El escenario de la transformación agrícola capitalista en el sudeste del Beni

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Malkya Tudela para el CEDLA*

La Amazonía boliviana está en la mira. Una muestra de ello es el avance de la frontera agrícola para la producción de granos a gran escala en el sudeste del departamento del Beni. Por eso, no es un dato menor que los municipios de San Andrés y San Javier, ubicados en esa zona, produzcan el 60% del total del arroz que se produce en todo el departamento. Este proceso, en el que están involucrados diferentes actores, tanto locales como externos, está transformando la vida de quienes habitan este departamento, en especial del sudeste beniano.

El viaje desde la capital cruceña con rumbo a Trinidad tiene un paisaje que comienza con grandes silos instalados al borde de la carretera y continúa con inmensos campos deforestados y cultivados principalmente con soya. A ambos lados de la vía se expande también el modelo cruceño de agricultura capitalista hacia tierras benianas que tradicionalmente fueron utilizadas para la ganadería.

Los investigadores del CEDLA, Enrique Ormachea y Walter Arteaga, siguieron ese camino para averiguar qué dinámica social y económica se desarrolla en la región, y sus hallazgos se plasman en el estudio Agricultura capitalista y transformaciones en comunidades indígeas y campesinas del sudeste del Beni.

La pavimentación de la carretera Santa Cruz-Trinidad-San Javier, iniciada hace 15 años, facilitó el avance de la frontera agrícola desde las tierras cruceñas hacia el sudeste beniano, es decir para irrumpir sobre la Amazonía sur. A este elemento se suma la aprobación del nuevo Plan de Uso de Suelo (PLUS) del Beni que ha generado el marco legal para declarar el sudeste del departamento como apto para la agricultura intensiva.

Enrique Ormachea afirma que esta transformación de antigua zona ganadera a región agrícola a gran escala implica cambios en el uso del suelo y en otros factores que no están a simple vista, como el tipo de propiedad, el mercado de tierras y la aparición de nuevos actores productivos, entre ellos los empresarios arroceros y los interculturales con capitales acumulados en el norte cruceño.

Entre los actores más antiguos de esta zona están los campesinos tradicionales y los indígenas de territorios en propiedad colectiva. Los más pauperizados se han convertido ahora en jornaleros temporales en los campos de arroz, y a la vez son empujados a vender o alquilar sus tierras a empresarios e “interculturales”.

Los investigadores del CEDLA siguieron esa ruta visitando comunidades que están siendo impactadas por esos cambios. En Puente San Pablo, un pequeño centro urbano sobre la carretera, encontraron que ya casi no hay tierra para trabajar y los campesinos tradicionales tienen dificultades para sacar su producción que ha quedado en parcelas desconectadas de vías de acceso.

En la comunidad Ibiato, en la TCO Sirionó, los indígenas sí tienen tierras colectivas, pero las alquilan a los empresarios ante la imposibilidad de invertir para explotarlas de manera maquinizada por su cuenta.

“Pareciera que nosotros como pueblos indígenas solo estamos para conservar (la naturaleza). También como pueblo indígena necesitamos acceso a la producción y que haya una producción viendo el medio ambiente, protegiendo”.

Limberth Soto, presidente de la Subcentral Indígena Canichana, municipio de San Javier

En esa situación, estar cerca o sobre la carretera se ve como una oportunidad para dar servicios (comida, reparación de vehículos, tiendas, mototaxi) a los viajeros y a los productores que trajinan por el lugar, pero esa es una opción para pocas personas que cuentan con algún capital.

Para los investigadores del CEDLA, se trata de una expansión del “modelo cruceño” con todo lo que implica: ampliación de la frontera agrícola sin incremento de la productividad; generación de empleo asalariado estacional sin derechos sociales y laborales, y un impacto en el medio ambiente derivado de la deforestación.

En todos los casos, los campesinos tradicionales y los comunarios indígenas están afectados por sus fuentes de agua contaminadas con agrotóxicos y sus pequeños cultivos atacados por los animales silvestres que se han quedado sin bosque para reproducir su vida.

