos, de estudio?
Lo de Sucre, ahí hubo cuatro casos, no estaban yendo, incluso uno de los menores de 13 años me dijo que estaba trabajando porque quería comprarse un celular para poder estudiar, porque las clases virtuales han hecho que algunos estudiantes no cuenten con este dispositivo para las clases.
En 2018, un representante del Ministerio de Trabajo informó a la Organización Internacional del Trabajo que la situación de los menores de edad que trabajan en Bolivia había mejorado y que incluso el número se había visto reducido a la mitad y aseguró que para 2025 se erradicaría el trabajo infantil en el país. ¿Esto se mantiene o ha habido algún cambio al respecto?
Se mantiene. Hemos bajado bastante, a menos del 50 por ciento de haber encontrado en 2005, esa interrupción nos ha perjudicado un poco, pero la meta que tenemos nosotros, de acuerdo con la Agenda 2025, es llegar a ese año erradicando todo el trabajo infantil y le estamos poniendo el hombro para hacer todo esto, obviamente hay que ver las determinantes: crear mejores fuentes de empleo, mejores ingresos para los padres de familia, estamos con algunos programas para llevarlos adelante.
Hemos concluido la política niño, niña y adolescente, que espero sea aprobado posteriormente, porque no depende solo del Ministerio de Trabajo, sino de todo el gabinete ministerial para ver cómo aportaríamos desde los gobiernos municipales, gobiernos departamentales hasta el Gobierno central para la eliminación del trabajo infantil.
¿Cuáles son los principales problemas con los que se está enfrentando el Gobierno para mejorar la situación de los menores de edad en Bolivia y de qué manera la Covid-19 ha influido en estos problemas?
La Covid-19 ha dejado a muchos padres de familia sin trabajo. También tenemos el tema de las clases virtuales y todo esto hace que el estudiante, el niño, la niña y adolescente quiera utilizar esos momentos libres para poder vender caramelos, lustrar calzados o dedicarse a alguna actividad laboral por cuenta propia, en el sentido de que trata de mejorar su apariencia con una buena indumentaria o comprar un celular. Confiamos en nuestro Presidente que ha sido uno de los que ha implementado un modelo económico con bastantes buenos resultados hasta 2025.
Si no logramos llegar con una erradicación total, por lo menos con una disminución bastante importante en trabajo infantil, por lo menos en el trabajo dependiente de un tercero queremos erradicarlo en su totalidad.
De cara a la comunidad nacional e internacional, ¿cuáles son los compromisos que el Gobierno actual está en condiciones de asumir frente al trabajo de niños, niñas y adolescentes en Bolivia?
No puedo dar una respuesta porque esto le correspondería más al Ministerio de Economía o al Ministerio de la Presidencia, pero nosotros tenemos la tarea, como Ministerio de Trabajo, de trabajar en el Pilar 1, la meta 1, que es la erradicación de la pobreza extrema y la reducción significativa de la pobreza moderada. Tenemos la bolsa de empleo, estamos haciendo las inspecciones laborales técnicas y especializadas para eliminar la explotación laboral que todavía se encuentra en Bolivia, y producto de eso se erradicará e trabajo infantil.
Este artículo forma parte de una investigación que incluye los siguientes materiales:
- Historia del manejo político del trabajo infantil en Bolivia desde el 2014
- Gobierno admite que no logró objetivos y alista política pública para trabajo infantil
- Ministerio de Trabajo mantiene su palabra de erradicar el trabajo infantil hasta 2025
- Muy pocos adolescentes piden y tienen permiso de las defensorías para trabajar
- En La Paz, «trabajo para que mi mamá ya no se endeude»…»lo hago por un celular»
- Hay pequeños en la Llajta que trabajan más horas de lo permitido y esquivando carros
- En Santa Cruz son vendedores, estibadores, ambulantes, cuidadores y malabaristas
