Este jueves, cuatro pobladores de la comunidad Cahua Chico de Zongo fueron golpeados y amenazados por cooperativistas de la mina Alexander, cuando intentaron recuperar sus tierras avasalladas por éstos. La denuncia fue realizada por una representante de la comunidad Cahua Chico que, para evitar represalias, el Observatorio de Defensores de UNITAS opta por no revelar su nombre.
“Nosotros hemos bajado con la resolución de cumplimiento (de expulsión del empresario minero). Éramos cuatro y los mineros eran como 20 y a las hermanas les han golpeado, les han quitado su celular, les han amenazado con violarlas y yo estaba agarrando la sentencia y me quisieron quitar”, denunció la representante al Observatorio de Defensores de UNITAS.
El hecho de violencia fue confirmado por el comandante departamental de la Policía, Edgar Cortez, quien precisó que hay personas detenidas por tener en su poder dinamitas y otros objetos de ataque. Informó que hay nueve personas aprehendidas, según reporte de radio Líder.
El conflicto entre los comunarios del valle de Zongo y el empresario minero Oscar Bellota, propietario de la cooperativa 28 de Octubre que opera en la mina Alexander, se remonta al 2000, año en que los indígenas denunciaron al empresario por tráfico y despojo de tierras, contaminación y división de las organizaciones del lugar.
En 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la declaración constitucional 006/2013 que reconoce la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) de Zongo y determinó que la resolución de expulsión del empresario, emitida por esta jurisdicción, es de “estricto cumplimiento”.
Fue con ese documento que los comunarios, el jueves, intentaron recuperar sus tierras, pero nuevamente fueron violentados por los cooperativistas, incluso con la aquiescencia de la Policía. “Los policías les apoyan a ellos, nos trancan el paso a nuestras tierras. Están parcializados”, denunció.
La intención de recuperar sus tierras se da luego de que, meses atrás, fueran expulsados con violencia por los mineros cooperativistas, que quemaron sus casas y los despojaron de sus pertenencias.
“Hemos ido a denunciar al Senado, a la Cámara de Diputados, al Defensor del Pueblo, pero nadie hace caso. La Policía nos está vulnerando nuestros derechos, porque no cumple con la declaración constitucional, más bien está ayudando a los avasalladores”, lamentó.
Pese a lo dispuesto por el TCP y las resoluciones del Consejo de Justicia de Zongo, hasta la fecha el empresario continúa con su actividad minera en el lugar y persiste en amedrentar a los indígenas, muchos de ellos tuvieron que irse de su comunidad debido a diferentes episodios de violencia que atraviesan con los trabajadores de la mina y el propio empresario.
Además, son 42 indígenas, entre comunarios y dirigentes, los perseguidos judicialmente desde el año 2011. Bellota los denunció por avasallamiento, luego de que éstos defendieran su tierra de las actividades extractivas y de haberlo expulsado por la contaminación y deforestación que hizo en el territorio.
Este caso en Zongo llegó hasta la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien conoció el caso el 9 de julio de 2021, en una audiencia virtual denominada “Audiencia Regional entre la Relatora Especial de la ONU y Defensores de Derechos Humanos en América Latina”, en la que comprometió hacer seguimiento al caso.
En julio pasado, 20 organizaciones y pueblos indígenas de la Amazonía boliviana demandaron la paralización de operaciones de la mina Alexander, debido a la contaminación medioambiental y el incumplimiento de la consulta previa a las comunidades del sector, en el marco del Pre Foro Social Panamazónico (Pre FOSPA), desarrollado en los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura.
Análisis
De manera enfática, los órganos de protección de derechos humanos han advertido sobre el riesgo que corren las y los defensores de derechos, como es el caso de las y los comunarios de Zongo, por amenazas, represalias y restricciones sufridas como consecuencia de su labor de defensa, en este caso de su territorio.
Para el Observatorio, está claro que en los casos en los que enfrentan situaciones de riesgo como consecuencia de su trabajo, las personas defensoras requieren protección específica y reforzada a escala local, nacional e internacional. Esta protección reforzada abarca tanto las obligaciones de respeto como las de prevención e investigación de los Estados.
Ante acciones de particulares, como es el caso del empresario minero, que ponen en riesgo a las organizaciones y personas defensoras de derechos, el Estado tiene la obligación de investigar de manera efectiva, precautelar la integridad y seguridad y garantizar su ejercicio a la libertad de asociación.
Este artículo es parte del Boletín Alerta Común del Observatorio de Defensores de UNITAS. Si quiere recibir el material en su correo electrónico, puede hacerlo haciendo clic en el siguiente botón:
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