Viviendas en la TCO Sirionó. Foto: CEDLA. 

Los cultivos de arroz avanzan sobre las provincias Marbán y Cercado del Beni, como una extensión del modelo capitalista de producción de soya que se desarrolla en Santa Cruz, incluso sobre tierras alquiladas en territorios indígenas cuyos pobladores sueñan con poder algún día también entrar al negocio del monocultivo maquinizado a gran escala.

En este sentido, la Tierra Comunitaria de Origen Sirionó que tiene 52.408 hectáreas y 446 habitantes, según el censo de 2012, no está al margen de este proceso.

“A nosotros nos dicen ‘por qué alquilan (tierras), por qué no siembran ustedes’, pero, pues, nosotros somos pobres, no tenemos un tractor, no tenemos una cosechadora, no tenemos una rastra, cómo vamos a arar con las manos”, dice Natalia Jacinto, comunaria de la TCO, en entrevista con investigadores del CEDLA.

La TCO Sirionó está dividida en el polígono 1, que es un territorio de bajíos, y el polígono 2, que tiene tierras forestales. Las llanuras están alquiladas a la agricultura capitalista del arroz que se ha extendido incorporando a los sirionó como jornaleros en tareas temporales. Por un jornal de 80 bolivianos, que incluye comida, y 100 bolivianos, “seco”, trabajan de manera estacional en la siembra y la cosecha.

Natalia Jacinto dice que el empleo aparece “cuando (los empresarios) están sembrando y cuando están arando porque después ya viene el crecimiento del cultivo y ya poco nomás es (el trabajo)”. Los hombres sirionós se incorporan a distintas tareas manuales, por ejemplo “un día se va a banderear, (señalando) por dónde va a pasar la máquina”.

Antes del boom de la producción maquinizada de arroz, la TCO Sirionó estaba rodeada de medianas y, sobre todo, de grandes haciendas ganaderas que hoy son o están en proceso de convertirse en empresas agrícolas.

Construcción de silo en la comunidad Pata de Águila de la TCO Sirionó. Foto: CEDLA. 

Enrique Ormachea, investigador del CEDLA, explica que la situación de los sirionó es una muestra de que “en un escenario de economía mercantil, de una marcada agricultura capitalista, estos pueblos no pueden eludir ese proceso”. Por ejemplo, los sirionó comienzan a ver opciones para vincularse a esa dinámica; si desde hace años tienen relaciones comerciales con las empresas forestales, ahora han comenzado a alquilar sus tierras.

Lo mismo pasa un poco más al norte, siguiendo la carretera hacia el municipio de San Javier, en la TCO Canichana que se extiende sobre más de 27 mil hectáreas retaceadas o sin continuidad territorial.

“Pareciera que nosotros como pueblos indígenas solo estamos para conservar (la naturaleza). También como pueblo indígena necesitamos acceso a la producción y que haya una producción viendo el medio ambiente, protegiendo”, dice Limberth Soto, presidente de la Subcentral Indígena Canichana, ubicada en el municipio beniano de San Javier.

La investigación del CEDLA explica que los menonitas fueron los primeros que vieron un potencial agrícola para el arroz y la soya en el municipio de San Javier, y en 2005 fundaron la comunidad Río Negro, a 180 kilómetros de Trinidad cercana a la carretera asfaltada San Javier-Trinidad-Santa Cruz.

Los canichana tienen dificultades para controlar su territorio, amenazado por avasallamientos y “piratas” de madera, pero no alquilan todavía sus tierras a los empresarios. Si para los comunarios era habitual buscar trabajo en las haciendas ganaderas, la ubicación de su principal centro poblado, San Pedro Nuevo, sobre la carretera, los ha movido a instalar pequeños negocios de comercio y servicios con los que obtienen ingresos a partir de la expansión de la agricultura capitalista arrocera.

“Ojalá que de aquí a un tiempo no muy lejano podamos también producir porque de nada nos sirve tener un montón de tierra si no le vamos a dar el uso adecuado”, expone Soto.

Las TCO tienen planes de manejo para explotar colectivamente el bosque de manera planificada y controlada. Pero todo requiere inversión, así que la TCO Sirionó ha cedido su derecho de explotar madera a favor de una empresa privada.

La agricultura a gran escala que anhelan las comunidades también necesita una alta inversión. Natalia Jacinto reclama que las políticas gubernamentales no tienen en cuenta a las comunidades indígenas en actividades agrícolas, por ejemplo “a los campesinos los llenaron de tractores, pero para los indígenas no hubo ni un tractor”.

Por ahora la campaña de arroz les da más certidumbre porque es un ingreso anual seguro, para los indígenas tanto por el alquiler de sus tierras como por el trabajo temporal asalariado en el arroz, en comparación a la extracción de madera. Y es que en un año lluvioso es imposible sacar madera, dice la dirigente Jacinto, pero el arroz se produce año tras año “esté vieja la tierra o no”.

Los sirionó también se dedican a recolectar miel de diferentes puntos de su bosque. Se organizan en grupos para entrar al monte a rastrear las colmenas, en una faena que dura más o menos tres meses que se aprovechan al máximo para su venta al mercado.

Algunas familias complementan esas labores que dan dinero contante y sonante con la siembra de maíz, yuca y plátano para el autoconsumo y la venta. “Todingos los días tenemos que ir a buscárnosla para (mantener a) nuestros hijos. El año redondo así paramos: cancheando en la época del arroz, en la época de la melea, en el chaco también”, dice Natalia Jacinto.

La transformación de antigua zona ganadera a región agrícola a gran escala implica cambios en el uso del suelo y en otros factores que no están a simple vista, como el tipo de propiedad, el mercado de tierras y la aparición de nuevos actores productivos, como los empresarios arroceros y los interculturales.

Nuevas empresas arroceras sobre la carretera Puente San Pablo-Trinidad. Foto: CEDLA.

A diferencia de los pueblos indígenas, los campesinos tradicionales del Beni tienen una historia de migración interna en busca de nuevas tierras para cultivar. Las familias pioneras identificaban tierras para trabajar e iban a asentarse en ellas para reclamarlas luego con trámites ante el Estado boliviano. Así llegó, junto a otras, la familia Nuñez Tonore a fundar la comunidad Puente San Pablo apenas iniciados los años 80.

Juana Núñez Tonore, ahora representante del Sindicato Agrario 12 de Octubre, recuerda que junto a sus hermanos abandonó la escuela en Trinidad para irse a vivir a Puente San Pablo y para que su escuela pudiera conseguir el primer ítem de maestro.  

Las historias de migración interna tienen como protagonistas familias que fueron primero en busca de tierras y luego desarrollaron gestiones ante el gobierno para lograr seguridad jurídica y condiciones mínimas de vida en el nuevo asentamiento.

“La gente ha ido llegando, llegando. Labramos la tierra a hacha y machete. Habemos varios que todavía trabajamos así. Como en todo pueblo, una vez que se abre camino ya empiezan los negocios. Viene uno que tiene más recursos, le ofrece una cantidad por su parcelita, y ya van vendiendo, y ellos (nuevos dueños) van mecanizando los terrenos”, dice Juana Núñez.

El asentamiento de Puente San Pablo de entonces es un próspero centro urbanizado ahora, ubicado sobre la carretera Santa Cruz-Trinidad. Los hijos de los comunarios tienen parcelas cerca del pueblo, pero con apenas una brecha para comunicarse, no pueden sacar su pequeña producción de yuca, plátano y maíz.

Lo que está ocurriendo en el Beni es la expansión del “modelo cruceño” con todo lo que implica: ampliación de la frontera agrícola sin incremento de la productividad; generación de empleo asalariado estacional sin derechos sociales y laborales, y un impacto en el medio ambiente derivado de la deforestación.

“Hartos de esos paisanos (de occidente), que son arroceros grandes, han empezado alquilando la tierra y ahorita ya la han comprado. Por eso es que la ganadería se ha estado yendo más al fondo y más al fondo, porque todos los campos que habían cerca de la ganadería, de la lechería (los han copado con arroz), sí, pura agricultura”, dice un entrevistado en Casarabe, poblado también sobre la carretera, en la provincia Cercado.

Los pequeños campesinos están en total desventaja y con la amenaza, dicen, de ser cuestionados en su tenencia de tierra. “Por eso estamos tropezando ahorita con el INRA, porque quiere revertir esas parcelas. Nosotros a pie salimos de allá (parcelas cercanas) dificultosamente. ¿Cómo vamos a salir con nuestros productos?”, dice Fernando Nuñez, hermano de la dirigente de Puente San Pablo.

Las malas condiciones de los caminos vecinales, la falta de infraestructura (silos, molinos, etc.), la falta de maquinaria, la carencia de dinero o créditos hacen que la producción agrícola de los campesinos sea escasa y solo para abastecer el pequeño mercado local.

La situación es generalizada en toda la región. Incluso su experiencia con apoyo estatal es negativa. “Al principio tuvimos una ayuda de la alcaldía. La alcaldía nos propuso que nos daba todo el veneno (agroquímicos). Pero cuando tocó la cosecha, solamente a los beneficiarios les dieron en esa época un 10% y el 90% se llevó la alcaldía”, relata un campesino en Casarabe, más al norte de Puente San Pablo.

Vania Arancibia, comunaria de Nueva Betania y secretaria ejecutiva de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Marbán, explica que el pequeño campesino trabaja en condiciones tan difíciles que su producción “más da para el consumo que para el comercio”.

El precio de transporte está en 10 bolivianos por quintal, dice, y el resultado final no les reporta ganancias.

Trailers esperando carga en Puente San Pablo. Foto: CEDLA. 

Arancibia relata que “las empresas se están expandiendo más, están comprando más propiedades, se están entrando a las tierras fiscales”, y a la vez “hay avasallamientos con violencia en todo el departamento, de personas que vienen de Yapacaní y San Julián”, es decir de los denominados interculturales.

Entre los campesinos tradicionales, unos venden tierras, otros las alquilan y los más pobres se convierten en una suerte de bolsa de trabajo dispuesta a asalariarse en la gran producción de arroz, dice el investigador del CEDLA, Enrique Ormachea.

Por temporadas, la producción de arroz necesita desde operadores de máquina hasta choferes, pero los pequeños campesinos y los indígenas no están capacitados, ellos van a chafrear a los campos, es decir a la tarea de juntar palos y rastrojo manualmente para permitir el paso de la maquinaria. Eso se hace generalmente “con el agua a media pierna porque llueve todo el día”.

En esas condiciones, los campesinos aún demandan las tierras que están en la frontera Beni-Santa Cruz, pero se las ha declarado zona forestal, protegida por el Plan de Uso de Suelo (PLUS), dice Vania Arancibia, quien considera que esa clasificación se la hizo entre cuatro paredes.

  • Este reportaje, que fue elaborado a partir de los resultados de la investigación Agricultura capitalista y transformaciones en comunidades indígenas y campesinas del sudeste del Beni, de Enrique Ormachea y Walter Arteaga, busca mostrar las transformaciones económicas, sociales y ambientales que se están produciendo en el sur del Beni, en específico en las comunidades campesinas e indígenas, como consecuencia de la expansión de la producción agrícola mecanizada de granos en las provincias Marbán y Cercado. Estas transformaciones han llevado a los indígenas y campesinos tradicionales a estar cada vez más articulados a una economía mercantil y capitalista.
  • La investigación y este reportaje cuentan con el apoyo de la Embajada de Suecia, en el marco del proyecto “2022-2024: Knowledge and Debate in a Changing World”.

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